martes 27, septiembre 2022
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Diputados acuerdan detener eliminación automática de plazas en el sector público

San José, 9 feb (Elpaís.cr).- El Plenario Legislativo aprobó, de manera unánime, la dispensa de trámites al proyecto que busca resolver los problemas que ha generado una norma presupuestaria incorporada por la Asamblea Legislativa en el trámite del Presupuesto Ordinario de la República.

Dicha norma limita la utilización de plazas vacantes y contempla la eliminación tanto de su contenido presupuestario como de su código (Expediente N° 22395).

La diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido Pérez, indicó que la ejecución de esta norma presupuestaria ha significado severas afectaciones, principalmente para el Sector Educativo. La eliminación automática de plazas, tal como esta normado actualmente, provoca que no puedan utilizarse para la prestación de servicios públicos de gran relevancia para la ciudadanía y para mantener los mecanismos de control y vigilancia sobre los recursos públicos.

«Es un paso positivo que se lograra un alto consenso para un proyecto que busca evitar el avance automático e irreflexivo de esa norma. Permite a los ministerios contar con un mecanismo de revisión, junto la Autoridad Presupuestaria, para definir cuáles plazas puede eliminarse o no. Las plazas del servicio docente y las plazas de policía no serán eliminadas «, señaló Guido Pérez.

La legisladora señaló que es clara la evidencia del impacto de dicha norma presupuestaria en las instituciones del Estado y sus efectos sobre la prestación de servicios esenciales. Ejemplo de lo anterior son las plazas de jueces, docentes y auditores internos que se se han eliminado en los últimos meses.

La exposición de motivos de la propuesta de ley revela que a la fecha, en el Ministerio de Educación se han eliminado 301 plazas y 1235 se encuentran congeladas, a la espera de ser eliminadas (si se mantiene la norma 12 actual). 226 de las 301 plazas eliminadas corresponden al Título II (carrera docente) del Estatuto del Servicio Civil, de esas 191 corresponden al estrato propiamente docente (profesores y profesoras).

Adicionalmente, de las 1235 plazas para eliminar, 1045 corresponden al Título II y, de esas, 967 corresponden al estrato propiamente docente.

Según la propuesta, modificada mediante una única moción aprobada, durante la vigencia de la presente ley de presupuesto y en sus respectivas modificaciones ordinarias o extraordinarias, “no se crearán plazas en los ministerios, ni en sus órganos desconcentrados.

Las plazas vacantes de los ministerios, incluyendo las de sus órganos desconcentrados, no podrán utilizarse durante el 2021, salvo que su uso sea autorizado por la Autoridad Presupuestaria.

Se exceptúan de lo anterior las plazas correspondientes al Título II, de la Carrera Docente, del Estatuto del Servicio Civil, Ley N°1581 del 30 de mayo de 1953, las correspondientes a los cuerpos policiales dispuestos en el artículo 6 de la Ley General de Policía N°7410 del 26 de mayo de 1994 y la Ley de Creación del Servicio Nacional de Guardacostas”.

Los diputados incluyeron que, durante el primer trimestre del 2021, las plazas vacantes estarán habilitadas para su uso, sus códigos no serán eliminados y no se requerirá la autorización de la Autoridad Presupuestaria.

El diputado Pablo Heriberto Abarca aseguró que el PAC es un Gobierno gastón y la norma se requiere para poner un freno a este gasto, pero se logró un acuerdo para ser mejorada.

Un criterio similar expresó el legislador Gustavo Viales, al asegurar que la norma 12 frena el gasto del Gobierno y no se debe eliminar del todo.

La diputada oficialista Laura Guido, explicó que la modificación no afecta el presupuesto establecido, ya que son plazas que ya existen.

Para Guido, se da claridad de que la norma a como había sido aprobada era perjudicial al cerrar las plazas de manera automática y sin un estudio previo.

El frenteamplista José María Villalta Florez-Estrada indicó que es muy diferente destruir los servicios que buscar ahorros. “La norma 12 lo que provoca es un daño”.

Villalta resaltó que se está tomando conciencia del “daño causado”, pues sólo en el segundo semestre del año anterior se congelaron más de 900 plazas en el Ministerio de Educación.

Tanto Villalta como el diputado Wagner Jiménez, criticaron que se dejara por fuera el Título I del Ministerio de Educación donde están los conserjes y cocineras.

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