San José, 14 jun (Elpaís.cr).- El Ministerio Público de Costa Rica ha detenido, por corrupción, a empresarios de construcción de carreteras y a funcionarios de mandos medios del Gobierno, durante 57 allanamientos por malversación de fondos de unos 78 mil millones de colones.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en conjunto con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), informó que ejecuta 57 allanamientos simultáneos, con el objetivo de obtener prueba para una investigación dirigida contra un grupo criminal dedicado a la comisión de delitos de corrupción para la obtención de beneficios indebidos en los procesos de contratación y ejecución contractual de obra pública, a cargo del Consejo Nacional de Viabilidad (CONAVI).
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público allanaron el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Casa Presidencial y otras instituciones públicas por presunta corrupción, así como de la Región Huetar Norte.
Casa Presidencial informó que «ha dado y dará toda la colaboración a las autoridades judiciales en la diligencia de investigación que están realizando en busca de recabar elementos que puedan tener relación con el objeto de análisis de dicha investigación».
«Reiteramos la profunda convicción de que la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas», añadió el comunicado de Casa Presidencial.
Aseguró que «en aplicación de esa convicción, se facilita y facilitará a las autoridades cualquier información o documentación que pueda resultarles de utilidad para determinar los hechos en la investigación que desarrollan».
Entre las personas detenidas están los empresarios de Meco y H. Solís, de apellidos Cerdas y Solís, respectivamente, mientras que en Casa Presidencial fue detenido el asesor Camilo Saldarriaga. Poco después Casa Presidencial informó que Saldarriaga se encuentra en libertad tras los allanamientos a su oficina y a la residencia.
«De acuerdo a la información que tenemos el señor Camilo Saldarriaga no fue detenido y se encuentra en libertad. Como se informó antes, su oficina fue allanada. Asimismo, de acuerdo a la información que tenemos su vivienda también fue allanada, pero él se encuentra en libertad», aseguró en un comunicado..
El director del OIJ, Wálter Espinoza Espinoza, informó que se pretende detener a 19 funcionarios públicos y 13 particulares.
Espinoza explicó que la investigación se originó por denuncias presentadas en 2018 debido a que “un grupo de personas de funcionarios públicos que estaban ubicados o que efectuaban actividades laborales particularmente en Conavi, que estaban irregularmente favoreciendo a algunas empresas y que la favorecían para obtener beneficios en el ámbito de la construcción mantenimiento y desarrollo de carreteras”.
‘Nos referimos a la recepción de sobornos, obtención de regalías, gratificaciones irregulares y evidentemente un comportamiento del sector privado dirigido a lograr situaciones de ventajas para sí, en el tema de pagos para fondos, para presupuestos adelantados y muchas otras circunstancias’, señaló el director del OIJ.
Explicó que los presuntos delitos de esas personas serían asociación ilícita, peculado, cohecho, malversación y tráfico de influencias, entre otros, y adelantó que resulta uno de los casos de corrupción más grandes vistos en este país.
“Los funcionarios públicos esencialmente lo que recibían eran favores y sobornos constantes que se mantuvieron en el tiempo que responden ya a una planificación desde el punto de vista delictivo de parte de ellos, y que les permitía obtener dinero vehículos, terrenos, viajes, favores sexuales y todo aquello que ustedes puedan imaginarse para efectos de que algunas empresa pudiera verse beneficiada”, resumió el jerarca policial.
Detalló que ‘se trata de un grupo de funcionarios que vendieron sus conciencias éticas y morales, que recibieron sobornos y usaron sus puestos para favorecerse. Y un grupo de empresas privadas que aprovecharon esta situación también para favorecerse’.
De acuerdo con la FAPTA, en el expediente 19-000025-1218-PE se investigan presuntos delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y estafa, en perjuicio del Estado, en contra de funcionarios públicos del CONAVI, Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Ministerio de Hacienda, así como de personas particulares de empresas constructoras.
Las diligencias judiciales solicitadas por la FAPTA ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del II Circuito Judicial de San José se ejecutaron en las casas de habitación de los sospechosos, ubicadas en diversos puntos del Área Metropolitana, así como en las oficinas de cada uno de estos y en las empresas de interés, localizadas en San José y en San Carlos.
La Fiscalía Anticorrupción confirmó que unos de los sitios que se allana es una oficina que está dentro de Casa Presidencial, que es usada por asesores presidenciales; no es ocupada por ministros o miembros de los Supremos Poderes.
La prueba que se procura obtener en esos sitios es documentación, equipo electrónico y otros indicios relevantes para el proceso que se tramita, conforme lo dicta la ley en este tipo de diligencias y con la presencia de un Juez Penal de Garantías en cada lugar.
Las personas imputadas se encuentran a la orden de la FAPTA en calidad de detenidas y en el transcurso del día se les tomará la declaración indagatoria; tras el análisis de la situación particular de cada una de estas, la Fiscalía valorará la solicitud de medidas cautelares, mientras avanza la investigación.
Por otra parte, Casa Presidencial informó que a las 11:45 de esta mañana concluyó la diligencia que realizaron autoridades judiciales en busca de recabar elementos que puedan tener relación con la investigación que están desarrollando y que dio inicio a las 7:08 de la mañana.
«Se concentró en la oficina de un asesor presidencial, de apellido Saldarriaga Jiménez, que por la naturaleza de sus funciones ha atendido temas de infraestructura y hacendarios, y también efectuaron los respaldos informáticos que estimaron pertinentes», indicó.
Además, señaló que «reiteramos nuestra convicción de que la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas, por lo que cualquier denuncia de corrupción debe ser investigada y sancionada con apego al Estado de Derecho que nos rige. En aplicación de esa convicción se ha facilitado y se facilitará a las autoridades cualquier información o documentación que pueda resultarles de utilidad para determinar los hechos en la investigación que desarrollan, la cual no conocemos en sus detalles específicos, y se les dará toda la colaboración necesaria».
Soñé que en nuestro país, la ética y los valores morales habían regresado triunfantes a las instituciones publica y privadas.
Y que extraño, en parecidas circunstancias tuvo que actuarse con respecto al affaire de la Trocha de Laura, y que es la vida, jamás se actuó como hoy vemos en estos momentos pre-electoreros. Fueron cientos, miles de millones invisibles hasta para la Controlaría. ¿Será que se pretende distanciar al «no me acuerdo» del desastroso mal a la perikada vigente, dentro y fuera del sistema? En iguales términos se encuentra la nueva empleada de la OEA, L. Chinchilla, agarrada contra el rojo Ortega y sus intestinos políticos intereses. El intervencionismo político, en función de haberes del promotor principal (USA), no es función principal de esa entidad en América, en general. Se llegará al punto, cuando se entrecrucen intereses con los grandes intocables (PLN) y aquí, no pasará nada, como es lo de siempre. Ya hasta nos tienen re-acostumbrados, con prescripción incluida.
El Poder judicial haciendo campaña política sucia, excelente el «timing», justo en época electoral, como hicieron con «el cementazo».
Sergio Pérez, su comentario da verdadera tristeza si estuviéramos en un gobierno del PLN o el PUSC ahí estaría haciendo el papel rasgándose las vestiduras y jugando de santo, pero como es el PAC entonces es un montaje o como dice en este momento, es solo política sucia. Personas como usted siempre ponen su partido por encima del país y son una de las razones principales por las cuales nunca salimos del subdesarrollo.
A mi el partido me vale un pepino, el funcionario público debe trabajar para el país, no para la secta política cómo está haciendo el Poder judicial, porque no empieza por limpiar la casa y ofrecer justicia pronta y cumplida, y dejar de estar liberando golondrinas y contratando narcotraficantes?.
Hay mucho que hacer en temas de justicia e investigación que afectan al ciudadano «de a pie» que no son el andar buscando como bajarle el piso al gobierno de turno, a mi me han vaciado la casa dos veces el ampa, y aún estoy esperando que se dignen a darme aunque sea una llamada.
Esto pasó porque otros estaban viendo pasar el tren