Costa Rica: El Realismo Dramático de la Desigualdad en el Contexto del Covid 19

Con el fenómeno de la pandemia ha resurgido uno de los problemas estructurales más importantes del desarrollo latinoamericano, del cual Costa Rica no es la excepción, la desigualdad socioeconómica. De acuerdo con los últimos informes de la Comisión para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020), la debilidad institucional del Estado Social de Derecho y la exclusión social asociada a la concentración de la riqueza, han propiciado que la región se convierta en tierra fértil para la propagación del Covid 19. Lo dramático de esta realidad es que si ya América Latina era la región más desigual de todas en el mundo (no la más pobre, pero la más desigual), con la pandemia el panorama se ha vuelto dantesco, por la correlación tan alta entre desigualdad y pobreza y su círculo vicioso.

Nuestro país no se escapa de un proceso de crecimiento en la desigualdad socioeconómica, que ha sido sostenido en la última década, acompañado por la concentración de la pobreza en conglomerados compactos (clústeres), tanto en el Gran Área Metropolitana (GAM), como en otros territorios en zonas rurales. Las características de esta desigualdad van más allá de una mala distribución del ingreso, para expresarse en la precarización del empleo, la vivienda y el acceso a otros bienes y servicios de primera necesidad. Con la pandemia, la desigualdad nos ha mostrado, en primeras páginas, su lado más crudo e inhumano: el de la segregación y diferenciación espacial (especialmente urbana), donde el hacinamiento y la exclusión social no han dejado de crecer. Esto tiene mucho que ver con la dinámica espacial del desarrollo del país, altamente concentrado en el GAM y que está llegando a un punto de saturación, no solo en términos de expansión productiva, sino también demográficos y medio ambientales (una bomba de tiempo).

Según estudios especializados de Trejos, Sánchez y Oviedo (2016), usando datos del censo 2011, demuestran una elevada concentración (cerca del 40 por ciento) de conglomerados de pobreza multidimensional en el Gran Área Metropolitana (GAM), que representa menos del 4 por ciento del territorio nacional. Si a este dato le agregamos el porcentaje de conglomerados del resto de la Región Central, llegaríamos a casi el 50%.  El restante 50 por ciento de los clústeres de pobreza multidimensional se localizan en zonas fronterizas y costeras, con actividades predominantemente agrícolas, lo cual se correlaciona con los mayores niveles de desigualdad en dichos territorios. Entendida esta última como la desigualdad que no solo se refiere al nivel de ingreso, sino que toma en cuenta características demográficas, étnicas, raciales, género, estatus migratorio y espaciales (acceso y distribución a bienes y servicios básicos) (Arias, Sánchez y Rodríguez, 2020).

Desafortunadamente, los impactos de la pandemia sobre la producción y el empleo se están viendo reflejados en una reducción en los ingresos de los hogares en los quintiles medios y medios bajos, lo cual está incrementando los niveles de desigualdad, al ser insuficientes e insostenibles los programas de compensación temporal, implementados por el gobierno, como el bono proteger, que se encuentra suspendido en la corriente legislativa. El aumento en las tasas de desempleo, subempleo e informalización del trabajo, están rompiendo la línea de ingreso sobre la cual se encuentra un estimado de 15% de la población, denominado “vulnerables” a la pobreza y que, según proyecciones realizadas, podrían hacer subir el nivel de pobreza hasta el 29 por ciento (IICE, 2020). Mientras no se definan políticas integrales (universales, redistributivas y solidarias) de cohesión social y con enfoque de derechos, a la par de políticas efectivas de reactivación de las actividades económicas, será cada vez más difícil conciliar los objetivos en las distintas dimensiones (salud, social y económica) y superar la crisis (CEPAL, 2020).

Con los índices de actividad económica registrando una fuerte caída (5.7% en abril), según lo que se reporta en los últimos días por el Banco Central, aunado al aumento, sin precedentes, en los últimos días, en los casos activos por Covid 19; el panorama se enturbia y las acciones de política pública se enfrentan en una pugna dialéctica entre los controles de salud pública versus las medidas de apertura económica promovidas por las cámaras privadas. Mientras tanto, resuenan en los medios y las conferencias de prensa, los desafíos para combatir una pandemia que se ha fortalecido en la densidad demográfica, en los conglomerados de pobreza y el hacinamiento humano en las así llamadas “cuarterías”. Mucho más de discurso y juicios de valor que de análisis profundo de las causas estructurales de la crisis y del universo de las soluciones posibles de la política pública.

Por supuesto, la agudización y estragos de la pandemia tienen múltiples dimensiones, que hacen que su explicación sea más compleja que lo que los modelos de trayectoria y predicción nos indican; y no porque los modelos no sean instrumentos útiles, sino porque los mismos son aproximaciones a la realidad y no pueden dar cuenta del todo. De tal forma, los modelos son instrumentos para la toma de decisiones, que deben ser considerados con criterios técnicos y validación empírica adicional. Lo que si es determinante es la coherencia y claridad en el manejo de la política pública, basada en la evidencia científica y siguiendo una estrategia de medidas intersectoriales de corto, mediano y largo plazo para la prevención, mitigación y control de la crisis sanitaria, social y económica (estrategia incremental de la política pública).

El mayor riesgo para el éxito de dicha estrategia de atención multidimensional e integral del problema es la incoherencia en el diseño, definición y aplicación de las políticas, como resultado de las presiones de grupos de interés, que, respondiendo a sus objetivos corporativos, ejercen una “captura” del proceso de toma de decisiones, con consecuencias adversas para el interés colectivo (daño moral).

Con la crisis sanitaria, ocasionada por el Covid 19, nos damos cuenta de una realidad que no podemos seguir ignorando.  Tiene que ver con las luces de nuestro Estado Social de Derecho, que nos ha permitido enfrentar con éxito los embates de esta pandemia y al que debemos de cuidar y fortalecer. Pero también con las sombras de un modelo de desarrollo, que requiere revisiones para que responda al mandato constitucional del articulo 50 de nuestra Carta Magna y que requiere de un esfuerzo de concertación nacional, en un contexto complejo de transnacionalización de los intereses corporativos y de la gobernanza. Es un esfuerzo titánico, que tendremos que enfrentar con acción colectiva y solidaria de todos los sectores. 

Referencias:

Arias, R., Sánchez L. y Rodríguez, M. (2020). Pobreza y desigualdad en Costa Rica: una mirada más allá de la distribución de los ingresos. Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina. Vol. 8, No. 1, enero-abril, 227-250. La Habana, Cuba.

CEPAL (2020). El Desafío Social en Tiempos del COVID-19. Informe Especial COVID-19, No 3, mayo. Santiago de Chile.

IICE-UCR (2020). Estimación de los efectos del covid-19 sobre la economía costarricense. Documento de trabajo, mayo.  San Pedro, Costa Rica.

Trejos J, Sánchez L y Oviedo, L. (2016). Conglomerados de Pobreza Multidimensional. IICE-UCR. San José Costa Rica. San Pedro, Costa Rica.

(*) Rafael Arias Ramírez, Ph.D. (University of Minnesota), Especialista en Desarrollo Económico y Política Pública.