jueves 28, marzo 2024
spot_img

La Reforma del Ministerio Público, prioridad para el regreso a la ruta del Estado Democrático de Derecho

Hoy, que nuestro país se encuentra sumergido en una terrible crisis, que afecta ámbitos que creíamos intangibles, como la economía, la seguridad, la educación, el medio ambiente, la familia, la probidad, pero sobre todo la democracia; coinciden muchos de los principales actores políticos en la urgente necesidad de una reforma del Estado, que garantice que nuestra nación vuelva a ser modelo centroamericano de crecimiento social. Diariamente es posible leer y escuchar discusiones sobre si es necesario reformar el poder ejecutivo, o el legislativo, que tal institución pública desaparezca y se cree una nueva o que se una aquella con la otra, o que se apruebe la revocatoria del mandato, que se evite la reelección de los alcaldes, en fin, una serie interminable de propuestas que no descarto como acertadas, pero que en la esencia, si no se acuerpan de otras decisiones, impactarían de forma mínima el objetivo de que volvamos a ser un verdadero Estado Democrático de Derecho.

Debemos cuestionarnos, cuál sería el movimiento ideológico de mayor impacto y de mejores consecuencias en la obtención del fin.

Por mi parte discrepo de todo aquel que quiera empezar la reforma del Estado sin antes haberse garantizado tener un centinela fuerte, íntegro, diligente, minucioso y valiente que garantice hacer posible que el plan de reforma eche a andar. Es simple, por más buenas intenciones, si no existe uno que ponga orden, siempre habrá quien boicotee el avance, es la naturaleza humana.

En nuestro modelo de justicia, el único que tiene esa virtud (en el papel) es el Ministerio Público, el problema es que el actual, no resistiría ni el primer embate. Por ello, considero que resulta fundamental antes del inicio de cualquier plan de reforma, garantizarnos que tendremos quien vele por el objetivo, más allá de las presiones o turbias injerencias de quienes poseen aviesas intenciones.

Al reflexionar sobre este tema, he logrado conciliar algunos aspectos en los que el Ministerio Público debe sufrir una transformación y que enumero de seguido:

a-    Independencia de la Corte Suprema de Justicia: El Ministerio Público, debe dejar de ser un órgano y convertirse en un ente con rango constitucional, que le separe de manera tajante de la dependencia de cualquier otro poder de la República. En la actualidad, la simbiosis que mantiene con la Corte Plena, hacen al Ministerio Público un empleado más de rango inferior a cualquier Magistrado, quienes a su vez (los Magistrados) son electos por el Legislativo, los que a su vez (el legislativo) llegan provenientes de los partidos políticos, situación que genera un encadenamiento, que termina por convertir al persecutor penal en un esclavo del perseguido.

b-    Ruptura del esquema de jerarquía vertical del Fiscal General: No es posible hoy día, que uno de los pioneros de la lucha por la democracia, guarde un sistema autoritario casi monárquico de gestión como el que usa el Ministerio Público. Todo en el seno del órgano fiscal debe ser democratizado con su personal, de los casi 600 funcionarios, no todos los puestos de jerarquía están ocupados por los funcionarios más brillantes, muchas ideas y propuestas se desperdician por el simple hecho de que quien las tiene no tiene voz. Tanto las políticas de persecución penal, los instructivos, las directrices, así como la enseñanza del oficio, debe pasar por el mayor número de fiscales posibles, para que de las mentes brillantes que aún están ahí, surja el conocimiento necesario para mejorar la persecución del delito. El Fiscal General, solo debe ser el representante legal cuando para los efectos se requiera, luego de eso, debe usar un traje, sus códigos, computadora y a trabajar, para el fiscal la vida política debe ser ajena, no hay tiempo para hacerlo, mucho menos para fanfarronear tras un micrófono, sólo debe rendir cuentas claras al pueblo y luego de eso a trabajar como los demás. Debe minimizarse la cantidad de Fiscales Adjuntos (1,2,3), reducirse a la mínima expresión posible, simplificar la jerarquía, aumentar el conocimiento y la capacidad de resolución de conflictos para que cada fiscal pueda resolver de forma simple y efectiva la mayor cantidad de problemas sin necesidad de pedir visto bueno al fiscal, al fiscal adjunto 1, al fiscal adjunto 2, al fiscal adjunto 3 y finalmente al Fiscal General de la República. La autoridad debe ser horizontal, donde todos los fiscales tengan la misma autoridad, pero al mismo tiempo la capacidad intelectual para resolver problemas jurídicos y cuando se presenten controversias entre pares, un órgano colegiado llamado Concejo Fiscal pueda definir el punto en discordia; cuando tienes más jefes que empleados, es altamente probable que el fracaso llegue.

c-    Distribución equitativa de los recursos por volumen de trabajo y racionalización de los recursos: El Ministerio Público está compuesto en la actualidad de gran cantidad de fiscalías, de las cuales una parte importante no se dedica a la persecución penal de forma directa, sino que realizan labores de otra índole. No es posible tener fiscales haciendo labores gerenciales, estadísticas o de otro tipo que no sea la investigación de delitos y la realización de juicios o audiencias. Deben hacerse desaparecer esas malas ideas de fiscales generales pasados, que crearon centros de cuido para amigos, que hoy día consumen gran cantidad de recursos al mismo tiempo que abandonan a zonas donde la incidencia criminal tiene secuestrada a la población, las labores gerenciales deben asignarse a gerentes y no a abogados, el fiscal debe volver a su esencia y dejar de hacer informes y más informes, para no quitar tiempo a la investigación del delito.

d-    Elección de personal idóneo, mediante un proceso suficientemente claro y eficiente: hace varios años empezó una mala práctica que de nombrar a cualquiera con título de abogado y licencia como fiscal, eso ha convertido al Misterio Público en la guardería de los abogados nuevos que luego se enfrentan a casos complejos que terminan por arruinar, esto es gravísimo y no es una broma, un alto porcentaje de las plazas del Ministerio Público está ocupada por lo que llaman fiscales por inopia, la inopia no aplica en este cargo, no estamos hablando de cualquier puesto, es el garante de la legalidad y la aplicación del derecho penal en nuestro país, del único funcionario con la potestad de detener a un miembro de los supremos poderes de este país, si eso se puede hacer por inopia, la suerte está echada. Es tan mediocre el modelo de selección, que se ha diseñado un curso para fiscales por inopia, es decir un curso para que aquellos que no han obtenido el mérito de ser fiscales, puedan serlo. Nunca la acción penal estuvo tan a la deriva con en los tiempos recientes.

e-    Incompatibilidad de la migración o inmigración con otros puestos del Estado: El fiscal nace siéndolo, no se puede ser fiscal por conveniencia o por necesidad de trabajo, no es compatible con la participación anterior en otros puestos del sector público y menos con los origen político, para ser Fiscal debe existir un record de integridad y de probidad comprobados, sin espacio para la más mínima duda, de manera que no es posible aceptar la que ese vaivén de funcionarios entre la judicatura, la defensa y el Ministerio Público se presente, mucho menos que exista migraciones entre abogados que sirven en otros despachos del Estado hacia el Ministerio Público si antes no pasan por todos los filtros de valoración de la vocación, la integridad, los valores, etc que identifican al fiscal del Ministerio Público.

Quedan pocas oportunidades para lograr un cambio en nuestro Estado, uno que verdaderamente nos ponga de nuevo en la ruta correcta, para ello necesitamos que el Ministerio Público deje sus amiguismos con el verdadero enemigo, porque esa colusión solo provoca más fracturas al nuestro ya muy dañado país. Se acercan tiempos de cambios políticos, al igual que del mando en el Ministerio Público, espero que solo exista la coincidencia temporal entre el nuevo presidente y el nuevo Fiscal General.

(*) Jorge Enrique Porras Leiva,  Abogado, Ex Juez del Tribunal Penal, Ex Fiscal del Ministerio Público.

Noticias de Interés

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias