sábado 1, octubre 2022
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Probidad en la gobernanza (o la falta de)

En Costa Rica, el camino hacia el desarrollo quedó comprometido tiempo atrás, cuando se comenzó a descuidar la educación en todos sus niveles. Cuando la honradez, la integridad, la dignidad y la conciencia comenzaron a ser reemplazadas con la deshonestidad, la corrupción y la inconsciencia. Cuando al embaucador se le tildó de “astuto”, al ladrón de “intrépido”, al usurero de “vivo” y al mentiroso se le permitió normalizar una “nueva verdad” con base a tecnicismos legales y administrativos. Cuando el éxito se comenzó a medir en términos de la ganancia personal y la auto-promoción, y se dejó de lado la visión país y el interés social superior ante una visión de negocio, perdiéndose así el concepto de inversión social.

Nuestra sociedad hoy vive realidades cargadas de estas situaciones negativas y el Congreso y el Ejecutivo son un reflejo de ello; donde algunos de los políticos ya ni siquiera esconden su falta de probidad en su función pública, desbalanceando la gobernanza del país. Sí un diputado o diputada vota favorablemente sobre algún asunto luego que la Procuraduría General de la República advirtiese que es inconstitucional, ¿qué hacer? Aún cuando existe en la Asamblea Legislativa el procedimiento para efectivamente expulsar un diputado que actúa en contra de las normas éticas, hoy día son tantos los infractores que nunca se alcanzaría el quórum para siquiera abrir un proceso. Se esconden impunes detrás de su fuero legislativo.

Sin probidad, ni vergüenza, vemos agentes políticos alimentar mentiras y esparcir opiniones solo tomando en cuenta lo que les conviene, con el fin de crear “una opinión pública” desfavorable en contra de la institucionalidad en general; en contubernio con varios medios que se autodenominan de comunicación colectiva. Los partidos donde pululan estos individuos, están despojados ya del más mínimo vestigio de su base ideológica y su trayectoria histórica, y ya no responden a los intereses de la ciudadanía sino a intereses personales y de negocios.

Un ejemplo de ello, es mantener el procedimiento de enviar listas de nominaciones a diputados a dedo, el cual debe ser erradicado por el bienestar de la democracia. Si como ciudadanos pudiéramos votar de manera individual por cada candidato, y la ciudadanía tuviera la oportunidad de escucharles sobre su visión en temas de transcendencia nacional antes de emitir su voto, la mayoría no llegarán a las curules dentro del búnker parlamentario que representa lo que es hoy el Estado Costarricense; un Estado hermético, inaccesible, sin visión país y lleno de desigualdades.

Los síntomas de esta nueva sociedad emergen en medio de la pandemia del Covid-19, donde la tragedia a nivel social está lejos de resolverse. De manera virulenta, se aglomeran los políticos de turno de todas clases a desbaratar nuestro Estado Social de Derecho; el tejido social que mantuvo a Costa Rica lejos de convertirse en una nación fallida y que ha brindado décadas de paz y estabilidad social.

Como adictos al dinero, ya sin sonrojarse, piden la privatización de Fanal cuando la sociedad requiere de esta industria para sostener una serie de servicios sociales, así como la producción de alcohol por la emergencia sanitaria. El problema de Fanal es que no se le permite lucrar, en un contexto económico evidente donde es altamente rentable la producción de alcohol y su comercialización.

Que promueven cambios en los sistemas de pensiones, con el timo de la entrada de Costa Rica a la ODCE, con el fin último de socializar las deudas y pérdidas entre los diferentes sistemas para repartir pobreza a futuro. Caso evidente del sistema chileno, una vez “homogenizado y pasteurizado” el producto, estuvo listo para la privatización. De la precarización de las pensiones todavía resuenan las escaramuzas entre manifestantes y la policía chilena hoy en día.

De los paquetes de impuestos ya aprobados, tenemos que agradecer al Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa por darle la razón tácita a los actores económicos que evaden y eluden impuestos en el país, que el sector público es el que debe pagar esa deuda. Si lo que se evade y elude fuera recolectado podríamos tapar el hueco fiscal actual.

Al parecer es más fácil confiscarle el dinero al asalariado y al pensionado que dar instrumentos a la Hacienda Pública, como por ejemplo el levantar el secreto bancario, para que vaya a verificar los bienes acumulados con el fin de triangular cuentas, sociedades, propiedades y títulos como se realiza en cualquier país civilizado y con la madurez fiscal.

No queda claro si las fuerzas sociales de nuestra nación saldrán de este letargo del que ha sido contagiada durante este último año de pandemia y lucharán por el bienestar social y el Estado Social de derecho. Los pactos sociales dentro de las naciones son los pilares que mantienen la paz y el desarrollo social. Son las bases que impulsan los procesos de pertenencia y unidad para beneficio mutuo, el cual es indispensable para asentar una identidad nacional.

Una vez que se desmoronen, quedará lo que históricamente se ha repetido en las sociedades latinoamericanas, esto es, la violencia, la pobreza y una brecha económica y desigualdades donde solo unos pocos acumularan toda la riqueza. El producto de los actos de la clase política actual, empeñada en romper el pacto social, cuyo impulso yace en varias de las élites económicas del país, nos pasará la factura más adelante desgarrando el tejido social.

(*) Esteban Damián Avendaño Soto

 

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