La diplomacia costarricense ha atravesado un largo camino desde que en 1965 la Asamblea Legislativa aprobó el Estatuto del Servicio Exterior, que es la ley que rige la carrera diplomática hasta nuestros días.
El ejercicio de la diplomacia es un elemento esencial para la supervivencia del Estado, por lo que debe ser apolítico. No obstante lo anterior, hay personas que piden con frecuencia al diplomático lo que debe exigírsele al político.
En este contexto llamo la atención a un texto que está manejándose en corriente legislativa que ha salido de la comisión de relaciones internacionales y que podría ir a plenario en cualquier momento. Este texto es dañino en muchos sentidos para el país.
Hace no mucho, pertenecer a ciertos grupos sociales o políticos, o en su defecto, ser acaudalado, eran ventajas muy significativas para pertenecer al cuerpo diplomático costarricense, que permutaba en una inmensa mayoría cada cuatro años, con el cambio de gobierno. Si a lo anterior se le sumaba el contar con una carta de recomendación de alguna persona conocida e influyente, se aseguraba el ingreso casi automáticamente.
Y aunque con los embajadores aún hoy no existe mayor requerimiento que el de ser aprobado por el Poder Ejecutivo, para el resto de diplomáticos, con el pasar de los años, han ido cambiando los mecanismos de elección en favor de procesos más democráticos.
Lo anterior quiere decir que el país ha sido valiente en dar pasos paulatinos hacia una carrera diplomática cuyo ingreso incluye estudios especializados, una serie de exámenes, comprobación de manejo de idiomas, entrevistas, examen psicológico y otros requisitos que han ido estrechando la capacidad de influencia política en los nombramientos de diplomáticos, a fin de asegurarle al país que quienes le representan sean profesionales capacitados y eficaces. Esos diplomáticos que no responden a un partido en específico trabajan enmarcados en esquemas de mejora continua, orientación a resultados y rendición de cuentas, y procuran la máxima generación de valor público en su labor, no para un partido político, ni para un gobierno en particular, sino para el país y en defensa de sus nacionales en el exterior.
Esto que describo nos acerca a sistemas que se aplican en naciones como Argentina, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay y otros países destacados del mundo como Alemania, Francia, Gran Bretaña, Corea del Sur, India, entre otros.
Pero, al parecer, la abrumadora evidencia en favor de una carrera diplomática apolítica y profesional, no ha sido suficiente para algunos grupos de poder que no cesan en intentar regresar a la primera condición que describí.
Es evidente que para lograr un cambio tan significativo en la sociedad costarricense que privilegie los procesos democráticos a los “nombramientos a dedo”, es necesario que más y más personas influyentes reconozcan de los diplomáticos que “con creatividad, innovación y compromiso sabrán estar a la altura de las exigencias”, como lo afirmó el señor canciller don Rodolfo Solano, al juramentar a los nuevos diplomáticos de carrera el pasado mes de setiembre.
Escribo este comentario con el afán de llamar la atención a que la ciudadanía estudie y exija los verdaderos cambios que hay que hacer al proyecto que se encuentra en corriente legislativa. Para muestra de un botón, permítanme transcribir un pequeño fragmento de ese texto que critico: “El Poder Ejecutivo podrá designar veinticinco funcionarios en el servicio diplomático amparados en el régimen de confianza” (artículo 91 de la propuesta). Es decir, veinticinco personas que, por el solo hecho de ser amigos o conocidos de una persona influyente, tendrían el privilegio de ser nombrados en la Cancillería sin que medie un ingreso justo para todos los demás costarricenses que han estudiado para también merecer una oportunidad.
Juzgue usted, apreciado lector, si ello no sería privilegiar el compadrazgo político en detrimento de una verdadera carrera diplomática profesional, especializada y democrática, donde usted tenga la seguridad como costarricense, que le representan los más idóneos, y no los que, sin mayores méritos académicos y de conocimiento, cumplen con los requisitos “a la antigua usanza”.
En tiempos de crisis no es justo ni ético que este tipo de leyes siquiera sean consideradas, pero el ciudadano es el que tiene el poder de exigir, como andan diciendo por ahí, política con “P” mayúscula.
(*) Jorge Umaña Vargas, Diplomático de carrera, Docente de la maestría en Diplomacia de la UCR.
Excelente texto ! Seguramente que los pericos de cepa andan promoviendo esta idea, ya que deben pagar a sus contribuyentes de cara a la campaña 2021-2022 con un hueso en el exterior todo pago. Qué periquitos más hambrientos…!