lunes 24, enero 2022
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Recortes amenazan programas en salud, seguridad, educación e infraestructura, denuncia PAC

San José, 19 Oct (Elpaís.cr).- Mociones del PLN, PUSC y Nueva República pretenden desfinanciar compra de vacunas, atención de la pandemia, comedores, becas, programas para niñez, personas adultas mayores, mujeres y la atención de emergencias, denunciaron diputadas del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Las diputadas Laura Guido y Nielsen Pérez, aseguran que dichas mociones ponen en peligro la construcción de carreteras y puentes, alquiler de maquinaria, compra de productos a empresas lo que generaría desempleo.

Las propuestas de diputados de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Socialcristiana (PUSC) y Nueva República, afectarían recursos para vigilancia en cárceles, operación de brazaletes y dineros que requiere Seguridad Pública para la lucha contra el crimen y el narcotráfico.

También se amenaza al Tribunal Supremo de Elecciones en la organización del proceso electoral del 2022 e incluso la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República, indicaron las legisladores.

Ahondaron que se pone en peligro el programa nacional de vacunas, atención a las personas en medio de la emergencia sanitaria que enfrenta el país, servicios de alimentación a niños, niñas y jóvenes, entrega de becas, construcción de carreteras, puentes, pago de alquileres con contratos ya establecidos, recursos para la vigilancia en cárceles y la lucha contra el crimen y el narcotráfico.

«Estas son solo algunas de las mociones, presentadas en la Comisión de Hacendarios, por el PLN, PUSC y Nueva República, que proponen violentos recortes al presupuesto ordinario del próximo año y ponen en riesgo la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía, elimina la posibilidad de contrataciones al sector privado como alquiler de edificios, leasing de computadoras y pago de licencias, servicios de limpieza y seguridad, y dejaría instituciones que no tendrían dinero para pagar alquileres, agua, luz, viáticos y otras partidas», advirtieron.

Resaltaron que las amenazas incluyen al Tribunal Supremo de Elecciones en la organización del proceso electoral del 2022 e incluso la función fiscalizadora de la Contraloría General de la República.

“Necesitamos un Estado eficiente que gaste menos y sirva mejor a la gente. Pero las mociones que propuso la oposición paralizarían al Estado, inutilizándolo para llevar servicios a la sociedad: salud, educación, seguridad, nutrición, atención a personas vulnerabilizadas entre muchos otros. Además, el Estado quedaría sin posibilidades de aportar a la reactivación económica e incluso se amenaza la celebración de las elecciones nacionales”, indicó la diputada Laura Guido.

Para las diputadas, la situación es tan grave que se afectan dineros para los programas de videovigilancia en cárceles, la operación de brazaletes y recursos que requiere el Ministerio de Seguridad Pública en la lucha contra el crimen y el narcotráfico. De igual manera dejaría sin empleo a 2 mil mujeres cocineras e implicaría el cierre de más de mil comedores con afectación a 200 mil niñas y niños.

“No debemos permitir que se sigan debilitando los programas que atienden a todas las personas, pero en especial a la población más vulnerabilizada y en pobreza. Nuestra responsabilidad es seguir defendiendo los servicios de calidad”, reforzó Nielsen Pérez

Ambas legisladoras manifiestan que el proyecto de presupuesto ordinario decrece en gasto corriente, excepto en lo que corresponde al pago de deuda, intereses y pensiones. Pero en esta oportunidad los diputados de oposición intentan reducir partidas que dejarían a instituciones sin las condiciones más elementales para prestar servicios o cumplir con sus funciones.

Afectaciones en partidas de pago de luz, agua y alquileres, dejarían a instituciones sin capacidad de  operar servicios que requiere la ciudadanía.
Algunos ejemplos de los recortes se adjunta en documento.

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