lunes 6, febrero 2023
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Falta de fondos alteraría pago de Bono Familia a guatemaltecos

Guatemala, 8 jul (Prensa Latina) La cobertura del Bono Familia, uno de los programas del Gobierno guatemalteco para beneficiar hoy a familias afectadas por la Covid-19, corre el riesgo de que su monto sea menor cuando llegue la tercera entrega por falta de fondos.
El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala estudia el reajuste que deberá solicitar al Congreso para ampliar la cobertura de las personas suscritas a optar por los mil quetzales programados (casi 130 dólares durante tres meses), pues la cifra final superó en 600 mil la cantidad inicial de dinero que incluyó el Legislativo.

Según las primeras evaluaciones, para alimentar al Bono Familia, que cubriría hasta dos millones de hogares, se podrían trasladar recursos del Fondo de Protección del Empleo, pero habría que modificar los acuerdos que le dieron vida en marzo último.

‘Yo espero y tengo la firme convicción de que el Congreso hará el ajuste correspondiente para que todo el mundo salga beneficiado’, expresó, por su parte, el presidente Alejandro Giammattei’, al ser consultado sobre el tema en un programa de radio local.

El pasado 30 de junio cerró la inscripción para optar por la asistencia económica y desde el 2 de julio está en curso el segundo pago a quienes recibieron el primero, luego de que en sus recibos de energía eléctrica apareciera una nota que los clasificaba en principio por tener un consumo inferior a 200 kilowatt por hora.

Sin embargo, en el caso de quienes se inscribieron del 10 al 30 de junio, deberán realizar la segunda parte del proceso y esperar un mensaje de confirmación como candidatos.

El Gobierno resalta el alcance de este Programa entre los 10 diseñados para paliar la crisis económica, pero muchos usuarios se quejan de lo engorroso del trámite a seguir y lo tarde que comenzó su puesta en marcha, a finales de mayo.

Por su parte, el Ministerio Público reportó que en el último mes recibieron 380 denuncias relacionadas con posibles hurtos de recibos de consumo de energía eléctrica y coacciones contra beneficiarios del Fondo.

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