Aún está pendiente identificar los restos de unas 70 personas encontradas en una fosa común en el capitalino cementerio Jardín de Paz y como parte del proceso, el Instituto de Medicina Legal deberá contratar un laboratorio extranjero para el estudio de ADN y su comparación con familiares de las víctimas que solicitaron el esclarecimiento.
Además, para completar la investigación, la Comisión solicitó al Ministerio Público realizar exhumaciones en el cementerio de Monte Esperanza, en la norteña provincia de Colón, para continuar con la búsqueda y documentación de las víctimas de la masacre ocurrida el 20 de diciembre de 1989.
La historia de la cruenta invasión es aún un enigma, porque el ejército agresor se negó a ofrecer documentación que permita esclarecer lo ocurrido y la suerte de un número indeterminado de civiles y militares muertos y desaparecidos durante la acción, mientras solo existen testimonios de testigos que relataron anécdotas aisladas.
Entre las múltiples versiones, unas de las más reiteradas es la creación de fosas comunes, una de ellas con documentación fotográfica, mientras otros testimonios refieren enterramientos fuera de los cementerios e inclusos cadáveres incinerados y otros tirados al mar.
En el 2016, el gobierno panameño creó la Comisión 20 de Diciembre para ‘contribuir al esclarecimiento de la verdad y el pleno conocimiento del número e identidad de las víctimas, así como las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos’ ocurridas durante la ocupación estadounidense, según el decreto.
La falta de información veraz impide conocer los datos precisos de las víctimas, y la Comisión creó una lista provisional de 331 nombres, con la compilación de la relación del Centro de Estudios Estratégicos de Panamá con fecha 26 de octubre de 1992 y los archivos del Jardín de Paz.
Por su parte, la resolución 44/240 del 29 de diciembre de 1989 de la Asamblea General de Naciones Unidas, reconoció 329 muertos en la acción bélica, la cual consideró una ‘violación flagrante del derecho internacional y de la independencia, soberanía e integridad de los Estados’.
