sábado 24, septiembre 2022
spot_img

ONU pide a México investigar agresiones contra periodista torturada

Ciudad de México, 29 jul (Sputnik).- Agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigieron este jueves al Estado mexicano una investigación efectiva y evitar la impunidad en las violaciones a los derechos humanos que sufrió la periodista Lydia Cacho, torturada tras publicar su investigación de una red de pederastia manejada por empresarios cercanos a un gobernador ahora encarcelado.

Las agencias de la ONU recuerdan «la obligación de las instituciones del Estado mexicano de garantizar una investigación efectiva de los delitos y las violaciones a los derechos humanos que sufrió la periodista y defensora de derechos humanos Lydia Cacho a consecuencia de su legítima actividad».

La agencia del organismo mundial para la Igualdad y el empoderamiento de las mujeres, y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) dijeron en un comunicado conjunto que la investigación «debe incorporar plenamente la perspectiva de género y tender a determinar no sólo los autores materiales de los hechos sino también los autores intelectuales de los mismos, para evitar que permanezcan en la impunidad».

La advertencia de la ONU surge «ante la información hecha pública el pasado 26 de julio relativa a una resolución judicial en el proceso seguido en contra de uno de los presuntos responsables» del caso, el empresario Kamel Nacif, quien vive en Líbano desde hace más de dos año y fue liberado de toda responsabilidad por el delito de tortura, por no ser funcionario público, según el dictamen a su favor.

Pedido de perdón y detención

El 10 de enero de 2019 el Estado mexicano reconoció que «falló en proteger los derechos a la libertad de expresión», y que no pudo evitar la tortura de la periodista, después de que fue arrestada en diciembre de 2005 en la costa caribeña de Cancún, tras publicar su libro «Los Demonios del Edén» y trasladada a Puebla con amenazas y tortura sexual.


Poco más de un año después, el 3 de febrero de 2021 el exgobernador del estado mexicano de Puebla (centro), Mario Marín (2005-2011) fue detenido en un operativo de búsqueda realizado en el puerto turístico de Acapulco (sur).

El exgobernante poblano permaneció prófugo desde mayo de 2019, cuando la Fiscal General notificó que la Interpol emitió una ficha roja contra Marín, para la búsqueda internacional por el caso de tortura contra la periodista.

La organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, que ha acompañado a Cacho desde que sufrió tortura, denunció que un mencionado fallo a favor del empresario Nacif abría también la ruta judicial para liberar al exgobernador Marín.

Ante la información revelada por esa organización, las agencias de la ONU recuerdan «la obligación de todas las instituciones del Estado mexicano de dar cumplimiento al Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el caso».

La advertencia considera «esencial» recordar que el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de la ONU (Cedaw, en inglés) estableció en un dictamen que, en el caso Cacho, «el Estado mexicano ha violado el derecho al acceso a un recurso judicial efectivo, a la igualdad y a la no discriminación, en relación con la protección contra la tortura, la protección de la libertad y seguridad personales y el respeto a la libertad de expresión».

Entre otros aspectos, ese Comité internacional señaló que «los tratos a los que se sujetó a la autora (Cacho) tuvieron un objetivo discriminatorio por razón del sexo, a la luz de la naturaleza de los comentarios sexuales vertidos y del trato sexualizado y violencia de género infligida».

La tortura mediante tocamientos sexuales y amenazas de la que fue objeto la periodista ocurrieron el 16 de diciembre de 2005, tras ser detenida en el balneario caribeño de Cancún, en las costas del Caribe.

Aquel día fue acosada sexualmente por su captores en su traslado a una cárcel del central estado de Puebla, que colinda con la capital del país.

El libro revela la red de pederastia que dirigían los empresarios Kamel Nacif y Jean Succar Kuri, amigos del entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Cacho dijo que ha perdonado a sus torturadores pero llamó al gobierno federal a ejercer justicia por todas las víctimas. (Sputnik)

Más noticias

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias