miércoles 8, febrero 2023
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CIDH visitaría Colombia del 8 al 11 de junio para evaluar situación de DDHH en protestas

Bogotá, 31 may (Sputnik).- La vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, anunció este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Gobierno espera su visita del 8 al 11 de junio para que ese organismo evalúe la situación de derechos humanos en el país en el marco de las protestas que se desarrollan desde el pasado 28 de abril en contra del Gobierno, y en las que se ha denunciado abuso policial.

«La visita de trabajo se iniciaría el día 8 de junio con una presentación del Estado colombiano, donde se expondrá brevemente la información entregada en la audiencia privada y en la que participarán otras entidades del Gobierno que presentarán sus informes relacionados con los hechos vividos en Colombia desde el 28 de abril de 2021», indica una carta de Ramírez, con fecha de este lunes, dirigida a María Claudia Pulido, secretaria Ejecutiva Interina de la CIDH.

Ramírez precisó que la visita del 8 de junio debe estar supeditada a que la Comisión sostenga, un día antes, una audiencia privada en Bogotá con todas las instituciones y los organismos de control.

«Audiencia privada el 7 de junio en Bogotá, con la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público) y la Defensoría del Pueblo, para entrega de la información solicitada, que le permita a la CIDH contar con un balance independiente, integral y transparente sobre la situación actual», precisa la carta.

En la misma, Ramírez reiteró la solicitud de contar «con el protocolo y formato de visita» que la CIDH tiene previsto realizar, «a fin de sugerir que la visita comprenda mínimo cuatro días, de modo tal que tengan el tiempo suficiente para visitar las ciudades de Cali, Tuluá y Popayán (suroeste), dado que son casos emblemáticos de grave afectación a los derechos humanos».

La funcionaria resaltó que la visita a esas ciudades es necesaria debido también a las afectaciones que vivieron sus habitantes en lo que respecta «a la salud, alimentación, trabajo, movilidad, desarrollo económico, la vivienda y saneamiento básico, así como el ataque al poder judicial, con proporciones similares a las que tuvo la toma del Palacio de Justicia en el año 1985».

La misiva subraya que, «conforme a los términos propuestos, la visita se desarrollaría desde el día 8 de junio hasta el 11 de junio, con la previa coordinación conjunta entre la CIDH y el Estado colombiano».

Desde el pasado 14 de mayo la CIDH pidió al Gobierno colombiano que permita el ingreso de una comisión al país, pero luego de una reunión hace una semana entre Ramírez y Pulido, en Washington, la vicepresidenta colombiana señaló que dicha visita sólo podría hacerse después del 29 de junio, fecha sugerida por la propia CIDH después de que evaluara una serie de informes de la Fiscalía, Procuraduría y Defensoría.

Sin embargo, ante el debate generado por la demora en recibir la comisión, Ramírez dijo el pasado 26 de mayo que si la CIDH lo desea, puede visitar el país a la brevedad.

Colombia cumplió el lunes 34 días de paro nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal y otras medidas impulsadas por el Gobierno, lo que ha derivado en fuertes enfrentamientos entre civiles y policías en diferentes ciudades, así como disturbios, saqueos y actos de vandalismo.

Según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, al menos 63 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y 866 civiles han sido heridos, de las cuales al menos 50 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía.

Además, se detuvo de manera arbitraria al menos a 2.152 personas y se cometió violencia de género contra 87 personas.

Ante las denuncias de abusos por parte de la Policía, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza publica. (Sputnik)

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