La estructura es la única capaz de organizar elecciones en el país, y también está inmersa en un controvertido proceso de referéndum constitucional para sustituir la Constitución vigente, programado para el 25 de abril.
Moïse dijo en sus redes sociales que el Ministerio de Economía y Finanzas analizará lo antes posible los distintos medios que permitan al CEP organizar en referendo y las elecciones.
También pidió a la Oficina Nacional de Identificación adoptar las medidas necesarias para emitir los documentos de los votantes, mientras la Policía tiene instrucciones de establecer un clima estable y seguro en el país.
Moïse lleva un año gobernando por decreto y sin los contrapesos del Parlamento, que quedó disfuncional en enero pasado al vencerse los mandatos de todos los diputados y de dos tercios de los senadores.
Durante ese periodo emitió unas 40 ordenanzas, algunas de ellas consideradas polémicas por diversos sectores, como el código penal o las referidas a la seguridad que generaron críticas de partidos opositores, organizaciones sociales y religiosas y la comunidad internacional.
Sin embargo, uno de los puntos más latentes es el clima de inseguridad, que se agudizó en el último año y cobró la vida de un millar de personas y una cifra similar de secuestrados.
También se multiplicaron las bandas armadas, masacres y ataques de pandillas a barrios vulnerables.
Mientras, la oposición, e incluso algunos aliados del gobierno, desestiman el proceso electoral y critican el referéndum, al que califican de inconstitucional.
La actual carta magna prohíbe expresamente la celebración de una consulta popular para modificar la ley de leyes. No obstante, Moïse esgrime que esa disposición limita el poder de los ciudadanos.
Los hostiles, por su parte, organizan movilizaciones antigubernamentales para finales de este mes con el propósito de exigir la renuncia del mandatario el 7 de febrero.
