jueves 28, marzo 2024
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El congelamiento de las pensiones: una nueva fantasía fiscal que genera un ahorro pírrico y regresivo

Las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional han recibido varios ataques en los últimos años. Tales acciones han buscado recortar el monto de las pensiones con el supuesto fin de colaborar a la reducción del déficit fiscal. La modificación más reciente se produjo en noviembre de 2019 con la aprobación de la Ley 9796.

Con estas acciones la política fiscal ha golpeado a las pensiones sin producir un ahorro significativo; pero, mantiene la protección de los grupos de ingresos altos. Las reformas a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional generan apenas milésimas del PIB. Sin embargo, no se hace nada importante para lograr una recaudación correcta del IVA y del impuesto sobre la renta, que generarían al menos un ingreso adicional del 6% del PIB, si se atendiera el problema del no pago en esos impuestos. Hay una política fiscal que tiene una opción preferencial por los ingresos altos.

En este contexto, no satisfecha la política fiscal de los últimos años con el ataque a las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, aparece con una nueva ocurrencia: el congelamiento de los montos brutos de las pensiones. Se trata de una extensión de la regla fiscal, que no está contenida en lo aprobado en 2018.

Esta nueva acción va a producir un ahorro limitado del gasto. Los cálculos publicados no reflejan la verdadera capacidad recaudadora del congelamiento de las pensiones. La explicación reside en que se han efectuado cálculos alegres con el monto bruto de las pensiones. Asumen los formuladores del proyecto que ese es el ahorro que generará el proyecto. Sin embargo, eso es incorrecto. Se olvidan de las deducciones, y eso es un grave error. Si la pensión bruta se congela, es verdad que se ahorrará la diferencia con la pensión que hubiera resultado del ajuste inflacionario. Pero, también es cierto que, si se congela la pensión, se congelan las deducciones. Por una parte, el Ministerio de Hacienda pierde la diferencia de las cotizaciones al régimen, así como la diferencia en el pago del impuesto sobre la renta. Por otra parte, la CCSS pierde la diferencia en la cuota por el seguro de salud. Se está desfinanciando aún más a la CCSS. En el caso del Régimen de Reparto del Magisterio Nacional (RTR) la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (JUPEMA) perdería la diferencia en la cuota correspondiente al costo administrativo. Y en ese mismo RTR, al congelar el aporte a la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, se desfinanciaría la póliza que beneficiará a los herederos de los jubilados.

Realizamos un cálculo del ahorro neto que se produciría al quinto año del congelamiento, que es la estimación correcta. El ahorro neto al quinto año, con inflación del 2%, sería de 49.400 millones, lo que representa un 58% de lo que se difundió con gran despliegue mediático: 84.700 millones de ahorro bruto. Las diferencias se hacen mayores cuando la aumenta la inflación. Si la inflación fuera del 10%, el ahorro neto sería tan sólo de 164.900 millones; lo que significa un limitado 30% del ahorro bruto de 546.000 millones. Además, este ahorro neto es un monto irrelevante para las finanzas del Gobierno Central. El ahorro neto citado, al quinto año del congelamiento, si la inflación fuera del 2%, sería apenas una milésima respecto al PIB. En el caso de una inflación mayor el resultado es igualmente poco significativo. El ahorro neto real, al quinto año del congelamiento, si la inflación fuera del 10%, llegaría a cuatro milésimas respecto al PIB. Con eso no se resuelve absolutamente nada del déficit fiscal.

Por otra parte, el congelamiento de las pensiones produce un efecto regresivo, perjudicando a las pensiones más bajas. Efectuamos un cálculo del impacto del congelamiento por rangos de pensión, en el caso del RTR, que absorbe el 70% del costo de las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional. En ese régimen, si inflación fuera del 2%, el 65% del ahorro neto, al quinto año, lo aportarían los jubilados con pensiones menores a 1,5 millones. Otro 25% lo aportarían las pensiones entre 1,5 y 2,5 millones. Las pensiones de 2,5 a 5,5 millones pagarían el 7% de este ahorro neto; mientras las pensiones superiores a 5,5 millones aportarían el 3%. Si la inflación fuera del 5% o del 10%, el cálculo sería similar. Es decir, la mayor parte del ahorro neto sería generado por las pensiones más bajas.

Esto es una muestra contundente de la regresividad del proyecto de ley. El camino del congelamiento de las pensiones es completamente equivocado. La propuesta del congelamiento está diseñada para extraer ahorro neto a los pensionados pobres. Por eso se plantea que el mínimo a partir del cual se aplica esta acción sea de 462.000 colones. Saben que si suben ese mínimo la recaudación se reduce sustancialmente.

Por ejemplo, si los legisladores quisieran reducir este efecto regresivo, y subieran el límite mínimo de aplicación del proyecto de ley a 2,5 millones, el ahorro neto pasaría de 49.400 millones a 5.100 millones en el quinto año del congelamiento, si la inflación fuera del 2%. En la situación más crítica, con una inflación del 10%, el ahorro neto caería de 164.900 millones a 17.300 millones en el quinto año del congelamiento. En el primer caso, se trataría de una diezmilésima parte del PIB (0,0001), y en el segundo de 4 diezmilésimas del PIB (0,0004). Totalmente intrascendente para el déficit fiscal.

En conclusión, no tiene sentido avanzar en el trámite de este proyecto de ley. Es un proyecto estructuralmente insalvable. No es correcto ponerle una carga más a los pensionados pobres, después de 33 meses de una política fiscal que protege a los ingresos altos y que descarga los ajustes fiscales sobre los segmentos de menor ingreso de la población.

(*) Máster Francisco Esquivel V. Economista jubilado

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4 COMENTARIOS

  1. Que se pague pensión de acuerdo a lo que se cotizó, la pensión es un ahorro, no un premio que tengamos que subsidiar todos, no deberían recortar ni grabar las pensiones que se pagan con el dinero que ahorró la persona, ya que eso es robo, igual de mal que las pensiones infladas las cuales se pagan montos muy superiores a lo que cotizó la persona.

  2. Considero que Sergio Perez lo resume bien.Aqui lo que pretende el gobierno es recuperar parte de lo que considera que le ha dado de mas a los pensionados que reciben mucho mas de lo cotizado.Es arreglar un torton de los politicos ofreciendo dinero ajeno a grupos de militates/votantes a los cuales hoy no les puede cumplir, por la sencilla razon que asi como le dan a los pensionados han sido generosos con universidades y otras instituciones y no hay dinero.Hay que pedirlo prestado y ya los que prestan quieran mas garantias e intereses.

  3. Con todo el respeto que se puedan merecer los pensionados de lujo, tienen que entender algo muy sencillo: Nadie los quiere. Sólo entre ustedes se apoyan y se creen su mérito al dinero que reciben, sólo entre ustedes se defienden y se dan la razón. Acaso no ven que hay gente padeciendo calamidades? Acaso es justo que hayan familias que no les alcance ni para alimentar bien a sus hijos? Probablemente no les importe o tan siquiera lo vean desde sus burbujas de privilegios.

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