miércoles 18, mayo 2022
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A propósito de la elección del nuevo o nueva Fiscal General

Siempre el país ha enfrentado situaciones difíciles, a nivel político, social y económico, pero siempre hemos dado un paso firme al frente pues vivíamos de las rentas que nos dejó el Constituyente del 48. Sin embargo, esas reservas se han agotado, los excesos han minado la fortaleza del Estado y han debilitado su pilar fundamental, La Confianza Popular; hoy día, menos personas creen en la eficacia y eficiencia del Estado costarricense, muchos menos son aquellos que confían en la legitimidad de las Instituciones Públicas y todavía menos los que confían en la probidad del funcionario. La imagen del servidor público se ha devaluado irremediablemente, no por la acción de la gran mayoría, sino por el concurso de los menos, pero esos menos que son los que concentran mayor cuota de poder.

Los más recientes acontecimientos judiciales en los que ha intervenido el Ministerio Público, han evidenciado lo que hace tiempo se sabe en los pasillos judiciales, El Persecutor Penal está en crisis, y vale la pena cuestionarnos de que tipo de crisis es la que experimenta. En mi opinión, se trata de una crisis de autoridad, una crisis que afecta la estructura vertical del Ministerio Público en orden descendente siendo más grave conforme más alto puesto se ostente, pues en este preciso instante, muchos de los mejores fiscales se encuentran en los puestos de fiscal auxiliar (el más bajo del organigrama) y viceversa, lo que impide necesariamente que la ruta que se traza como parte de las políticas de persecución penal, sea la indicada. Para cruzar un océano se necesita un barco y una tripulación, pero por sobre todo, un capitán que logre extraer lo mejor de ambos y ponerlos al servicio del objetivo.

La Corte Suprema de Justicia cometió un grave error al designar a doña Emilia Navas como Fiscal General, no era la persona idónea, en mi opinión por no ser una líder positiva, por ser incapaz de ver más allá del GAM, por ser incapaz de renovar los liderazgos de la institución y por ser incapaz de avivar la llama de ese fiscal aguerrido que todavía habita muchos de los corazones del personal del órgano fiscal y que están por todo el país, no en un foco centralizado; pero eso ya es historia. Lo que realmente importa es, que ahora están nuevamente sentados en su estrado para volver a decidir y no tienen oportunidad para un nuevo error, sería desastrosa una nueva equivocación.

Yo serví a esa institución por más de quince años y creo tener suficiente criterio para sugerir a los Magistrados analizar además de los atestados que demanda el 192 Constitucional y los apoyos seudo políticos que existen a lo interno, los siguientes aspectos para la elección del Fiscal General:

a-    Liderazgo: El fiscal o la fiscal General debe ser una persona capaz de llevar a los más de mil funcionarios a su cargo por una misma ruta, con la virtud de abrir su oído para escuchar a todos los que tengan algo que aportar, pero también a aquellos que tengan críticas por hacer. Esta habilidad es fundamental y no se demuestra con títulos.

b-    Objetividad: No solo se trata del concepto restringido de valoración de la prueba, sino, que se trata de una percepción amplia de la dimensión de la institución, un Fiscal General debe aceptar los elogios, pero deber honesto y reconocer en las críticas una posibilidad de mejorar, dejando de lado ese egoísmo inhumano que lleva al Jerarca a desligarse del subalterno creyendo que lo que el segundo hace “mal”, no es de incumbencia del primero si no es para sancionarlo. El Fiscal General debe saber que si un fiscal auxiliar se equivoca, por delegación es el mismo Fiscal General quien se equivocó.

c-    Imparcialidad: La mayoría de fiscales del país se conocen, y resulta imposible pretender que no existan lazos de amistad entre algunos, pero eso no puede ser motivo para disfrazar la amistad con la confianza, pues la confianza en la función pública está relacionado con el buen servicio de la institución, no con los sentimentalismos de los funcionarios.

d-    Hidalguía: El fiscal General no debe tener miedo, pues antes que un fiscal miedoso, es mejor un fiscal tonto. Este funcionario debe tener la fortaleza de oponerse con furia a esas injerencias indebidas de poder ajenos a la institución, inclusive aquellas que provengan de la misma Corte Plena.    

No se trata de la elección de otro funcionario más, sino del Magistrado más poderoso, aquel capaz de bajar del estrado sin perder su señorío, aquel que se arrolla las mangas, se ciñe el cinto y entra en combate para desde la primera línea y en apego a la Constitución mantener en equilibrio la justicia, garantizándonos una sociedad mucho más segura. Por mi parte no pierdo la esperanza, pero nos quedan pocas opciones.

 (*) Jorge Enrique Porras Leiva, Abogado Litigante

Egresado de la Maestría en Derecho Constitucional de la UNED

Ex Fiscal del Ministerio Público

Ex Juez del Tribunal Penal

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2 COMENTARIOS

  1. El Poder Judicial está politizado desde hace tiempo, ya no se defiende la verdad y ni se hace justicia, se protegen intereses de los que tienen influencia.

  2. Nosotros el pueblo, creíamos que al sustituir a Chava con Navas, todo iba ser muy diferente. Pero no, bien debemos tener claro que el poder de Liberación Nacional se ha entronizado como una galopante y mortífera metástasis no solo en la Corte, sino en todas partes del sistema, des-legitimando nuestra democracia desde ya hace tiempos. Los famosos vasos comunicantes del poder político hacen su «silenciosa» justicia a la medida de sus allegados. Por ello, si la Fiscalía no se desliga de la Corte Plena, seguiremos en ese tornillo sin fin de corrupción, donde solo los otros son corruptos, pero ellos (PLN) tienen luz verde para seguir en lo mismo. Vaya destino a Costa Rica. El ex-juez Porras, tiene sobrada razón. La Asamblea Legislativa podría poner el cascabel al gato, pero… con semejantes elementos…

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