Durante estos meses el lugar, de unas 200 hectáreas, perteneciente a los dueños de la firma Bellaco S.A, fue llenándose de pequeñas casitas. Allí, casi a la intemperie, muchos niños pequeños, mujeres en condición de violencia de género, personas de varias edades, pasaron el crudo invierno, lluvias, momentos difíciles, conscientes de que llegaría el momento que más temían.La foto aérea del lugar que se repitió en la prensa era impactante. Aquellas pequeñas casitas de nylon y de retazos de maderas viejas, desde el cielo se veían diminutas y en la tierra conmovían aún más los que la habitaban.
En el lugar estuvo, capturando con su lente inquieto la fotoreportera argentina Paula Acunzo, quien en declaraciones a Prensa Latina describió cómo la impactaron esas pequeñas chozas, donde muchos hacían sus necesidades como podían y apenas comían fideos o galletas.
Me impresionó la cifra de siete mil niños viviendo en esa circunstancia, sentí mucho el nivel de desesperación de los que allí se encontraban, señala la periodista, tras resaltar que una de las cosas que más la conmovió y no olvidará fue cuando se acercó a dos mujeres, una embarazada y otra con cinco niños.
Solo tenía un paquete de galleticas y los nenes se me acercaron a compartirlas conmigo. Su madre me pidió que las aceptara pues les enseñó a sus hijos a compartir. Ahí te das cuenta que a veces los que más necesitan son los más solidarios, remarcó.
Tras la orden del juez de Garantías de La Plata, Martín Rizzo, esta mañana transcurrió el desalojo. El letrado lo había postergado en dos oportunidades a pedido del Gobierno provincial, que durante este tiempo dialogó varias veces con los ocupantes y logró un acuerdo con la mayoría de ellos, pero otros se quedaron en el lugar.
El gobierno local hizo de todo para postergarlo, instaló cinco carpas interministeriales de las carteras de Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad, de Gobierno, y de Mujeres, Políticas de Genero y Diversidad Sexual, para dar contención a quienes debían irse del lugar.
Finalmente logró de manera pacífica que 600 familias aceptaran retirarse en un acuerdo que incluyó incluso dinero para abonar el alquiler de una futura vivienda y materiales de construcción para ampliar las que ya tenían. También se habilitaron seis centros de transición, dos de ellos establecimientos cerrados y otros cuatros abiertos, según refirió la agencia Télam.
Pero los restantes ocupantes se quedaron y en esta jornada la policía, cumpliendo con la orden judicial interpuesta por los dueños del predio, los desalojó, en un operativo que terminó con enfrentamientos y cerca de 35 detenciones, lamentablemente.
Cierto es que, en uno de sus artículos, el Código Penal argentino señala la usurpación como un delito. Pero, qué hacer cuando el destino de miles de personas de los sectores más vulnerables quedan a su suerte en medio de una situación tan delicada como una pandemia.
Por estas horas se siente el repudio a este desalojo en las redes sociales, mientras en la capital varios colectivos encabezaron manifestaciones con la frase ‘no al desalojo, tierra para vivir’.
