De cal y de arena
A propósito de los trámites en la Asamblea Legislativa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y del conjunto de leyes que le acompañan: otra vez vuelve a ponerse de manifiesto el pernicioso efecto que tiene la ausencia de habilidad política en la gestión del Poder Ejecutivo. Es evidente que el presidente Alvarado Quesada ni tiene experiencia política ni ha dejado ver que percibe esa laguna personal y que le es preciso conformar un equipo de trabajo ducho en el movimiento de las fichas propias del ajedrez político.
Salió electo presidente de la República en la segunda convocatoria a elecciones por cuanto ningún candidato había alcanzado el 40% de los sufragios efectivos. Y su triunfo fue resultante de una “jugada de carambola” en la que no se hizo presente ningún factor distintivo de una pericia política que por algún artificio hubiese emergido con ocasión de ese segundo proceso; no antes.
Por si fuera poco, su partido solo obtuvo diez curules; del mismo modo, “grisáceos” hasta la opacidad, sus miembros. Y para mayor estrés, le legaron (los de su mismo partido, en el gobierno precedente) una situación fiscal asfixiante.
Para encararla, y desprovisto de oxígeno político propio, el presidente Alvarado no tuvo más remedio que apelar a otras fuerzas políticas y sociales identificadas con la necesidad apremiante de estructurar un plan estratégico montado en una serie de medidas relativamente extremas con el cual salir del apuro. Así, más que al lomo de caballo propio y más con aportes ajenos que con sus propias iniciativas, se dictó la Ley 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas) a la que puso el ejecútese.
Para su infortunio (y el del país) estalló la pandemia del covid-19. Y todo el oxígeno que se obtendría con la Ley 9635, se esfumó: las finanzas públicas se desplomaron, la economía se vino a pique, estalló el desempleo en cifras no vistas antes, la salud pública reventó sus amarras, liceos y escuelas cerraron, las protestas sociales estallaron de frente a un gobierno que se atarantó y perdió toda capacidad de reacción, la delincuencia sacó las uñas… Un cuadro realmente grave que planteaba todo tipo de desafíos, el principal el de la experiencia política, la habilidad política, la capacidad para el juego de cintura indispensable en la política. Exactamente, lo que el presidente Alvarado Quesada no tiene.
Tras mucho titubeo y en medio de innecesarios flirteos con actores que poco o nada le iban a aportar, el presidente de la República (quizás a regañadientes, también) dio luz verde a negociar una salida del problema por la vía del Fondo Monetario Internacional: un acuerdo de préstamo de facilidad ampliada por $1.750 millones a desembolsar en tres años, atado a la adopción de una serie de reformas legales dirigidas a recortar gasto público y reforzar los ingresos, con un “período heroico” de tres años que va a producir el “milagro” de invertir los términos de un asfixiante déficit presupuestario para pasar a un superávit primario. ¿A qué costo social?. Nadie quiere referirse a ello; quizás por temer algo que puede estar cercano a una convulsión social.
Claro, será a las autoridades que asuman el gobierno el 8 de mayo de 2022 a las que les va a caer la difícil tarea de lidiar con la conflagración.
Entiendo, pues, que haya diputados y dirigentes políticos muy preocupados por los contenidos de las leyes complementarias, en particular si es que tales leyes “no dan en el clavo” de la solución de la crisis fiscal y si estrechan todavía más los espacios en que se supone que debería gestarse la reactivación del aparato económico.
Y como entiendo sus recelos y su interés en revisar si las leyes complementarias son susceptibles de mejorarse –tal y como lo plantean economistas de uno y otro signo ideológico- en precaución de un colapso de peores consecuencias, tengo por cierta la legitimidad de sus posiciones para ejercer el derecho de enmienda de tales leyes.
Al presidente Carlos Alvarado le quedó grande, muy grande, la camisa. Su inepcia política lo ha dejado sin autoridad para emprender la ingente tarea de sanear las finanzas y la economía nacionales. No hay más que depositar en la Asamblea Legislativa esta desafiante tarea redentora.
De por sí grave y de complicados contenidos, el manejo del problema que padecen las finanzas públicas –lejos de encaminarse a hallar la salida- tiene todos los signos de tornarse más enredado, tantos como para crear la sospecha de que las leyes complementarias convenidas entre la delegación costarricense y la representación del Fondo Monetario Internacional carecen de idoneidad para atacar las causas de la virtual bancarrota fiscal y de sus efectos en la economía sin exponer al país a graves desequilibrios sociales.
Y no porque en ciertas instancias políticas llamadas a participar en la toma de la decisión de buscar el amparo del FMI, exista la determinación (así sea a regañadientes) de suscribir con él un acuerdo; es que lo que asoma la traza de una complicación en la agenda parlamentaria de lo negociado es la desconfianza en la certeza de que las leyes complementarias a ese acuerdo nos van a terminar arrastrando al país a una convulsión social.
(*) Álvaro Madrigal es Abogado y Periodista
