San José, 20 jul (Elpaís.cr).- Con 41 votos a favor y 5 en contra, fue aprobado en segundo debate el expediente 22.176, Ley para incorporar la consulta previa y facultativa de constitucionalidad en los procesos de referéndum, que busca regular este mecanismo de consulta popular.
La iniciativa establece que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), revisará en un plazo no superior a diez días hábiles si la iniciativa se encuentra entre las materias no sujetas a referéndum y decidirá si el asunto es susceptible de ser tramitado bajo esta modalidad.
En caso de considerar que la iniciativa presenta posibles vicios de constitucionalidad, podrá remitirla a la Sala Constitucional para su respectivo examen.
Cualquiera que sea la decisión del TSE, deberá consignarse en resolución motivada. Sobre este tema la diputada Shirley Díaz comentó que no son infalibles las respuestas del Poder Judicial y de la Sala Constitucional, por lo que votó en contra el segundo debate.
Por su parte, la diputada Paola Vega señaló que el referéndum es un instrumento vital para la ciudadanía para expresar su opinión.
El referéndum es un tema para que el pueblo sea escuchado y no podemos permitir que ese pueblo pierda terreno, afirmó Vega.
El legislador Gustavo Viales señaló que defender el referéndum es una manera para defender la democracia de nuestro país.
Viales aseguró que con esta herramienta se le da más valor a la figura de la democracia. “Celebro el trámite de este proyecto de ley”.
Actualmente, cualquier grupo de personas que desee recolectar firmas para iniciar el proceso de referéndum, debe hacerlo con total incertidumbre sobre la constitucionalidad de su iniciativa, razón por la que el TSE, ha señalado la necesidad de contar con una herramienta legal que faculte la posibilidad de hacer las consultas respectivas de manera previa a cualquier esfuerzo ciudadano o institucional.
En este sentido, la diputada Vega explicó que la consulta facultativa que incorpora este proyecto tiene el objetivo de brindar seguridad a las personas proponentes sobre la viabilidad de sus propuestas y de cuidar los recursos públicos invertidos en estos procesos.
«Justamente por la importancia de la figura del referéndum, es que viene este proyecto a llenar un sensible vacío en la Ley actual de referéndum, que no establece los mecanismos para facilitar un proceso como este, ni regula aspectos esenciales que terminan provocando inequidades en la práctica”, comentó Vega.
“Planteé esta propuesta al ver que se estaban presentado propuestas que no pasarían el filtro constitucional, y que aún así serían sometidas a referéndum a falta de herramientas para esclarecer este aspecto de forma previa; lo que obligaría al Tribunal Supremo de Elecciones a invertir onerosos recursos del Estado, e ingentes esfuerzos por parte de la ciudadanía proponente, resolviendo asuntos que chocan con los preceptos constitucionales y que por lo tanto, no pueden ser definidos vía referéndum», agregó.
El proyecto modifica la Ley sobre regulación del referéndum (Ley N° 8492) para que el TSE pueda, en caso de que lo considere necesario, enviar la iniciativa a la Sala Constitucional para su respectivo examen. Este proceso se realizará antes de que inicie la recolección de firmas.
Además, se establecen modificaciones a la Ley de la Jurisdicción Constitucional para que la Sala Constitucional pueda examinar un proyecto, a solicitud del TSE, cuando se trate de iniciativas de referéndum.
