martes 30, noviembre 2021
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La privatización de lo público y lo nacional en la crisis política y económica costarricense

En Costa Rica nos jactamos de tener libertad de opinión, sin que ello implique persecución ni represión por verter opiniones críticas a los poderes prevalecientes, pero esa pretendida libertad no supone democracia, menos aun cuando se ignoran, desconocen y desprecian los criterios y argumentos de los otros. Los poderes autocráticos imponen sus criterios, acciones e intereses como verdad absoluta, no les interesa lo que piensan y hagan los otros, porque los considera ignorantes, sin facultad alguna para decidir ni actuar por cuenta propia ni capacidad para alterar las relaciones prevalecientes. La imposición genocida que liberaliza las medidas sanitarias preventivas contra la pandemia, que eximió de las obligaciones patronales al disminuir las jornadas de trabajo y dejar sin empleo a miles de trabajadores, así como la permanente y sistemática confiscación de salarios y pensiones, son algunas muestras fehacientes de la tiranía gubernamental y empresarial, que se vale de la pandemia y el descalabro fiscal para empobrecer al pueblo y continuar enriqueciendo a empresarios globalizados.

La polaridad social en Costa Rica se incrementa drásticamente, violentando los ingresos por el trabajo cotidiano y de toda la vida laboral de los pensionados, así como efectuar exacciones (impuestos, multas, aumentos de tarifas, inflación, tasas de interés, confiscaciones bancarias, etc.), para garantizar las ganancias privadas de quienes incumplen sus obligaciones tributarias y gozan de exenciones, concesiones e incentivos estatales, así como sustentar el desequilibrio fiscales gubernamental con los ingresos de trabajadores y continuar con la apropiación y manejo ilegítimo y fraudulento de los fondos de pensión por parte de los entes financieros privados y estatales.

La negación a los derechos y conquistas ciudadanas por parte de los poderes autoritarios, son manifestaciones que violentan la estabilidad y condición social a quienes se les niega pensamiento, voz, demandas y derechos, pero también los recursos y activos nacionales están en grave riesgo, ante las intenciones de privatizar el futuro nacional, ahora con la oprobiosa intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Este proceso es apoyado por gran parte de los medios privados de la información que difunden falsedades, crean miedos y hacen ingentes esfuerzos por enfrentar a trabajadores contra trabajadores, con si fueran enemigos y causantes de la debacle fiscal del Estado y del desfalco de la fuerza de trabajo. Es infame la labor de un periodismo esclavizado y subordinado a los propietarios de los medios.

La resistencia y movilización social que ocurre en diversas zonas del territorio nacional, es en parte una expresión de la debacle originada por el gobierno y los empresarios que autocrática e intransigentemente disponen de la calidad de vida de la población y de los recursos nacionales. No obstante, se debe llamar la atención, que estamos frente a un movimiento social que es peculiar en su heterogeneidad, que carece de consistencia orgánica y estratégica, sin alternativas ni propuestas que orienten su actuación, pero coincidentes en algunas demandas, aun cuando con fundamentos disimiles. Este aspecto es extraño, pues las protestas no persiguen la negociación ni el acuerdo. El uso de la fuerza parece justificarse a sí misma, de tal modo, que se hace incomprensible que se persista en los desórdenes que ante el retiro de la propuesta gubernamental que supuestamente motivaron las protestas y desmanes.

Lo que puede haber sido motivo de un logro social y el inicio de una construcción colectiva del futuro inmediato, hoy se convierte en una intransigente y unilateral actuación que provoca daños y violencia injustificable, creando un intencional caos, como preludio al fracaso, dolor, frustración y desesperanza social, lo que posibilitará al dominio económico y político la continuidad de la sobreexplotación, el despojo y la apropiación de bienes producto de la venta del trabajo familiar, así como de los recursos y activos nacionales.

Un movimiento que no posee ni recoge los análisis de la problemática nacional, así como desconoce las rigurosas críticas a las medidas gubernamentales y empresariales para la negociación con el FMI y sobre la propia concertación con ese ente, es sin duda una omisión que desprecia el pensamiento y las alternativas fundadas y documentadas por muchos grupos sociales, es una práctica unilateral alejada de toda democracia, así como es una posición que antagoniza con el interés público y nacional.

¿Qué persiguen quienes se arrogan la conducción de un movimiento que no les pertenece ni representan? ¿acaso pretenden impedir la concertación entre los trabajadores para provocar antagonismo y enfrentamientos entre ellos?

La creación del caos y violencia, no es una alternativa popular ni nacional, es una opción sanguinaria de quienes se imaginan dictadores, capaces de incendiar y sacrificar al pueblo y al país en aras de espurios intereses. ¿Acaso los que promueven bloquear carreteras, saquear, cobrar peajes o quemar llantas, los faculta a ser negociadores? ¿podrán ser negociadores quienes ignoran y desprecian los pensamientos, las alternativas y acciones del conjunto de los actores sociales de nuestra nación?

La aparición en escena de viejos y caducos personajes que se autodesignan dirigentes de un movimiento que es paradójicamente inorgánico, es la usurpación de representación social que oculta y enmascara sus reales intencionalidades. La provocación y la violencia causa daños que trascienden lo material, para ser regresivos a las conquistas y derechos alcanzados, a la legitimidad social de las protestas, a limitar la organicidad política y social, así como, crea frustraciones y miedos para aislar y subordinar a la población al dominio totalitario.

No sería la primera vez en la historia, como tampoco la última, que sectores populares sean envueltos en la instauración de un de los regímenes totalitarios más inhumanos y asesino que ha conocido la humanidad: el fascismo.

(*) Juan Huaylupo Alcázar, Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

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