Recientemente han acaparado titulares dos exadministradores del Canal de Panamá por sus críticas a la renovación automática, como establece la ley, del primer tramo de 25 años del contrato de concesión a la empresa Panama Ports Company (PPC) para operar por 50 años las terminales de Balboa y Cristóbal, en ambas riberas de vía interoceánica.
Sorprende la vehemencia de los cuestionamientos que, de acuerdo a expertos en temas jurídicos y portuarios, carecen en absoluto de fundamento y, aparte de la intencionalidad política, buscan favorecer a competidores directos de la empresa filial del gigante mundial Hutchison Ports, con sede en Hong Kong.
La corrección ética de ambas figuras no tiene donde ampararse porque no pueden borrar la huella dejada por favorecer a familiares durante su gestión al frente de la principal empresa del Estado panameño. Ambos dieron sus explicaciones en su momento, pero las acusaciones fueron contundentes.
En su edición del 3 de enero del 2014, el diario digital Economía tituló: “La ampliación del Canal de Panamá todo quedó en familia”. Y resumió “El exadministrador del Canal, Alberto Alemán Zubieta, dirigió una empresa asociada con Sacyr. Dos primos y un cuñado viven gratis del contrato que él mismo adjudicó”. El consorcio que se ganó la obra por un costo de $5,450 millones y que fue terminada en el 2016 estaba conformado, además de la española Sacyr, por la empresa italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA.
“A mediados de la década de los 90, Alberto Alemán Zubieta abandonó la primera constructora panameña, CUSA. El relevo lo tomó su primo, Rogelio Alemán, quien adquirió las acciones de la empresa que estaban en manos de Alemán Zubieta. Quince años después, el entonces administrador del Canal decide entregar el concurso al grupo de empresas liderado por Sacyr y en el que también participa CUSA. Su primo estaba de enhorabuena”, publicó el diario.
Y sigue la historia. “Otro primo, Jaime Alemán, está al frente de una de las firmas de abogados más importantes del país, Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), que ofrece asesoría legal al pool panameño liderado por Sacyr”, añadió el diario.
“Alcogal ayudó a montar sociedades fantasmas al exdictador chileno Augusto Pinochet y también fue clave en la red de sociedades pantalla ideada por Cisco Systems para evadir impuestos en Brasil. La hermana del adjudicador Alemán Zubieta también depende económicamente de los negocios de Sacyr en Panamá. El marido de Vicky Alemán, Carlos Cordero, que fue viceministro de Asuntos Exteriores, es socio-fundador de la conocida firma de abogados que asesora a Sacyr en Panamá”, prosiguió Economía.
El diario informó que “en 2009, los competidores de Sacyr se sorprendieron porque, atravesando una delicada situación financiera, la empresa española ofreció el mejor precio para la ampliación del Canal”.
Por otro lado, el diario El Mundo reportó el 9 de julio del 2016 que “el grupo asturiano Astilleros Armón contrató al hijo del jefe de la Autoridad del Canal de Panamá que le adjudicó un supercontrato”
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El artículo se refirió al abogado Jorge Alexander Quijano, hijo de Jorge Luis Quijano, exadministrador del Canal. Añadió que la empresa Astilleros Armón Panamá contrató a Quijano Junior y puso en duda la transparencia en la adjudicación en el 2011 a esa firma de “la compra de 14 remolcadores por valor de 158 millones de dólares”.
“Según los documentos en poder de este diario, Astilleros Armón constituyó el 31 de enero de 2013 su filial en Panamá antes de las primeras entregas de remolcadores. En ella actuó como suscriptor y representante legal el hijo de Quijano”, afirmó El Mundo.
Quijano Junior, según el rotativo, negó en declaraciones a The New York Times que su contratación como abogado de Astilleros Armón tuviera que ver con la adjudicación del contrato, aseguró que nunca habló con su padre sobre esa situación y que la ACP optó por la mejor oferta, en una licitación en la que participaron otras empresas. La ganadora fue Astilleros Armón.
“Tanto el enchufe de Quijano como sus remolcadores son objeto de polémica en Panamá tras la inauguración del Canal. La diputada panameña del Partido Revolucionario Democrático, Zulay Rodríguez, ha llegado a acusar al hijo de Quijano de llevarse 13 millones de dólares en el contrato de los remolcadores, lo que su padre ha negado de plano”, reseñó el diario.
La corrección ética de Alemán Zubieta y Quijano, dos exadministradores del Canal de Panamá, no tiene donde ampararse porque no pueden borrar la huella dejada por favorecer a familiares durante su gestión al frente de la principal empresa del Estado panameño.
(*) Andrea Valero es Periodista
Andrea Valero: Sugiero que se empape bien sobre los hechos antes de hacer supuesto periodismo. Los remolcadores a los que hace mención fueron contratados durante el periodo del Administrador Alberto Aleman Zubieta especificamente la licitacion fue adjudicada el 1 de octubre de 2011. Jorge Luis Quijano ejercía el puesto de Vicepresidente Ejecutivo de Ingenieria y Administracion de programas – supervisando la Ampliacion del Canal y no ocupaba el puesto del Vicepresidente de Operaciones, solicitante de la compra de esos remolcadores. Lo que si es muy bien conocido es que hubo una amplia competencia pues hubo mas de 60 propuestas. No fue sino hasta el 2013 que Astilleros Armon solicita a Jorge Alexander Quijano la creacion de una empresa para atender otros temas no relacionados con el Canal de Panama pues dicho Astillero jamas ha usado a un intermediario para licitar en el Canal sino que lo hace directamente desde su empresa en España. Los servicios marítimos brindados por el abogado Jorge Alexander Quijano a Astilleros Armón fueron unicamente de abanderamiento y licencias de radio de las naves para hacer la travesía del Atlántico cuando aun dichas embarcaciones pertenecían al astillero. Toda denuncia, tenga asidero o no, es investigada en el Canal por su Fiscalizador General que responde a la Junta Directiva. Igualmente las denuncias fueron investigadas por la procuraduria general de la nacion. Ambas investigaciones no encontraron ningun acto incorrecto. Es evidente que como periodista no ha investigado como se hacen las licitaciones en el Canal. El administrador no contrata absolutamente nada. El proceso de licitacion lo lleva a cabo un(a) oficial de contrataciones con total autoridad para preprar el pliego de cargos, publicarlo, recibir propuestas, evaluarlas, adjudicar el contrato y darle seguimiento al contrato durante toda su ejecución. Por tal razon son totalmente responsables de dichos actos ademas de ser supervisados por el fiscalizador general durante el proceso no solo despues de ser adjudicados. Pero estoy claro que motiva esta publicacion en donde se tergiversan los hechos para tratar de desvalorizar los comentarios muy validos hechos en dias pasados sobre la renovacion automatica, sin negociación por otros 25 años, de una licitacion de un puerto en nuestra republica. Ojalá ahondara usted en eso.