martes 30, noviembre 2021
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Presidente de Perú garantiza seguridad jurídica a inversiones

Lima, 24 nov (Prensa Latina) El presidente peruano, Pedro Castillo, garantizó hoy seguridad jurídica y reglas claras a las inversiones, en aparente alusión al proyectado cierre de cuatro minas de capitales transnacionales por el rechazo social del entorno.

En su discurso en un evento sobre micro y pequeñas empresas, el mandatario manifestó la apertura del país a grandes inversiones en los sectores agrícola, minero y de infraestructura.

“No habrá decisiones arbitrarias ni unilaterales y nos reafirmamos en mantener un diálogo con el sector empresarial y las comunidades”, manifestó.

Se refirió así a las conversaciones con gremios empresariales sobre un acuerdo firmado por la primera ministra, Mirtha Vásquez, con comunidades campesinas de tres provincias andinas que protestan contra cuatro minas que, al operar en cabeceras de cuenca, contaminan las fuentes de agua.

Vásquez se comprometió mantener los programas de cierre de las minas, sin otorgarles ampliaciones y también hoy dijo que el Gobierno respeta el estado de derecho, desmintiendo acusaciones empresariales en tal sentido.

“Ratificamos lo que hemos venido sosteniendo: el Gobierno respeta el estado de derecho, no hay vulneración de la seguridad jurídica ni cierres unilaterales», aseveró.

Añadió que el Estado asume la función de fiscalizar los procesos de cierre de las minas y el control ambiental conforme la legislación vigente.

Se refirió así a un comunicado en similar sentido de la Presidencia del Consejo de Ministros, que ella ejerce, sobre el diálogo abierto con la Sociedad empresarial de Minería, Petróleo y Energía.

El comunicado señala que las empresas en proceso de operaciones -que dicen tener derecho a seguir operando si encuentran nuevas vetas- pueden solicitarlo a las autoridades, que analizarán las solicitudes conforme las normas ambientales nacionales.

Según el ex viceministro de Gestión Ambiental, José de Echave, ello incluye un nuevo estudio de impacto ambiental a cargo del organismo estatal dedicado al tema y la consulta a las comunidades del entorno.

El texto afirma que el el Gobierno promueve un nuevo enfoque para el relacionamiento activo y positivo entre las empresas mineras y las poblaciones de zonas de influencia; atendiendo las preocupaciones de las poblaciones, básicamente ambientales.

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