martes 27, septiembre 2022
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Avanza proyecto que garantiza viabilidad constitucional de propuestas llevadas a referéndum

San José, 3 feb (Elpaís.cr).- La Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, de Costa Rica, dictaminó afirmativamente una iniciativa  para brindar seguridad jurídica a las personas proponentes sobre la viabilidad constitucional de sus propuestas.

Se trata del proyecto para incorporar la consulta previa y facultativa de constitucionalidad en los procesos de referéndum (Expediente N° 22.176), presentado a la corriente legislativa por la diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Paola Vega.

Actualmente, cualquier grupo de personas que desee recolectar firmas para iniciar el proceso de referéndum, debe hacerlo con total incertidumbre sobre la constitucionalidad de su iniciativa, razón por la que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), ha señalado la necesidad de contar con una herramienta legal que faculte la posibilidad de hacer las consultas respectivas de manera previa a cualquier esfuerzo ciudadano o institucional.

“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar total seguridad sobre la validez de las propuestas que se sometan a referéndum. La falta de mecanismos para cumplir con esta obligación es injusto con las personas que se organizan para impulsar estos procesos y sumamente riesgoso para nuestra institucionalidad democrática», indicó la diputada Vega.

El proyecto modifica la Ley sobre regulación del referéndum (Ley N° 8492) para que el TSE pueda, en caso de que lo considere necesario, enviar la iniciativa a la Sala Constitucional para su respectivo examen.  Este proceso se realizará antes de que inicie la recolección de firmas.

Además, se establecen modificaciones a la Ley de la Jurisdicción Constitucional para que la Sala Constitucional pueda examinar un proyecto, a solicitud del TSE, cuando se trate de iniciativas de referéndum.

El legislador Enrique Sánchez, del PAC, destacó los alcances de la iniciativa en el sentido que garantiza la integridad de la legislación constitucional costarricense, al tiempo que abre los espacios de participación popular en el diseño de las leyes.

El diputado Walter Muñoz subrayó que con el perfeccionamiento de estos institutos de consulta previa se otorga al Tribunal Supremo de Elecciones las herramientas que profundizarán la seguridad constitucional de los proyectos de ley sometidos a consulta popular.

Ley de Groming

La Comisión también dictaminó el expediente 21507, Ley de Groming, seguridad de menores por Internet y la obligación de proveedores de contenido y servicios digitales y reformas al Código Penal.

Este expediente es iniciativa de la diputada Floria Segreda, quien manifestó su agradecimiento ante los diputados por la aprobación del texto legislativo y aseguró que con ello se le brinda al país un marco actualizado de la protección de los menores de edad de los contenidos en la red, que les corresponde conocer según su edad.

Finalmente, se acordó consultar con varias instituciones el Expediente 22354 Ley de impuesto especial sobre los premios de lotería y otros juegos de azar que venda, distribuya y comercialice la Junta de Protección Social.

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