La respuesta a la pregunta del anterior título es, claramente, un contundente no. Seguidamente explico por qué.
Las cinco universidades públicas de Costa Rica hacen grandes aportes al desarrollo nacional mediante las tres principales áreas de su actividad sustantiva: la investigación, la docencia y la extensión o acción social.
La investigación, que consiste en la búsqueda sistemática del conocimiento, bien puede ser considerada la base de todas las demás actividades académicas sustantivas. Hoy las universidades públicas costarricenses son las principales productoras de conocimiento científico y académico en el país, así como en toda la región de Centroamérica y el Caribe. Estas investigaciones sirven para avanzar el conocimiento básico como aplicado, y sirven para nutrir importantes procesos sociales, económicos, políticos y culturales, que ven sus bases fortalecidas al valerse y sustentarse en este valioso conocimiento. Estos avances no podrían existir sin autonomía universitaria, pues en ausencia de esta, las universidades no podrían decidir qué investigar ni cómo, sino que esto se encontraría sometido a los vaivenes de los intereses políticos y económicos hegemónicos. Y no solo eso, los resultados mismos y la publicación de ellos se verían también manipulados por intereses no académicos, lo cual sería desastroso para el desarrollo nacional. Al poder investigar con autonomía, las universidades pueden ayudar a descubrir no solo problemas, sino también sus causas, lo cual puede ayudar mucho a corregirlos. Sin autonomía en materia de empleo público: ¿cómo podrían las universidades seguir contratando a las y los mejores investigadores?
La docencia, que es la labor de enseñanza de pregrado, grado y posgrado, ve en la libertad de cátedra su principal expresión de la autonomía universitaria. Sin esta autonomía no puede haber libertad de cátedra, pues al verse la enseñanza sometida a los intereses del gobierno central de turno, estará entonces controlado políticamente qué se enseña y cómo se enseña. No sería extraño, sin autonomía, que los políticos y poderosos usen sus palancas para admitir o aprobar a sus protegidos en las carreras de mayor dificultad de ingreso.
La extensión o acción social, que es la labor de proyección universitaria directa hacia el resto de la sociedad, también requiere de la autonomía universitaria, pues es esta la que le permite decidir dónde, en qué y cómo se interviene. Hoy las universidades públicas tienen cientos de proyectos de extensión y acción social en diversas comunidades que se pondrían en peligro sin autonomía universitaria.
¿Es posible mantener la calidad y pertinencia en investigación, docencia y extensión sin la autonomía universitaria? Si las universidades son intervenidas por el poder político como lo pretende el proyecto de ley de empleo público, tendríamos entonces intereses no académicos influyendo y decidiendo sobre las actividades académicas sustantivas, empezando por la propia contratación del personal.
La autonomía universitaria no es para “hacer lo que dé la gana” a las universidades públicas, sino para poder tomar decisiones responsables. La autonomía universitaria sirve para resguardar que la actividad sustantiva académica esté orientada por el criterio académico, no por el criterio político, que es lo que pretenden los promotores del proyecto de ley de empleo público.
Los excesos, que han ocurrido, deben corregirse, pero no es aceptable que se quiera generalizar con algunos casos como si estos fueran representativos de la realidad de toda la institucionalidad universitaria pública costarricense.
Las y los rectores se han comprometido públicamente a crear un nuevo sistema de remuneración universitario que logre el equilibrio que la sociedad requiere: un equilibrio financiero con estimulación de la excelencia y plena autonomía, tal como lo garantiza el artículo 84 de la Constitución Política.
Al contrario de lo que se cree, entre mayor autonomía mayor responsabilidad y espero que la actual crisis sirva para mejorar la rendición de cuentas de las universidades a la sociedad costarricense, precisamente para que se pueda comprender mejor y potenciar su aporte al desarrollo nacional.
(*) Pablo Chaverri, académico INEINA-CIDE-UNA
Don Pablo,una vez mas ,la Autonomia no esta en juego ni entredicho.Son los privilegios de las anualidades los que han golpeado severamente las finanzas de las universidades.Recomiendo el editorial de La Nacion del dia de hoy,donde claramente exponen que la rectora Yamileth Gonzalez fue la que insistio y aprobo el incremento a 5.5 % las anualidades y obviamente los beneficiados que hoy lloran, en ese momento y durante años han sido pura alegria.Despues de un gustazo un trancazo , dice el refran.Las mismas universidades crearon el problema que hoy viven.Vale que son Catedraticos .
Concuerdo! El recorte de privilegios salariales mediante una ley de la república no tiene por qué poner en vilo la función social de las universidades, pues no es una intromisión del poder ejecutivo. Ningún funcionario podría ser perseguido por su postura ideológica o de manera focalizada! Ningún área del conocimiento o investigación estaría “en jaque”. La Universidad conservará toda su autonomía académica y administrativa.
Los fondos provenientes de las FEES no son de uso irrestricto, pues provienen de negociaciones anuales dependientes del presupuesto ordinario y por consiguiente están sujetos a las leyes e instituciones que rigen esos dineros.
Hace más de una década los rectores reconocieron que la política salarial era insostenible, sin que nadie se tomara la molestia de solventar esa clara deficiencia expuesta por estudios actuariales…
Un digno estipendio es indispensable para los colaboradores, pero las claras desigualdades demuestran que no van en pos de la calidad de la educación, prueba de ello es que 273 conserjes de la casa de estudios ganan más que el ministro de hacienda y que muchos de sus profesores! Es inaceptable que las políticas salariales dependan de la antigüedad de los trabajadores y no del crecimiento o desempeño profesional de los mismos!!!
La autonomía no está en juego, esa es la cortina de humo que tienen para confundir y evitar que les pongan orden en las finanzas.