Montevideo, 3 ago (Sputnik).- La forma en que la dictadura uruguaya (1973-1985) torturó y mató al médico de origen ruso, Vladimir Roslik Bichkov, finalmente se conoció esta semana, pocos días después de que la causa que investiga los hechos fuera archivada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de este país sudamericano.
Roslik nació en San Javier, una pequeña colonia de inmigrantes rusos de unos 1.700 habitantes a orillas del río Uruguay, en el este del país, y es considerado el último homicidio de la dictadura uruguaya en 1984.
El pasado 27 de julio de 2021, el ministro de Defensa de Uruguay, Javier García, solicitó la renuncia del hoy general en retiro Daniel Castellá, quien se desempeñaba como presidente del Supremo Tribunal Militar, tras descubrir su participación en el interrogatorio de Roslik en un expediente de la Justicia Militar.
Sin embargo, al otro día, el máximo tribunal cerró el caso que investigaba el asesinato al declarar inadmisible el recurso de casación presentado por el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, doctor Ricardo Perciballe.
El fallo de la SCJ permite, no obstante, la reapertura de la investigación, en caso de que aparezcan nuevas pruebas y testigos.
El periódico La Diaria consiguió el contenido de la sentencia del tribunal militar de 1986, y lo cuenta en un reportaje reciente del periodista Leonardo Haberkorn que revela sórdidos detalles -hasta ahora inéditos- sobre las últimas horas de vida de Vladimir Roslik.
Fue ese el contexto en el que el ministro García, quien accedió al documento antes de entregarlo al medio, le pidió la renuncia a Castellá, justo un día antes del fallo de la SCJ.
Según el documento que lleva la firma del juez militar Óscar Vilches, Roslik fue asesinado bajo apremios ilegítimos «reñidos con la moral castrense», tras ser acusado en forma falsa de ingresar armamento desde Argentina.
El médico se habría desvanecido tras «súbitos cambios de voces», ejercidos por su interrogador, el teniente Dardo Ivo Morales, hasta que «su cuerpo no resistió más y falleció».
La sentencia, además de sobreseer a Morales porque se encontraba «bajo cumplimiento de órdenes superiores», estableció otros 11 oficiales presenciaron la tortura a la que Roslik fue sometido, en una sala de 12 metros cuadrados.
Entre esas personas se encontraba Castellá.
Vilches relata que en esa sala «se dispuso al detenido junto a una pared, de espaldas a ella, con los ojos vendados y las manos hacia atrás (sin atar). Los 11 oficiales que presenciaban el interrogatorio se ubicaron rodeando el perímetro de la habitación, a escasa distancia del sujeto interrogado».
Según los hechos revelados en la corte militar, «Morales interrogó a Roslik sobre las acusaciones de que era el responsable de un cargamento de armas que venía desde Argentina, lo que el detenido negó».
«Luego se hizo pasar a otros tres detenidos, que acusaron a Roslik, mientras eran grabados», continúa el documento, «Tras cada uno de esos testimonios, Roslik volvía a ser interrogado y se le pasaban las grabaciones de quienes lo habían acusado».
Según el fallo de Vilches, «el detenido negó sistemáticamente las acusaciones, pero fue ganando en nerviosismo bajo el efecto del tenor de las preguntas y los cambios de voces del teniente primero Dardo Morales».
Finalmente, luego de más de una hora de interrogatorio, al ver que no podía refutar las acusaciones que se le hacían, Vladimir Roslik desistió de su negativa y manifestó textualmente: «‘Está bien, está bien, voy a hablar’. Inmediatamente sufrió una súbita pérdida del tono muscular estando de pie, cayendo desde su altura en decúbito ventral», completa el fallo.
A pesar de los hechos señalados, el juez militar Vilches sostiene que la oficialidad no tiene responsabilidades penales por estar bajo cumplimiento de órdenes.
Vilches desestimó así los resultados de una segunda autopsia que hablaba de apremios ilegales y dictó absurdas penas de ocho meses al teniente coronel Mario Olivera, responsable máximo del batallón N 9 de Fray Bentos, y de dos años y seis meses para el responsable jerárquico del ‘interrogatorio’, mayor Sergio Caubarrere.
Así, en 2014 la justicia militar dispuso el archivo permanente y definitivo de la investigación sobre el asesinato del médico, pero en 2018 la familia Roslik pidió que la investigación fuera tomada por la Fiscalía especializada en Crímenes de Lesa Humanidad constituida en 2017.
El fiscal a cargo, Ricardo Perciballe, recurrió los pronunciamientos de primera y de segunda instancia de 2014 por considerar que se trataba de «cosa juzgada aparente o fraudulenta», un concepto que maneja la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los casos donde no hay una investigación real.
Sin embargo, la decisión de la SCJ de este 28 de julio, declaró inadmisible el recurso de casación presentado por Perciballe y archivó el caso.
Pablo Chargoñia, abogado de la familia Roslik, declaró a Sputnik que el juicio militar que estableció responsabilidades en el caso, llevado a cabo en 1986, «no tiene siquiera la naturaleza de un verdadero juicio por tanto que, por ejemplo, no fueron citados a declarar Mary Zabalkin, viuda de Roslik, ni ninguno de los compañeros de Vladimir Roslik».
El archivo de la causa Roslik dispuesto en 2014 y confirmado por la SCJ en 2021, implica un apartamiento evidente de esa orden de la CIDH de investigar.
Por lo tanto, «si se agotan las vías internas de justicia, queda la denuncia ante el sistema interamericano (Corte Interamericana de Derechos Humanos). Esa es una de las posibilidades que se están evaluando en este momento», completó el abogado. (Sputnik)
Se develan torturas a médico de origen ruso asesinado por dictadura uruguaya
