sábado 4, febrero 2023
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Fiscalía alemana investiga posible fraude en test rápidos de covid-19

La Fiscalía de Delitos Económicos de la ciudad alemana de Bochum (Renania del Norte-Westfalia) investiga el posible fraude realizado por centros de pruebas de test rápidos de coronavirus.

Los centros que ofrecen estas pruebas gratuitas a los ciudadanos se multiplicaron en las ciudades alemanas en las últimas semanas. Están financiados por el Gobierno y son utilizados por los residentes para demostrar que son negativos y poder así acceder a museos o cenar en restaurantes.

El Gobierno asume los costos de estos test de antígenos y paga por cada uno de ellos 18 euros (casi 22 dólares) a las empresas que los realizan. En los meses de abril y mayo desembolsó 660 millones de euros (804 millones de dólares) por este concepto.

Según investigaciones de los medios germanos «Süddeutsche Zeitung», NDR y WDR, muchos de los centros podrían haber facturado muchas más pruebas de las que realmente realizaron.

Según las investigaciones de dichos medios, el sistema invita al fraude en la facturación, ya que no hay control por parte de las autoridades.

Los controles aleatorios en un centro de pruebas de la ciudad de Colonia, por ejemplo, demostraron que en lugar de los 70 test realizados se facturaron casi 1.000. Resultados similares se obtuvieron en las ciudades de Essen y Münster, entre otras.

La Fiscalía confirmó que está investigando a dos personas de una empresa con sede en Bochum que gestiona centros de pruebas en varias ciudades.

La Fiscalía de Bochum informó que se procedió a registrar locales comerciales y residencias privadas en la región del Ruhr, en el oeste del país, y que se confiscaron documentos. La autoridad no citó el nombre de la empresa objeto de su investigación.

«Es necesario realizar controles precisos de las cuentas de los centros de pruebas de coronavirus si hay indicios de irregularidades. Si hay sospecha de fraude, es necesario realizar investigaciones penales consecuentes», informó hoy el Ministerio alemán de Justicia en un comunicado.

El fraude comercial puede ser castigado con hasta 10 años de prisión según el código penal germano.

Por su parte, el ministro alemán de Sanidad, Jens Spahn, dijo hoy confiar en el comportamiento «muy correcto» de la mayoría de los operadores de los centros de pruebas.

«Ahora estudiaremos si hay que reforzar los mecanismos de control», añadió.

Desde principios de marzo, el Gobierno federal asume los costes de al menos una prueba rápida de antígenos por ciudadano a la semana.

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