miércoles 1, febrero 2023
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Feministas ecuatorianas piden tratar ley de aborto por violación sin afinidades religiosas

Quito, jul 1 (Sputnik).- Colectivos feministas de Ecuador pidieron el miércoles al Parlamento que debate el proyecto de Ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación sin preconceptos y afinidades religiosas o espirituales.

«Esperamos que en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) se abra el debate sobre este proyecto de Ley, apartándonos de creencias, trabajando con conocimiento y neutralidad, evitando preconcepciones distópicas, así como afinidades espirituales o religiosas», dijo la vocera de la alianza por la Niñez y Adolescencia, Sybel Martínez, en conferencia de prensa.

Después de dos meses de que la Corte Constitucional (CC) de Ecuador despenalizara el aborto por violación, la Defensoría del Pueblo entregó el lunes a la Asamblea un proyecto de Ley que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por violación.

La decisión tomada por los jueces constitucionales es de acatamiento obligatorio por parte del Parlamento, por tratarse de un avance en materia de protección de derechos.

Martínez destacó que los legisladores de ninguna manera pueden actuar contra la voluntad de la Corte Constitucional.

La directora de la Fundación Surkuna, Ana Vera, mientras tanto, destacó que el proyecto es una base importante para garantizar los derechos humanos de las mujeres.

El proyecto da especial prioridad a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, además recoge varias de las propuestas formuladas desde los movimientos de mujeres y colectivos feministas.

En lo esencial el documento establece los derechos más específicos y las garantías que existen para las personas gestantes, tomando en cuenta las diferentes vulnerabilidades a las que puedan estar sujetas, además de su condición etaria, situación socioeconómica y de movilidad humana, entre otras.

Por tratarse de una normativa de carácter orgánico, el proyecto deberá ser debatido durante seis meses en el interior de una comisión legislativa, que debería ser la Mesa de Derechos Humanos.

El pasado 28 de abril, la CC declaró inconstitucional el artículo del Código Penal que únicamente permitía la interrupción del embarazo a las mujeres con discapacidad mental que habían sufrido una violación. (Sputnik)

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