Apoyamos la aprobación del Acuerdo de Escazú, por considerar que el mismo contribuye al fortalecimiento del ordenamiento jurídico ambiental de nuestro país, la justicia ambiental y el derecho a la información.
Instamos respetuosamente al presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada y a la ministra del MINAE, doña Andrea Meza Murillo a desarrollar una campaña para desmitificar y desmentir las falsedades o malentendidos que varios grupos políticos y cámaras empresariales han difundido sobre el Acuerdo de Escazú.
A la comunidad ambientalista la instamos a dar la cara y a emitir pronunciamientos con criterios técnicos que aclaren a toda la ciudadanía los mitos que ciertos intereses particulares están buscando que prevalezcan en la mente de las personas, como por ejemplo los siguientes:
MITO 1. Si se aprueba el Acuerdo de Escazú acabará el principio de inocencia y a cualquier empresario que se le acuse de un daño ambiental, deberá probar que él no lo cometió y, mientras tanto, su empresa se paralizará.
FALSO: Desde 1998, el artículo 109 de la Ley de la Biodiversidad estableció la “inversión de la carga de la prueba” en materia ambiental y este principio ha sido aplicado por los magistrados de la Sala Constitucional y de la Sala Primera en procesos contenciosos administrativos, amén del TRIBUNAL AMBIENTAL ADMINISTRATIVO.
La lógica del principio de “inversión de la carga de la prueba” nace para proteger al ambiente y a la parte más débil de un posible litigio: los denunciantes, ya que ellos no tienen posibilidad de tener acceso a las pruebas. Este principio busca equilibrar el derecho. No es injusto, ni inconstitucional, ni es algo nuevo que se esté introduciendo en nuestro ordenamiento jurídico, ya existe y ha sido aplicado. Es, simplemente, un recurso técnico de la justicia para equilibrar el poder de las partes.
MITO 2: Si se aprueba el Acuerdo de Escazú, toda persona podrá revisar cualquier expediente de SETENA y tener acceso a información privada de los empresarios y de los proyectos, violentando con ello el principio de privacidad.
FALSO: Desde 1995 cuando se crea la SETENA por la Ley Orgánica del Ambiente, se trabaja con la transparencia debida. La información ambiental que consta en los expedientes de SETENA es accesible para cualquier persona desde hace más de 20 años. Además, en SETENA no constan secretos industriales, ni nada por el estilo, solo datos ambientales y sociales de los proyectos.
MITO 3: Si se aprueba el Acuerdo de Escazú y se interpone una denuncia contra un empresario, su proyecto será detenido por medio de medidas cautelares.
FALSO: Las medidas cautelares son impuestas por la Sala Constitucional desde 1999 cuando se crea la Sala en la Ley de la Jurisdicción constitucional pero, al igual que en los procesos agrarios o contenciosos administrativos, caben medidas cautelares en caso que el denunciante demuestre alguna relación entre un daño y una actividad.
EL ACUERDO DE ESCAZÚ no implica en ninguna de sus normas que “los procesos ambientales deberán ser ganados por los ambientalistas”, o por quien denuncia. Lo único que dispone el Acuerdo es un derecho de información, un derecho de participación y un derecho de acceso a la justicia ambiental. NADA MÁS.
En el caso del agua de Sardinal, en el 2017 la Sala declaró sin lugar un amparo contra la extracción del agua, bajo el criterio de que “el derecho de información ambiental no era un derecho humano”. Resoluciones como esta es lo que se quiere evitar con la aprobación de Escazú. Se busca hacer justicia y se establecen mínimos ambientales para los Estados que ratifican ese acuerdo.
Finalmente, en adición al tema de la justicia ambiental, el Acuerdo de Escazú obliga a los Estados a investigar las eventuales muertes de ambientalistas y denunciantes asesinados, y a llevar estos procesos hasta las últimas consecuencias. Debe saberse que el BID, la OCDE, Banco Mundial y el Banco Europeo destacan la relevancia del Acuerdo, por lo que el desarrollo sostenible previsto dentro de ese texto está avalado por esos entes económicos.
POR LO EXPUESTO, EL FRENTE POR LAS AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS INSTA A LOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADOS A LA APROBACION DE ESTE IMPORTANTE TRATADO, RECONOCIENDO QUE EL MISMO REPRESENTARÍA UN FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE NUESTRO ORDENAMIENTO JURÍDICO AMBIENTAL Y QUE, DE NINGUNA MANERA, EL MISMO PERJUDICARÍA A EMPRESAS NI ACTIVIDADES PRODUCTIVAS RESPETUOSAS DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES. ASIMISMO, INSTA A LA COMUNIDAD NACIONAL A APOYAR E IMPULSAR LA APROBACION DE ESTE ACUERDO.
Por: Frente por las Áreas Silvestres Protegidas.
San José, Mayo 2021
Atentamente,
Jorge Serendero Hülssner Coordinador FASP
Integrantes del FASP:
Mario A. Boza Loría(TLT/The Leatherback Trust) – Jorge Serendero H. (For the Oceans)
Geiner Golfín Duarte (SITRAMINAE) – Miguel Madrigal Hernández (Consultor)
Luis Diego Marín Schumacher (Preserve Planet) – Rolando Portilla Pastor (Consultor)
Javier Rodríguez Fonseca (Fundación Promar) – Álvaro Sagot Rodríguez (Abogado Ambiental)
Elizabeth Solano Pacheco (TLT/TheLeatherback Trust) – Eduardo Carrillo Jiménez (Universidad Nacional)
Max Villalobos Vargas (IDEHS/Iniciativas para el Desarrollo Humano Sostenible)
John Tresemer (Consultor) – Ronald Sánchez (Consultor)
Si los argumentos esgrimidos por los contrarios al Acuerdo de Escazu,ya estan vigentes en distintas leyes y hay pronunciamientos de la Corte cual es la necesidad de que Costa Rica firme el Acuerdo.
Solo ver el listado de los firmantes es suficiente para oponerse a su firma.
Al Acuerdo de Escazú, lo han presentado las cámaras empresariales como algo nefasto para Costa Rica, cuando se trata de todo lo contrario. Muy claras las explicaciones sobre la clase de mentiras que han repetido muchos diputados del PUSC y los tránsfugos de Renovación, así como algunos candidatos del PLN: todos haciendo el ridículo y demostrando que no se saben leer un texto. Y que si lo leen, no les da para entenderlo. Pobre mi país !