martes 17, mayo 2022
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Nuevo proyecto de ley Crucitas violará la propiedad privada en la Zona Norte

San José, 1 dic (Elpaís.cr).- Las empresas transnacionales mineras no necesitarán comprar terrenos en la Región Huetar Norte de Costa Rica, ya que el nuevo proyecto de ley Crucitas les permitirá, con permiso o sin permiso de los finqueros, crear la «Servidumbre Minera de Ocupación» para construir túneles, Laguna de Relave y un lago contaminado con residuos de metales pesados como cianuro y mercurio.

Así lo advirtió el abogado ambientalista Bernal Gamboa en un oficio enviado a los legisladores costarricenses en un análisis realizado al «Expediente N.° 21.584 Proyecto de Ley para el Desarrollo Social mediante la Regulación de la Actividad Minera Metálica», promovido por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), elegida por el cantón de San Carlos, María José Corrales Chacón.

De acuerdo con el proyecto, los propietarios de los terrenos donde se ubicarán la Laguna de Relaves y el Lago Fortuna, no solo deben de permitir que durante 11 años, la empresa trasnacional minera ocupe sus terrenos, sino que además, esos terrenos les serán devueltos con ambas estructuras, que serán imposibles de eliminar por ende imposible de utilizar en el futuro.

De esa «forma grosera» se viola el Derecho Fundamental a la Propiedad Privada, establecido en el artículo 45 de la Constitución Política.

Dicho artículo dice: “La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.”

Nótese acá como este proyecto de ley de la diputada Corrales violenta el Derecho de Propiedad Privada, pues  utilizando la figura de la Servidumbre Minera de Ocupación, se le impone al bien una limitación temporal, pero que al final en la práctica se vuelve permanente, pues al cabo de los 11 años de la Explotación Minera, se le devuelve al propietario un terreno donde   al estar ubicada la Laguna de Relaves, no puede ser utilizada para ninguna actividad productiva ni menos aún de conservación.

La Federación Ecologista Costarricense (FECON), también ha advertido que otros proyectos de ley sobre minería metálica abren la explotación a todo el territorio nacional, y las empresas mineras también podrían exigir igualdad de derechos con  la «Servidumbre Minera de Ocupación».

En los artículos 28 y 29 del proyecto de ley de la diputada Corrales original, se establece la regulación respecto de las servidumbres mineras en la que se indica:

ARTÍCULO 28- Procedencia

“Con el único fin de posibilitar al minero los medios necesarios para efectuar, las labores inherentes a su permiso de exploración o concesión de explotación, los terrenos superficiales en que estén ubicados los yacimientos podrán ser gravados con las servidumbres de paso u ocupación. Las servidumbres de ocupación podrán referirse a patios de acopio, plantas de beneficiamiento, campamentos, entrada de túneles, construcción de tanques para agua. Las de paso, también comprenden el paso de acueductos, uso de caminos, disposición de aguas que provengan de los túneles, paso de líneas eléctricas.”

ARTÍCULO 29- Competencia, medición y avalúo

“Las servidumbres serán constituidas por la Dirección de Geología y Minas, previa indemnización de los daños y perjuicios que se causaren a los dueños de los terrenos.

Antes de la constitución de la servidumbre, la Dirección de Geología y Minas, convocará máximo tres reuniones entre las partes con el fin de lograr un acuerdo.  De no haber acuerdo entre los interesados, se proseguirá con el trámite.

El monto de la indemnización será fijado por la Administración Tributaria que le corresponda en razón del territorio, tomando en cuenta el avalúo de la porción de la propiedad que se utilizará, así como el valor declarado por el propietario ante la municipalidad correspondiente.

La resolución final podrá ser apelada ante el tribunal de justicia correspondiente. Sin embargo, los trabajos relacionados con la explotación podrán continuar su proceso, a juicio y riesgo del concesionario, mientras se realiza el trámite judicial.

Las servidumbres que se establezcan, deberán inscribirse en el Registro Nacional Minero. La Dirección de Geología y Minas, comunicará al Registro Público de la Propiedad la constitución de la servidumbre con el fin de que se registre en el folio real correspondiente.”

Para Gamboa Mora, la anterior regulación que propone este proyecto de ley de la diputada Corrales es grave, pues el propietario de cualquier terreno se ve obligado a soportar en su propiedad,  la imposición de una servidumbre minera, que en el caso de la Servidumbre de Ocupación, no es mas que la obligación temporal de soportar  la ocupación por parte de la empresa minera de los terrenos particulares de terceros, independientemente si los estoy explotando o no para alguna actividad comercial, esto mientras tarde la actividad minera en el sitio».

En el caso del fenecido Proyecto Minero Crucitas, el Decreto 34801-MINAET de Interés Público y Conveniencia Nacional de proyecto Minero Crucitas, defendido durante las administración de Oscar Arias Sánchez y Laura Chinchilla, indicó:

“VII.—El proyecto Crucitas traerá varios beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y el gobierno central. Entre estos beneficios están los siguientes: i) La mina tendrá una operación cercana a 11 años (incluye construcción, operación y cierre técnico).”

Es decir, la Servidumbre Minera de Ocupación de los terrenos de particulares, sería por estos 11 años; luego de esto, los terrenos volverían a poder ser explotados o utilizados por el propietario, pero omitiendo este proyecto de ley, que existirán obras que serán permanentes.

A continuación se muestran las áreas del proyecto minero Crucitas de conformidad a la resolución de concesión minera R-217-2008-MINAE:

Componente del proyecto Aprobado (ha) Cambio propuesto (ha)
 Extracción 126.4 50.0
 Relaves 143.8 143.8
 Planta de proceso, residencias, área de recuperación de suelos, vivero, oficinas, otros. 33.9 33.8
 TOTALES 304.1 ha 227.6 ha

Gamboa resalta que «Acá se muestra la Laguna de Relaves de 143 hectáreas, la cual, por su gran dimensión, podría abarcar parte de alguna o algunas propiedades de terceros, o incluso podría abarcar la totalidad de fincas o terrenos de terceros».

«Esto quiere decir, que al cabo de los 11 años de operación del proyecto minero, le sería devuelto a un propietario, un terreno que es un desierto sin ninguna utilidad compuesto por metales pesados disgregados que permanecerán allí por décadas e incluso siglos», advierte.

Resalta también que en la resolución de concesión minera R-217-2008-MINAE (administración Arias Sánchez), se muestra un resumen de los cambios propuestos para el Proyecto Minero Crucitas, similar al propuesto por la diputada Corrales Chacón, donde se muestran las obras que quedarán  de forma permanente.

Para la etapa de cierre, quedará conformada la Laguna de Relaves de 143 hectáreas (2 veces la Sabana de 72 hectáreas) así como el Lago Fortuna, el cual nace  de la excavación  del Cerro Fortuna, el cual no solo desaparecería, sino que la perforación bajaría  hasta alcanzar el acuífero inferior que existe en el lugar, dando vida así al Lago Fortuna.

Gamboa explica que «los propietarios de los terrenos donde se ubicarán la Laguna de Relaves y el Lago Fortuna, no solo deben de permitir que durante 11 años, la empresa trasnacional minera ocupe sus terrenos, sino que además, con este proyecto de ley, esos terrenos les serán devueltos con ambas estructuras, que serán imposibles de eliminar por ende imposible de utilizar en el futuro, violentando así de forma grosera el Derecho Fundamental a la Propiedad Privada».

El abogado insiste en que «este proyecto de ley de la diputada Corrales violenta el Derecho de Propiedad Privada, pues utilizando la figura de la Servidumbre Minera de Ocupación, se le impone al bien una limitación temporal, pero que al final en la práctica se vuelve permanente, pues al cabo de los 11 años de la Explotación Minera, se le devuelve al propietario un terreno donde   al estar ubicada la Laguna de Relaves, no puede ser utilizada para ninguna actividad productiva ni menos aún de conservación».

Gamboa llama la atención de que en el Código de Minería vigente, «al menos existe la figura de la expropiación, donde previa indemnización si se traspasa a nombre de la empresa  los terrenos donde se realizará el proyecto al indicar el artículo 53:

“Si no se produjera acuerdo entre los interesados, para establecer las servidumbres y para fijar el monto de la indemnización que procediere, el concesionario de explotación podrá acogerse a los preceptos del título anterior, o pedir al Poder Ejecutivo que decrete la expropiación de los terrenos necesarios, la que se realizará de conformidad con la legislación vigente, para lo cual el concesionario deberá cubrir los costos”.

Para Gamboa, lo mas grave de este proyecto de ley, es el párrafo final del artículo 29 que indica:

“La resolución final podrá ser apelada ante el tribunal de justicia correspondiente. Sin embargo, los trabajos relacionados con la explotación podrán continuar su proceso, a juicio y riesgo del concesionario, mientras se realiza el trámite judicial”.

Gamboa recuerda que en Costa Rica, es bien sabido que los trámites judiciales pueden tardar décadas, el mejor ejemplo de esto, es que el proceso  en contra de Industrias Infinito y su concesión minera, es el 08-1282-1027CA, «lo cual implica que inició su tramitación en  el año 2008; y en el año 2020, el juez de ejecución, luego de recibir el expediente de Sala Primera, está apenas convocando a una segunda audiencia de evacuación de la prueba pericial, para la determinación de los daños ambientales».

«Si usamos de referencia estos plazos, el propietario de los terrenos donde se ubicaría la Laguna de Relaves, de no estar conforme con la valoración ofertada por la Servidumbre Minera (Situación que es muy probable pues la servidumbre es temporal y por ende alegará el Estado que los terrenos le serán devueltos) lo cierto es que el proceso para la determinación del monto, podría tardar de 3 a 6 años, y para lograr la ejecución del fallo, de 3 a 6 años más, lo que implicaría, que la empresa concesionaria trasnacional, podría iniciar labores, explotar la concesión y realizar el cierre, y todavía el propietario no habría recibido una justa indemnización por su propiedad, lo que igualmente violenta este artículo 45 de nuestra Carta Magna».

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2 COMENTARIOS

  1. Sabemos que la mafia política de liberación (PLN) tiene sus encadenamientos judiciales y en sana justicia este “añejo” negocio propuesto por la diputada Corrales, no deberá pasar por cuanto la propiedad privada en Costa Rica constitucionalmente esta sobre protegida, según vivimos en un régimen de justicia y equidad. Pero también tenemos claro como el resto de los diputados hacen causa común para contentar la excesiva angurria de OAS y las trasnacionales, donde los hasta los geólogos en Costa Rica, manejados por gringos, no les importa que nuestra flora y fauna sea devastada por siglos. O sea, existen caminos alternativos para explotar nosotros esa riqueza, pero la verde sancarleña diputada, traicionando su gente y a toda la comunidad nacional, pretenda facilitar esos negocios a intereses externos. Esperemos que de nuevo los votantes se acuerden de esas mortales puñaladas que tales politiquillos nos siguen ensartando, cuando vayamos a las urnas electorales. Y señores Magistrados, tomen debida nota, de no ser otra vez, facilitadores de la liquidación paulatina de nuestra Patria. En ustedes, altos jueces, está el destino de Costa Rica.

  2. Eso es lo qué pasa cuando fanáticos doctrinales, mal
    asesorados legalmente y motivados por la insaciable codicia, destruyen la naturaleza y atropellan a los demás, bajo la égida del dios Mammon. ¡Vamos para la Sala Cuarta! Hay que detener a estos voraces tonsurados

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