lunes 29, noviembre 2021
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Argentina se moviliza por 35 femicidios en 2021 y denuncia la responsabilidad del Estado

Buenos Aires, 17 feb (Sputnik).- Bajo la consiga «El Estado es responsable», organizaciones feministas y civiles argentinas convocaron para este miércoles una concentración nacional contra los 35 femicidios cometidos en lo que va del año, a raíz del caso de Úrsula Bahillo, una joven de 19 años asesinada en la ciudad bonaerense de Rojas por su expareja.

«El Estado es responsable, estamos denunciando que se acabe la complicidad de la policía, estamos exigiendo la renuncia o la sanción del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y también la inmediata implementación de la emergencia Ni una Menos», dijo a Sputnik la coordinadora nacional de la organización Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), Silvia Ferreyra, una de las convocantes a la movilización.

Según los datos del Observatorio de Mumalá, en lo que va del año se registraron 50 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, de las cuales 35 están caratulados como femicidios, mientras que hay seis casos en procesos de investigación y nueve vinculados a situaciones delictivas donde la cuestión de género es determinante a la hora del crimen, explicó Ferreyra

Caso Úrsula

Úrsula Bahillo fue asesinada por su expareja, un policía de la provincia de Buenos Aires, el 9 de febrero.

El caso conmovió a Argentina en las últimas semanas debido a que la joven había denunciado a su agresor, había hablado con sus amigas sobre el tema, y esto no bastó para salvar su vida.

Su femicida, Matías Martínez, es un agente vinculado a la fuerza de la provincia de Buenos Aires, que ya contaba con una denuncia por violación a una menor y otras por violencia machista.

Ferreyra considera que el asesinato de Úrsula dejó en evidencia «toda la inacción del Estado, que ha quedado a ojos vista de la sociedad y es lo que más impacta».

«Había una denuncia penal que tenía un pedido de detención (para Martínez) por la Fiscalía en uno de los distritos, había además otras denuncias de violencia machista en otras fiscalías realizadas por dos personas distintas, y sin embargo ninguna de esas tres líneas de investigación sirvió para que en el juez a cargo librara en definitiva la orden de detención», explicó Ferreyra.

No es un caso aislado

Según los datos de Mumalá, el 12 por ciento del total de femicidios en enero de 2021 (que fueron 26) fueron cometidos por agentes de seguridad en actividad o en retiro.

«Eso nos llama a la reflexión en cuanto a la responsabilidad del propio Estado, porque las fuerzas de seguridad lógicamente tienen una fuerte incidencia en la búsqueda de protección y en la búsqueda de seguridad entre quienes atraviesan situaciones de violencia machista y es imperdonable que desde el propio Estado se siga en un marco de inacción respecto a los agentes que tienen denuncias previas», dijo Ferreyra.

La representante de Mumalá también recordó que la propia ministra de las mujeres, género y diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que hay más de 5.000 agentes en la provincia de Buenos Aires con denuncias previas por violencia machista.

Basta de complicidad

En ese sentido, Ferreyra señaló que es urgente tomar medidas concretas que terminen con la complicidad policial.

Entre ellas pide identificar a quiénes son los agentes con denuncias, dónde cumplen tareas, cuáles han sido sancionados de forma efectiva, y también una política de desarme para quienes han sido denunciados por violencia machista «porque es un peligro que sigan portando armas».

También indicó que es necesario identificar a los agentes que fueron cómplices de sus compañeros a la hora de dar lugar a las denuncias.

«La propia institución tiene que dar rápidamente señales de que se va a investigar a fondo, para poder dar un mensaje ejemplificador para terminar definitivamente con esta complicidad», consideró.

En el caso de Úrsula, la complicidad policial también quedó evidenciada en la reacción de los agentes ante una movilización de pedido de justicia frente a la comisaria de la localidad de Rojas que fue reprimida con balas de goma.

Ferreyra explicó que el principal problema en la sociedad es la falta de confianza en las instituciones.

«La gran mayoría de las víctimas no acudieron al Estado a buscar a ayuda porque sin dudas estas mismas acciones que trascienden (como el caso de Úrsula) contribuyen a que se disminuya la confianza en que efectivamente a través de la denuncia se pueden revertir las situaciones de amenaza», dijo.

De los femicidios registrados en 2021, el 25 por ciento tenían denuncias previas, y de esas la gran mayoría tenían incluso libradas las medidas de protección, según los datos del observatorio, sin embargo no pudieron evitar los desenlaces fatales.

Movilización

«Lo que estamos exigiendo es que no queremos más muertes por ausencia del Estado, tampoco queremos más muertes por complicidad política con la policía, estamos exigiendo que todas las medidas que están ya en su gran mayoría plasmadas en las leyes vigentes se ejecuten en la realidad, la ausencia por parte del Estado no es ausencia de normas sino la puesta en marcha para poder llevarlas a la práctica», explicó Ferreyra.

En ese sentido, agregó que fundamental la asignación presupuestaria para poder, por ejemplo, contar con dispositivos electrónicos como tobilleras «que en otros países han demostrado tener una efectividad bastante buena en materia de prevención de los femicidios».

Además, piden una implementación real de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en género en todos los ámbitos del Estado, más allá del dictado de talleres, «para poder interpelar aquellas prácticas que se siguen repitiendo sistemáticamente» a la hora de acompañar a aquellas personas que atraviesan situaciones de violencia, y de la Ley de Educación Sexual Integral. (Sputnik)

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