Buenos Aires, 9 sep (Sputnik).- En Argentina fallecieron 29 internos alojados en centros penitenciarios del sistema federal desde el 20 de marzo, cuando comenzó a regir la cuarentena por el nuevo coronavirus, al 31 de agosto, informaron este miércoles a Sputnik desde la Procuración Peniteniciaria de la Nación (PPN).
«Veintinueve muertes bajo custodia del servicio penitenciario federal», detalla un informe al que tuvo acceso Sputnik.
Se trata «de una cifra elevada para un período apenas superior a los cinco meses, comparativamente con años anteriores, lo que permite pensar impactos indirectos de la pandemia», advierte el trabajo de este organismo descentralizado y autónomo de los tres poderes del Estado.
Del total de fallecidos, 12 murieron por la enfermedad respiratoria covid-19 y nueve por otras patologías.
De los presos que perecieron como consecuencia del coronavirus, ocho se encontraban en un hospital público, dos en un centro sanitario militar, otro en un hospital penitenciario, y el último falleció mientras era trasladado.
El domingo pasado falleció por covid-19 en el Hospital público Muñiz, de la ciudad de Buenos Aires, un hombre de 57 años que presentaba como antecedentes diabetes e hipertensión arterial, lo que lo hacía integrante del grupo de riesgo.
Además, cuatro personas privadas de libertad fueron asesinadas, tres más ahorcadas y una falleció durante un incendio.
MOTIVOS
El procurador penitenciario adjunto interino, Ariel Cejas Meliare, explico a Sputnik que «es difícil encontrar razones» para explicar todas estas muertes.
«La situación de encierro permanente sin actividades, sin posibilidades de salida a talleres y educación, sumado a la pérdida de vínculo con la familia, puede influir en hechos desencadenantes graves», observó, no obstante.
Según la PPN, dieron positivo 337 de los 568 internos a los que les fueron realizadas las pruebas para averiguar si tenían el covid-19.
Todavía siguen con la enfermedad 60 personas, añade el informe de la Procuración.
«Lo más grave a nuestro entender es el incumplimiento de las acordadas de la Cámara de Casación (tribunal de segunda instancia) donde se recomienda a los jueces que a aquellas personas en riesgo y que no tengan delitos graves deben concederles el arresto domiciliario», cuestionó el procurador interino.
Sin embargo, «esto es negado por algunos jueces y los presos terminan falleciendo pese a que los magistrados han sido advertidos de esa situación», sentenció Cejas Meliare.
El Servicio Penitenciario Federal aloja a 11.545 personas privadas de libertad, por lo que 94,65 por ciento de la capacidad del sistema se encuentra ocupada. (Sputnik)
