Viejísimo tema. En la Administración hay empleo de naturaleza pública y empleo de naturaleza privada. O una cosa, u otra. No hay gallo-gallina. O semos, o no semos.
Aparte el tema de qué diablos es un empleo de naturaleza pública y hasta dónde llega, lo cierto es que no es compatible con la negociación de sus términos. El Derecho Público, por principio, no se negocia. La negociación colectiva (y otros instrumentos de la misma familia), solo sirve (para eso nació) para superar derechos laborales.
En pleno desmadre fiscal entró en vigencia la famosa Reforma Procesal Laboral, que privatizó el empleo público, entre otras cosas disponiendo su apertura a la convención colectiva. Fíjense, cuando las c.c. normalmente cuestan (con la precisión del mejicano) cualquier cantidad de pesos y son, por naturaleza, discriminatorias (favorecen solo al que traga más pinol).
Nunca se podrá hacer un proyecto de ley general de empleo público si se mantiene una relación privatizada. Ni vale la pena. Ni los sindicatos aceptarán volver atrás, retrocediendo en lo que ya lograron con la RFL. Sigan jugando con estas cosas. Una de las grandes desgracias de la democracia es que requiere elecciones. Estas requieren votos. Para esto hay que hacer alianzas que luego cuestan sangre, al país. Sigamos desangrándonos.
Las intervenciones del jurista R. Hernández Valle sobre la cuestión son francas y acertadas. Lo mismo la de J.J. Arguedas. En la página siguiente del diario en la que sale don J.J., sale igualmente el señor Presidente, como testigo de honor en la suscripción de la tercera c.c. del MEP. No se dice cuánto costará. Solo adivínenlo.
Nada somos. La puritica verdad es que nada somos. Claro, por otro lado nos quieren clavar nuevos impuestos. Hay que pagar los excesos. Hay que financiar los compromisos de campaña.
El día que realmente se quiera reglar en serio el empleo público, habrá que comenzar por reformar la Constitución. Aunque no se crea, la Constitución, en este extremo, es espeluznantemente imprecisa. Como en muchas otras cosas. Cuando la Constitución no es nítida, contundente, la Sala IV es la que manda.
Y si quieren financiar estos jueguitos, graven aun más las pensiones de lujo. Recuerden que pensiones de lujo es toda la que exceda 2.2MM y que aguanta recortes hasta del 50% (fijación de la Sala). Y nada impide (hasta hoy), que el monto bruto, como meta política, quede reducido a ese 50%.
Hay Pandemia, no hay plata, el Gobierno pataleó financieramente. La CCSS igualmente está quebrada. Se revelarán muchísimas cosas post-Pandemia. Mas, desgraciadamente, no hay forma de impedir nuevas exoneraciones de impuestos ni de seguir aumentando gastos complacientes.
(*) Mauro Murillo A. es Abogado
Concordamos en que las pensiones de lujo, del magisterio y poder judicial deben ser eliminadas ,pasando sus miembros al IVM de la Caja como todo costarricense.
De esa diferencia puede financiarse la cultura que se vera afectada por el recorte al presupuesto.Estoy segura que los pensionados lo haran con alegria ya que son los mayores amantes de la conservacion y disfrute de actos culturales.