jueves 8, diciembre 2022
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Equilibrio, proporcionalidad, justicia y alternativas en los recortes al gasto público

Una vez más, el actual Poder Ejecutivo anuncia una ofensiva contra los salarios del sector público, como medida para frenar el gasto. Es curioso que la creatividad del equipo económico del Gobierno se ha caracterizado por cargar al empleo público la responsabilidad de pagar el déficit fiscal, primero, y los costos de la pandemia, ahora. Apenas el Ministro don Rodrigo Chaves habló de suprimir el secreto bancario, de examinar las exoneraciones y de atacar la evasión y la elusión fiscales, perdió su cargo.

Esto último me lleva a preguntarme cuáles son los verdaderos intereses que motivan el incesante ataque contra el sector público. Es constante, sistemático, polarizador, visceral el mensaje de que “la culpa” del descalabro fiscal es de la función pública y partiendo de esa falsedad se pretende sacrificar a las personas asalariadas públicas en el altar de la contención del gasto. Al mismo tiempo, nada se dice, como señalaré más adelante, de recortar otros gastos que se costean con el presupuesto nacional ni de aumentar los ingresos de la Hacienda Pública. ¿Será que se está lanzando otra cortina de humo para olvidar los temas que valientemente planteó el Ministro Chaves y terminaron costándole el puesto?

Señalado lo anterior, pregunto: ¿es la reducción de la jornada en el sector público una medida equilibrada, proporcional y justa para recortar el gasto público? Respondo: no lo es. Es más, es un contrasentido.

En primer lugar, debe recordarse que ingreso y gasto son las dos caras de una misma moneda: las finanzas públicas. Estas son las que permiten el funcionamiento del Estado. Es esencialmente mediante tributos que se recaudan los fondos para que éste opere y el uso de ellos se regula mediante la ley del presupuesto. Pues bien, desde mediados de 2019 toda persona asalariada sujeta al mismo paga más por concepto de impuesto al salario. Esto incluye a quienes laboran para el Estado, pero, además, sobre estas personas ha recaído un congelamiento de salarios y también se dispuso no pagarles la anualidad de 2020. Aunado a lo anterior, bienes y servicios han subido notoriamente de precio gracias al impuesto al valor agregado (IVA). En sencillo: no sólo no se incrementaron los ingresos de quienes trabajan en el sector público, sino que más bien perdieron liquidez al tener que pagar muchísimo más en impuestos y, de feria, vieron (al igual que toda Costa Rica) un desmedido aumento en el costo de la vida.

En segundo lugar, se invoca, otra vez, la solidaridad como argumento para recortar la jornada de “quienes más ganan”. Pero esa misma solidaridad fue la que ya se invocó para cargarles más por concepto de impuesto al salario. Se pasa por alto que los impuestos progresivos, como el que existe sobre los salarios, son, por su propia naturaleza, solidarios. Quien más recibe, más aporta. Precisamente esa es la razón detrás de las franjas para la aplicación del gravamen, cuyo porcentaje aumenta conforme crece el monto recibido. De allí que intentar reducir la jornada por razones de solidaridad implica una doble afectación al personal público con base en el mismo motivo, lo cual es evidentemente desproporcionado.

En tercer lugar, aunque se presente como algo distinto a un tributo, al final de cuentas, por sus efectos, es una “sanción” a personas que siguen cumpliendo su trabajo. Todavía si se estableciera la disminución sobre quienes no pueden prestar su servicio, ya sea presencialmente o por medio de teletrabajo, sería comprensible la reducción de la jornada. Pero en este caso, el “criterio” para plantear reducir el tiempo laboral es lo que se gana por trabajar. Esto no tiene sentido. No puede olvidarse que se trata de personas que realizan una función pública. No es un empleo ordinario, para que otro lucre con su fuerza de trabajo. De lo que se trata es de prestar servicios públicos; son estos los que justifican que existan funcionarios que los cumplan. Al pretender reducir la jornada, entonces lo que se estaría disminuyendo es la prestación del servicio público. ¿Es eso lo que persigue el Gobierno? ¿Que se trabaje menos? ¿Que el sector público disminuya la respuesta a lo que se requiere de él? Si esto fuera así, entonces con la iniciativa en mención se estaría atentando contra los principios que rigen la prestación de servicios públicos, particularmente el de eficiencia y el de continuidad.

Además, siempre en relación con el mismo tema, cabe tener en cuenta que se promueve reducir la jornada al mismo tiempo que se debe implementar la evaluación del desempeño en todo el sector público. ¿Cómo empatan ambas cosas? No se puede. Si se reduce la jornada, se trabaja menos y se logran menos resultados. Y a nadie se le podrá responsabilizar por esa desmejora, por lo que no se podría calificar como menor desempeño y, consecuentemente, dejaría de ser un criterio para negar el pago de la siguiente anualidad.

En cuarto lugar, no se ha explicado cuál es el impacto real que la medida que procura materializar el Gobierno tendría en la contención del gasto. Según algunos economistas a los que he consultado el tema, reducir la jornada en el sector público no sólo no soluciona el problema del déficit, sino que su aporte en la solución es prácticamente insignificante. Me señalan que se trata más de un acto simbólico que efectivo. Si esto fuera así, ¿cómo puede justificarse un menoscabo de tal magnitud de los ingresos de cada persona que trabaja en el sector público? Simplemente no se sostiene. Una afectación patrimonial como la que se persigue no puede sustentarse en un simbolismo.

Es necesario advertir, en este punto, que si llega a reducirse la jornada, entonces el salario es menor, lo que implica, a su vez, que también disminuye la base imponible para aplicar el impuesto al salario y las cargas sociales. Esto significa, por un lado, que el recorte planteado incidirá negativamente en la recaudación por el tributo mencionado. Por otro, equivale a desfinanciar a la Caja Costarricense de Seguro Social y los regímenes de pensiones. O sea, los efectos de la disminución de la jornada son contrarios al discurso con el que se le justifica. Esto evidencia lo ilógico de la propuesta gubernamental, pues la misma en nada ayudará a paliar el déficit. Lo agudizará.

En quinto lugar, la medida que se anuncia parece presuponer que quienes más reciben, tienen sus salarios libres. Esta es una premisa totalmente falsa. Para empezar, al salario bruto hay que descontarle las cargas sociales (aspecto en el que también rige el criterio de solidaridad, pues a mayor ingreso, mayor aporte) y el impuesto al salario. Esto implica que si bien el ingreso puede considerarse alto en principio, la realidad es que con sólo aplicarle las cargas públicas recién señaladas, disminuye muchísimo, llegando en algunos casos la deducción al treinta por ciento del salario bruto. Con lo que resta, se debe hacer frente al costo de la vida y, además, al pago de otras deudas (como préstamos con instituciones financieras o pensiones alimentarias, por ejemplo). Siendo esto así, entonces la reducción de jornada que se promueve, la cual no incidirá en una disminución real del gasto público, lo que sí va a carrear es una socialización de la insolvencia. Serán muchas las personas que ya no podrán hacer frente a las deudas. ¿Van a soportar los bancos que les devuelvan casas o carros, que no les cancelen los préstamos o las tarjetas de crédito? Tras de que ya no colocan créditos, ahora tendrán que convertirse en entidades vendedoras de autos usados, corredoras de bienes raíces y cobradoras de deudas impagables. Entonces, una consecuencia de la iniciativa de la Administración Alvarado Quesada sería socializar la pobreza, ya que sumiría a la clase media en una situación de la cual no podrá recuperarse, ni siquiera a futuro, pues quedarán “con mancha” en su registro crediticio.

En relación con este tema, resulta oportuno mencionar que de prosperar la iniciativa, los daños que de esta se deriven (para acreedores financieros y hasta alimentarios, por ejemplo) podrán ser reclamados judicialmente, de manera que al final, el Estado podría tener que pagar (conforme al numeral 194 inciso 3 de la Ley General de la Administración Pública) la afectación especial que se genere como consecuencia directa de la ley que promueve el Gobierno. De allí que sea previsible que cuando la insolvencia haga imposible pagarle a sus acreedores, estos se vuelquen a cobrarle al Estado los daños sufridos y los respectivos intereses, o sea, que este plan puede significar un gasto público aún mayor que lo que se busca “ahorrar”.

En sexto lugar, hay un aspecto políticamente muy cuestionable en la iniciativa, pues entre “quienes más ganan” hay especialistas en medicina, en enfermería y personas investigadoras en las universidades. Hoy día, en que más se aprecia su aporte en la lucha contra la pandemia, ¿también les van a recortar la jornada? Esta es una paradoja, pues si les excluyen del rebajo, ¿por qué otras funciones también esenciales quedarían sujetas al mismo? Esta disparidad de trato difícilmente se justificaría y sería otra razón para invalidar el proyecto.

En séptimo lugar, no puede pasarse por alto que, de nuevo, por sus efectos, la reducción de la jornada proyectada puede significar un quebranto de derechos subjetivos, constitucionalmente garantizados, pues implicaría “igualar a la baja” a servidores y servidoras que mantienen las condiciones previas a la reforma fiscal, con quienes ingresan al sector público bajo la vigencia de esta. Entonces, aunque el fin enunciado con la rebaja que se promueve es uno, bien puede tener otra finalidad, latente, cual sería el desconocimiento de la situación jurídica consolidada de quienes trabajan para el Estado desde antes de que se aprobara la referida modificación legal.

En octavo lugar, conviene recordar que el Estado tiene el deber de promover la paz social y un adecuado reparto de la riqueza. Sin embargo, hasta el momento, prácticamente todas las medidas económicas adoptadas han recaído sobre la clase trabajadora, principalmente sobre quienes laboran para el Estado. Éste es un desequilibrio totalmente injustificado, partiendo del deber que tienen todos (artículo 18 constitucional) de contribuir para sufragar los gastos públicos. Hace unos años, cuando la Presidenta doña Laura Chinchilla promovió una reforma fiscal (que era bastante justa, por cierto), las cámaras se opusieron y rechazaron mayores impuestos mientras no se mejorara la recaudación. Hoy día, esta no mejora. No se aprecian esfuerzos (ni siquiera aparentes) por atacar la elusión y la evasión fiscales. Tampoco se revisan las exoneraciones, para determinar cuáles se justifican y cuáles constituyen privilegios. Con este panorama, ¿cómo pretenden cobrarle al sector público, una vez más, el déficit fiscal? Un desbalance tan grande en la carga no parece resultar acorde a los criterios de justicia que rigen la materia.

Entonces, la propuesta gubernamental es desproporcionada, desequilibrada y, consecuentemente, injusta. Por tales razones, no puede, no debe ser aprobada.

Ahora bien, lo expuesto hasta aquí está dirigido a cuestionar, con argumentos, lo que propone el Gobierno en relación con rebajar la jornada laboral en el servicio público. Ello no significa que estoy desconociendo el problema que se enuncia como justificación de la pretensión gubernamental. Ciertamente es necesario incrementar ingresos y reducir el gasto. Para ello, sugiero a continuación algunas alternativas, distintas a la propuesta de menoscabar más la capacidad económica de quienes trabajan en el sector público.

Por un lado, es urgente la reactivación económica y la generación de empleo. Costa Rica tiene ya amplia experiencia en zonas francas, pero la OCDE advierte que no se provee aquí los insumos suficientes para su adecuada operación. ¿Por qué, entonces, no se promueve una agenda que incentive esa producción? Lo que aportan las zonas francas no puede desconocerse y aunque gozan de exoneraciones, su aporte en materia de empleo es importantísimo, por lo que fortalecerlas facilitándoles el acceso a sus insumos pareciera estar plenamente justificado. Eso sí, debería garantizarse, paralelamente, que todas las personas que trabajan en zonas francas reciban su pago como salario y no como “servicios profesionales”, de manera que se fortalezca el aporte a la Caja Costarricense de Seguro Social y se contribuya adecuadamente con el impuesto al salario, que no contempla las deducciones que se permiten en el impuesto sobre la renta.

Por otro lado, no puede obviarse que el presupuesto nacional no tiene como único gasto el relativo a los salarios. El pago de la deuda pública es uno de los principales disparadores del gasto público, lo mismo que los alquileres del Estado. Entonces, cabe plantearse la reducción temporal (por tres meses, por ejemplo) de los intereses que se pagan por los bonos estatales. Disponer tal rebajo sería conteste con las exigencias de ajuste que ya se implementaron en el sector público al aumentar el impuesto al salario. Y en lo que respecta a los multimillonarios alquileres que paga el Estado (piénsese sólo en los edificios que ocupa el Ministerio de Educación Pública en San José), ¿por qué no se promueve una ley que reduzca en un 25% o 50% esos pagos, por un período de tres a seis meses? Tal medida sólo afectaría ingresos por la propiedad de inmuebles de las sociedades o personas dueñas de estos. Esto sería congruente con el sacrificio que hace poco el mismo Gobierno solicitó de quienes alquilaban apartamentos, casas o locales comerciales. Además, las obligaciones salariales del Estado tienen como fuente la ley y ello en nada ha disminuido el empeño del Ejecutivo en disminuirlas, de manera que nada obstaría para que se esfuerce de igual forma en reducir el gasto derivado de obligaciones contractuales recién mencionadas. Me llama la atención que desde la expulsión del Ministro Chaves, no se habla de la deuda pública, ni de otros gastos públicos más que de lo correspondiente a salarios.

Igualmente oportuno sería vender algunos activos que no sólo no se usan, sino que no tienen uso previsible. En particular, pienso en los terrenos que RECOPE tenía destinados al expendio de combustible, actividad a la cual ya no se de dedica y quizás nunca vuelva a realizar.

Pero lo más importante es que el Poder Ejecutivo evidencie que realmente ataca la evasión y la elusión fiscales, como bien puntualizó en su momento el Ministro Chaves. Si a servidores y servidoras públicas el Estado les retiene el cien por ciento de tributos y otras cargas públicas que les corresponden, entonces el mismo Estado debería asegurarse que los demás contribuyentes aporten lo que están obligados a pagar.  Esto último no se percibe. ¿Por qué, entonces, no asumir la misma posición que las cámaras asumieron ante la Presidenta Chinchilla y exigir al Ejecutivo que recaude lo que tiene que recaudar antes de procurar más disminuciones a los salarios públicos?

(*) David Fallas Redondo, Juez de Apelación de Sentencia Penal.

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22 COMENTARIOS

    • Todos hablan mucho y ninguno aporta soluciones, denuncien, ayuden a gobernar exponiendo razonamientos de un tema en concreto por ejemplo como eliminar el déficit fiscal,las convenciones colectivas son privilegios de los que están en esa argolla, como bajar las tarifas del ice, que se puede hacer con tanta exoneración etc, ustedes que conocen que las cosas no van bien porque por eso critican todo entonces aporten ideas para solucionar las cosas, desmenucen un caso a ver cual es la posible solucion

      • ¿Y usted que ha aportado?, me gustaría saber. La gran mayoría de empleados públicos no goza de los privilegios de los que usted menciona, realmente son los altos puestos los que se aprovechan para auto-recetarse aumentos y dietas desproporcionadas. Sobre el ICE es el mismo gobierno con sus decretos de comprar electricidad a los generadores privados (que por cierto no se necesita) lo que ocasiona que las tarifas sean más altas y menos competitivas. La realidad es que todos estos últimos gobiernos solamente han sabido gobernar para ellos y no para el pueblo, siempre quieren afectar a la clase trabajadora, específicamente al sector público, y eso no se vale, tienen que tocar a los grandes evasores que declaran pérdidas o 0 utilidades, pero que todos sabemos que son esas grandes empresas que el mismo gobierno apadrina. La solución al déficit fiscal está en controlar la gran evasión fiscal.

  1. Vean, David y segnores lectores. Yo creo que ya a estas alturas es bastante claro lo que esta pasando. Porque diablos las universidades y la gente de los ministerios no se organizan y salen a las calles a protestar? Ya es claro que el presidente no es mas que un vil servil de un grupo de intereses ajenos a la gente de a pie. Les estan quitando todo en frente de sus narices, y ustedes solo berrean y berrean en articulitos de prensa y no toman acciones. Porque no se organizan una marcha pacifica a la casa presidencial o a la asamblea legislativa? O van a dejar que les quiten todo en frente de sus narices sin decir ni pio. Que pensarian los abuelos si vieran la clase de maricones que pario Costa Rica en estos dias? Donde esta el sentido heroico de la existencia? Hagan una oposicion al estilo gandi, pacifica, pero que remuevan los simientos de estos poderes oscuros que estan por arruinarlo todo. Por lo menos mueran con las botas puestas, no como pusilanimes cobardes. Los rectores, los sindicatos, que estan esperando?

  2. Excelente análisis, David. Ojalá llegue a quienes deben pronunciarse sobre esta descabellada propuesta y que lo analicen con objetividad. En todo, Renés razón. Siempre es un gusto leerte.

  3. Excelente análisis. Lo felicito.

    A ver más bien si el sistema hacendario se espavila un poco, y se interesa por el descaro de algunos empresarios en Costa Rica que se menciona de la siguiente manera en este artículo:

    «En nuestro país, según el panel de datos del Fondo Monetario Internacional y los reportes de la OCDE, existe una brecha inmensa entre los ingresos reportados por la Inversión Extranjera Directa desde las empresas residentes hacia su casa matriz y los ingresos reportados por la Inversión Extranjera Directa desde las empresas matriz hacia las cuentas públicas. Los primeros ascienden a 2 282 millones de dólares y los segundos a 74 millones de dólares; es decir, una brecha de más de 2 mil millones de dólares anualmente».

    Sacado de: https://semanariouniversidad.com/opinion/equivoca-el-camino-quien-busca-un-paraiso-los-ingresos-fiscales-perdidos/

  4. Que los grupos organizados de trabajadores sienten al presidente en un conversatorio frente a las cámaras de televisión, háganlo quedar en evidencia frente al pueblo, porque solo así lo pueden desenmascarar, ya que ningún medio de prensa lo convocará para hablar al respecto, pues al igual que el presidente y su grupo del PAC, los canales de televisión y periódicos son serviles a las cámaras empresariales.

  5. Excelente observación, acertada y clara. Le felicito.
    Ciertamente el interés de este des Gobierno es promover impuestos sin resolver lo principal, eliminar las gigantescas gollerías, privilegios, pensiones de lujo, evasores de impuestos, proyectos y préstamos no vitales en este momento (el trencito de la doñita por ejemplo), contrabando del gigante, lavado de dinero, fuga de capitales, la inseguridad financiera existente, y mil cosas más. Le están jalando el rabo a la ternera …cuidado y se lo arrancan.

    • Gracias David por su valiosa y profesional apreciación , muy oportuna, por favor personas del Gobierno no escuchen la voz del demonio (hacendados, multimillonarias, organismos internacionales capitalistas, pensionados de lujo, o funcionarios mañosos) que tratan de enredarlos . Efectivamente los salarios de puestos gerenciales se ven reducidos en 25% o 30% una vez aplicadas las cargas sociales, entonces no es cierto que se gana 2 millones los rebajos pueden representar hasta 400 mil colones se paga más renta que un profesional independiente o una cooperativa o negocios disfrazados de fundaciones
      Alrededor de muchos de éstos profesionales hay una cadena de economías que viven de ella como la educación privada, la señora que ayuda en los quehaceres , el jardinero, el curso de inglés, la universidad, el señor de la soda, el veterinario, el lavacar, etc etc.

  6. Buenos días, no soy ningu herudito ni mucho menos, pero no hay que serlo para ver la dirección donde nos llevan, dicho esto quisiera preguntarles, hay alguna forma de que el pueblo pueda votar si se toman o no las medidas mencionadas, o debemos esperar a que nuestra «lujosa y defensora del pueblo» asamblea legislativa nos defienda. En otros países se crean documentos y se recogen firmas y se solicita hacer votaciones porque aquí no lo hacemos?

  7. Además, quién le ha dado el derecho divino a los eruditos ministros de calificar y separar al servicio público en esenciales y no esenciales frente a una atención de una pandemia. En una sociedad la función pública opera como los engranajes de una caja de velocidades, si falta o falla el más pequeño de los componentes el sistema completo falla…!, y menciono solo uno que dejan por fuera «los servicios para la producción de alimentos», o a caso se les olvida que costa rica es peligrosamente insuficiente en la producción de;arroz, frijoles, maíz y medio centenar más de bienes alimentarios!!!
    A caso vivienda, el orden jurídico y demás servicios tampoco son necesarios!!!
    Personalmente conozco concesionarios de empresas de transporte que se enriquecen día a día, y les están cobrando alguna cuota de solidaridad…, empresarios que venden servicios de mantenimiento al sector público que se enriquecen día a día…, ya les pidieron su cuota de solidaridad…???
    Será que los diputados nos van a representar con los principios de una verdadera democratización de la distribución de las riquezas y pedir cuentas al gobierno…
    Y si no es así, tendremos que dar la lucha desde la trinchera del conocimiento, la razón, el respeto, y la verdad.

  8. …considero que todo está fríamente calculado por el contubernio de este desgobierno con el sector privado para justificar después, que hubo que vender instituciones estatales…esto ya es caldo de cultivo para una revuelta social!!!

  9. Excelente artículo que desgrana y evidencia la barbaridad que están cometiendo. Carlos Alvarado está ensalada contra la clase media… A la más pobre ya la condenó a la miseria.

    Me deja una duda, don David:

    Al reducir la jornada un 15%, ¿también reducen la cantidad de trabajo a esos funcionarios?

    Si es así ¿quién va a cumplir con el trabajo no hecho con tal reducción de jornada? Será que pronto por cada 6 empleados con jornada reducida, tendrán que contratar 1 empleado que las realice? Entonces quedaremos igual o peor

  10. David, excelente tu artículo.
    Comprendo que el espacio es una limitante importante en la prensa, pero para redes por ejemplo, me parece que se podría incluir la violación al derecho fundamental al desarrollo.
    Un fuerte abrazo y felicitaciones por ese artículo que está arrasando.

  11. Lo dicho por todos aquí, excelente artículo. Con restricciones de toda clase, con ley mordaza, con pandemia, hay que tirarse a la calle a frenar a este gobierno voraz y despiadado. Con mascarilla, con careta, con guantes, con desinfectante, con distanciamiento físico, pero hay que protestar, no podemos callar más ante tanto atropello!!

  12. Lo expuesto por David es correcto. El gran problema es que al patron se le acabo la plata.Vive de a prestado y la solucion es pedir mas prestamos hasta que le digan no mas.Ahi es donde no hay huelga ,ni protesta que valga.A menos que se le pida al Banco central que ponga las impresoras a trabajar.Es la unica salida. Ojo cuando se los anuncio. Tomen nota !

  13. Un excelente análisis de lo que el Gobierno debería hacer. Me parece que una de las propuestas más objetivas que he escuchado en todo este tiempo. Espero en Dios que los asesores que en realidad son desasesores vean y pongan a funcionar el cerebro. Son simples cosas que debe hacer el gobierno para paliar el deficit y la problemática que presenta la pandemia. Pero lamentablemente tenemos al FMI, al BID, al BCIE, y por último a la UCCAEP y su séquito que desde que comenzó la pandemia han presionado para que el sector público sea totalmente eliminado, desequilibrado y destruido. Sin embargo, tenemos en CR personas con capacidad de análisis que con soluciones justas, objetivas, cientificas, tecnicas pone al descubierto las verdaderas intenciones de este nefasto gobierno.

  14. Excelente el análisis Don David, hay un punto importante que no toca en lo que respecta a la disminución de la jornada laboral y es que todas las instituciones semiautonomas están inmersas en un mercado competitivo Y la competencia se va a aprovechar de esta situación para pasarle por encima a estas empresas del estado . Usted cree q el BAC , Movistar, Claro, seguros, lo que se le ocurra, se van a sentar a esperar a q el estado se “ recupere” para q los vuelva a alcanzar, . Es como ir en una carrera y que de repente a todos los que van en punta les desamarren las tenis ( ocurrencias) y los pongan a correr con tenis sueltas pues los q vienen en el segundo pelotón harán lo posible por pasarles y ganarles la carrera porq ahora si pueden alcanzarlos y pasarles, eso es lo q hace el gobierno . Donde tiene la cabeza nuestro presidente

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