San José, 8 Oct (Elpaís.cr).- El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, saludó con satisfacción el aval de la Sala Constitucional de eliminar los aumentos anuales de 30% que tenían los beneficiarios del régimen Hacienda-Diputados al resolver las acciones de inconstitucionalidad acumuladas contra las leyes que fijaron impuestos a las pensiones de lujo.
“Hoy la Sala Constitucional, resolviendo más de 40 acciones que prevalecían, pone fin a un debate que el país ha tenido y que indignado a muchísimos costarricenses, que es el debate sobre las pensiones denominadas de lujo”, indicó el mandatario, quien agregó que esta acción reafirma que sí pueden tener un tope y una contribución solidaria de hasta un 50%.
“Yo celebro esta decisión y este mensaje de equilibrio, también de solidaridad, que se envía hoy al pueblo costarricense. Una lucha de la que muchos participamos en los últimos años y que con esos fallos se concretan”, manifestó el mandatario.
La Sala IV avaló la eliminación del aumento del 30% anual de las pensiones del régimen conocido como Hacienda-diputados y le otorgó validez a la contribución solidaria a las pensiones de lujo, tras fallar sobre varias impugnaciones a leyes aprobadas para instaurar esa reducción en las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional.
Varias acciones de inconstitucionalidad impugnaban el cambio de metodología en la revalorización de los montos, para que no se hiciera un 30% fijo cada año sino un monto acorde al incremento que acuerde el Poder Ejecutivo para los servidores públicos por costo de la vida.
Los magistrados, sin embargo consideraron tras una larga sesión del miércoles, que la nueva metodología está acorde a la nueva realidad económica del país. Concluyen que el derecho a la pensión no es absoluto, «pues éste cede cuando es necesario imponer restricciones y limitaciones, especialmente basadas en el interés general y solidario», según el comunicado de la Sala.
Esta medida afecta a 51 personas habían presentado los recursos después de reformas aplicadas en el 2017.
Alvarado recordó que ha mantenido una lucha constante por el recorte a las pensiones de lujo, no solo como presidente del país, sino, también desde que fungía como ministro de Trabajo en el 2014-2018.
Indicó que en esa época argumentó que los magistrados no solo debían tomar en cuenta criterios jurídicos para el recorte a las pensiones, sino, también criterios de carácter económico.
Por otro lado, en abril de este año, el mandatario presentó una coadyuvancia y compareció para solicitar a los magistrados los topes a las pensiones de lujo, ante la Sala Constitucional.
Desde mayo 2018 el Gobierno de la República ha ejecutado una serie de medidas, directrices y leyes que han reflejado un claro compromiso por la austeridad y un estricto control del gasto para resolver el problema de las finanzas públicas, indicó un comunicado de prensa de Casa Presidencial.
Ejemplo de esto es la aprobación de la Ley 9.635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en donde se establecieron grandes cambios a favor del saneamiento de las finanzas públicas, de igual forma, se han dado reducciones al presupuesto extraordinario de hasta ₡404.438,9 millones.
Una ley de agosto de 2016 estableció que las pensiones superiores a 10 veces el salario más bajo de la Administración Pública (lo cual en este momento rondaría 2,9 millones de colones) pagarían un impuesto adicional en una escala de entre 25% y 75% sobre los excesos de la pensión.
