Carta abierta al Señor presidente Carlos Alvarado Quesada: Costa Rica necesita un diálogo transparente, efectivo, participativo y democrático

Estimado Señor presidente:

Su Gobierno ha convocado el proceso denominado “Costa Rica Escucha, Propone y Dialoga”, con tres ejes temáticos: Finanzas públicas y acuerdo con el FMI, Reactivación económica y Creación y protección de empleos.

Entendemos que, como mandatario, y especialmente en medio de la actual pandemia de la Covid-19, le corresponde a su persona guiar al país hacia soluciones efectivas y duraderas a las crisis sanitaria, económica y social que enfrentamos, fortaleciendo al mismo tiempo los procesos democráticos de participación y toma de decisiones. Y por democracia no nos referimos sólo a su habitual función representativa, sino, además, al mandato ético de garantizar condiciones para que todas y todos podamos vivir y convivir con niveles crecientes de bienestar, alejados de los umbrales del hambre, la pobreza, la incertidumbre y la inseguridad.

En principio celebramos este llamado al diálogo, pero, para comenzar, la imposición de una agenda preconcebida y atada a visiones e intereses tan limitados nos hace dudar del alcance y resultado del diálogo propuesto. Tampoco fortalece la democracia una metodología que limita en extremo la participación y no garantiza lo que se pretende obtener por la vía del diálogo: acuerdos consensuados, duraderos y ejecutables. Se puede escuchar lo que se proponga, pero no habrá diálogo efectivo si la agenda se circunscribe, literalmente, a los temas propuestos solo por un determinado sector de la sociedad.

Es necesaria la mayor amplitud y participación real posible. Hay voces legítimas desde distintos sectores, desde las regiones y los territorios, que deben ser escuchadas, y hay metodologías participativas que la hacen posible. Como lo han manifestado los Señores Obispos de la Conferencia Episcopal en su comunicado del pasado 12 de agosto: “Muchos sectores que se han sentido sin voz requieren que los escuchen de frente”.

Para iniciar un proceso de diálogo que fortalezca la democracia y no busque solamente acumular y discutir propuestas sobre temas preseleccionados, será imprescindible, en aras de la transparencia y la buena fe, iniciar reconociendo la diversidad de intereses que existen en los distintos sectores que asistiríamos al diálogo. Su llamado, Señor presidente, debe ser un espacio desde donde los intereses y objetivos diversos construyan un proceso que avance hacia el desarrollo humano con justica social, solidaridad y transparencia. Si como es nuestro temor, la aplicación de un formato tan estrecho para la convocatoria anunciada no resultara exitosa, se estaría, lamentablemente, perdiendo una valiosa oportunidad para avanzar en la construcción democrática de las soluciones que Costa Rica demanda con urgencia.

Por lo anterior, sugerimos respetuosamente lo siguiente:

1. Una ampliación de los temas y plazos a considerar en el diálogo convocado, que bien podrían definirse mediante una consulta oportuna y trabajarse con ritmos y en mesas diferentes.
2. Lo anterior no tiene por qué implicar una paralización de la toma de decisiones que urgen al país, ya que las agendas se pueden dosificar en el tiempo según las urgencias del caso, por ejemplo: a) una agenda inmediata para evitar una crisis humanitaria, con su respectivo financiamiento, b) una agenda de corto plazo con las reformas institucionales que permitan al país y al Estado enfrentar de la mejor manera esta y otras crisis venideras y, c) una agenda de mediano y largo plazo con reformas estructurales en lo económico, lo social, lo ambiental y lo fiscal; todas estas agendas debidamente articuladas.
3. Un explícito reconocimiento de la diversidad de los sectores participantes, con posiciones muchas veces diferentes y hasta opuestas, no solo en los temas específicos, sino en las visiones y los objetivos sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Esta realidad estará presente en cualquier discusión sobre temas particulares (fiscal, monetario, empleo, equidad, etc.) y no es conveniente ni sano ocultarla.
4. Entendemos la premura del Gobierno por contar con recursos externos para el financiamiento del déficit fiscal amplificado por la pandemia, pero nos preocupa que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluido en el primer eje temático cierre posibilidades de negociación en materia de políticas productivas y sectoriales, más aún cuando el propio Ministro de Hacienda ha manifestado que este acuerdo ya se encuentra básicamente diseñado.
5. Pausar el trámite legislativo de proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, que afectan directamente a la institucionalidad social y al sector público, esto como una muestra de buena voluntad para el diálogo.
6. Una explicitación transparente de la metodología de selección, priorización y curso de las propuestas sugeridas por los distintos participantes.
7. Una propuesta de trabajo que permita construir “intereses generalizables” a partir de los intereses sectoriales, regionales y particulares.
8. Un mecanismo claro y democrático de toma de decisiones, de control de acuerdos y de seguimiento y fiscalización de su puesta en práctica.
9. La constitución consensuada y plural de equipos que actúen como moderadores del proceso de reflexión y realicen la sistematización de las propuestas.
10. Un panel de observadores imparciales que den cuenta de la buena marcha de todo el proceso, siguiendo las normas y funciones que la experiencia y la sana práctica sugieren para procesos de esta naturaleza.

Le manifestamos, Señor presidente, que estamos en la mejor disposición de participar en un diálogo verdaderamente democrático y transparente, donde todos los actores participantes podamos aportar de forma efectiva a la búsqueda de propuestas consensuadas para atender los principales desafíos y dilemas que enfrenta el país, con el objetivo de contribuir al bienestar general y al bien común.

Cordialmente,

Bernardo Aguilar González, cédula 105660270
Rolando Barrantes Muñoz, cédula 501411193
José Francisco Camacho Leiva, cédula 3299664
Javier Francisco Cambronero Arguedas, cédula 204060127
Eva Carazo Vargas, cédula 108930621
Hugo Cascante Mico, cédula 601071240
Efraín Cavallini Acuña, cédula 1-064-0098
Gerardo Cerdas Vega, cédula 108970131
Ana Chacón Mora, cédula 105480893
Jorge Arturo Chaves Ortiz, cédula 104130957
Gilberth Díaz Vásquez, cédula 5195021. Presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense
Mario Devandas Brenes, cédula 1342692
Héctor Ferlini-Salazar, cédula 104540856
Álvaro Fernández González, cédula 104330981
Sofía Alejandra Guillén Pérez, cédula 115040735
José María Gutiérrez Gutiérrez, cédula 104610499
Lenín Hernández Navas, cédula 109670277. Secretario General SINAE
Melvin Jiménez Marín, cédula 104580981
Humberto J. Lezama, cédula 401180185
Rafael López Alfaro, cédula 401490119
Óscar Madrigal, cédula 2256766
Guido Alberto Monge Fernández, cédula 105810868
Henry Mora Jiménez, cédula 105120548
Yasy Morales Chacón, cédula 110410576
Steven Núñez Rímola, cédula 112370693
Carmen Quesada Santamaría, cédula 30305502
José Oviedo Chaves, cédula 105060146. Secretario general, UNAG
José Antonio Ramírez Aguilar, cédula 401470385
Laura Rivera Alfaro, cédula 112640157
Fernando Rodríguez Garro, cédula 401650895
Hernán Alberto Rojas Angulo, cédula 105260546
Montserrat Ruiz Guevara, cédula 205510422. Directora ejecutiva de CANAESS
Sara Salazar Badilla, cédula 104590574
Óscar Segura Castro, cédula 110000557
Ivannia Solano Rodríguez, cédula 110920040. Directora Ejecutiva de UPIAV
Deyanira Torres Varela, cédula 11231930
Gloria Valerín, cédula 1441868
Luis Paulino Vargas Solís, cédula 203270373
Álvaro Vega Sánchez, cédula 202841409

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