San José, 22 Ene (Elpaís.cr).- La transnacional canadiense la emprendió nuevamente contra Costa Rica al apelar la sentencia del CIADI que valoró positivamente la decisión de la justicia de nuestro país de prohibir el ilegal proyecto minero Crucitas.
La nueva demanda se da en medio del proceso electoral costarricense, en el que el tema ha tomado posición en los debates con el apoyo de candidaturas presidenciales y diputaciones, junto a temas como financiamiento a políticos por parte del narcotráfico, corrupción, acoso sexual, entre otros. Sin embargo, el tema más importante para la población es cómo enfrentar la crisis económica y la pandemia por la Covid-19.
Dicha acción de Infinito Gold, respaldada por un equipo de veteranos abogados y por políticos cuestionados por corrupción, pretende cobrarle al país la suma de $394 millones, rechazada por el mismo Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (CIADI), el año anterior.
El 6 de enero anterior, el CIADI constituyó un Comité Ad Hoc para examinar la solicitud presentada por la empresa minera Infinito Gold de anular la decisión anterior, dada a conocer por ese mismo Tribunal en junio del 2021, favorable a Costa Rica.
La empresa canadiense no ha renunciado a su proyecto en Crucitas de San Carlos, Alajuela, a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua, donde se propone construir una mina de oro a cielo abierto.
Para ecologistas, es una decisión a la sombra de propuestas de candidatos a diputados y a la presidencia que pretenden utilizar los supuestos ingresos que le corresponderían a Costa Rica para enfrentar la crisis económica y financiera producto de la pandemia, sin importar la imagen que tiene nuestro país de proteger la naturaleza y la lucha contra el cambio climático.
Infinito Gold pretende recuperar los ilegales permisos de explotación en Crucitas o que Costa Rica le pague por haberle prohibido el negocio. La suma solicitada ante el CIADI en un primer momento (2014) por la empresa minera canadiense fue de 94 millones de dólares, aumentando con el paso del tiempo a 321 millones (2017), y posteriormente a 394 millones (2020), sin que se tenga mayor claridad sobre los motivos de esta sustancial variación.
Antes de presentar formalmente la demanda ante el CIADI, la empresa había amenazado con presentar una demanda por 1.092 millones de dólares contra Costa Rica (2013), sin que tampoco se tuviera idea de cómo justificar esta cuantiosa suma a título de compensación o indemnización por su fracasada inversión en suelo costarricense.
Defensa de Costa Rica
La conclusión a la que llegan los tres integrantes del tribunal arbitral es precedida de un detallado análisis (798 párrafos para ser exactos) de gran interés para diversas disciplinas: desde especialistas en derecho internacional, arbitraje de inversiones, derecho administrativo, derecho constitucional, pasando por politólogos, analistas e incluyendo a especialistas en actos de corrupción, en donaciones sospechosas a fundaciones privadas, en groseras omisiones estatales en algunas investigaciones y en falsedades de diversa índole presentadas por un inversionista extranjero.
Para Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR), en un análisis sobre el tema señala que «es de notar que el párrafo 20, se encuentra la lista de peritos de Infinito Gold en la que destacan varios nombres de reconocidos juristas costarricenses, al tiempo que en el párrafo 23, la de los peritos de Costa Rica».
Resalta además que el párrafo 451 pone fin a un argumento oído desde las mismas cámaras empresariales costarricenses y algunos abogados corporativos aduciendo inseguridad jurídica al darse a conocer el fallo del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) en noviembre del 2010 que anuló el decreto de Oscar Arias Sánchez que declaraba el proyecto minero Crucitas de interés público y conveniencia nacional.
«Luego de una revisión minuciosa de la Sentencia del TCA de 2010 y la Sentencia de la Sala Administrativa de 2011, al Tribunal no considera que dichos fallos sean incoherentes con otros de la Sala Constitucional. El Tribunal también ha evaluado la conducta procesal y el razonamiento de dichos órganos jurisdiccionales, y arriba a la conclusión de que se basaron en las disposiciones pertinentes del derecho costarricense y no son objetables desde la óptica del derecho internacional», precisa el académico Boeglin.
Además, en el párrafo 545, leemos que para los tres árbitros del CIADI, la tragicomedia vivida por la empresa canadiense antes del 2008, queda prescrita:
«Los hechos que se acaban de analizar se asemejan a una comedia de errores, con consecuencias trágicas para la Demandante: las dos concesiones de explotación otorgadas a Industrias Infinito eran jurídicamente deficientes y, como resultado de ello, Industrias Infinito quedó atrapada por la Moratoria de 2002. Por muy lamentable que pudiere ser esta situación, el Tribunal no puede ignorar el hecho de que la totalidad de los acontecimientos descritos supra tuvieron lugar con anterioridad a la fecha de corte (6 de febrero de 2011). Por lo tanto, toda reclamación surgida de la conducta del Gobierno entre los años 2001 y 2008 se encuentra prescrita».
En su artículo para Elpaís.cr, Boeglin indica que «la lectura del laudo arbitral del CIADI, si bien se puede volver compleja, retrata un período político en Costa Rica en el que se observó a un aparato estatal muy vulnerable ante las constantes arremetidas, y maniobras de la empresa canadiense Infinito Gold».
«Ante la desvergonzada simbiosis existente entre la empresa y el Estado a partir del 2008, y ante la actitud extrañamente pasiva de cinco integrantes de la Sala Constitucional (de los siete magistrados que la integran) al emitir su decisión en abril del 2010, el fallo de los tres jueces del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) cuyo «por tanto» fue dado a conocer a finales de noviembre del 2010 fue celebrado por gran parte de la sociedad costarricense como un verdadero triunfo nacional (y así registrado por medios internacionales», precisa.
Igualmente, recuerda que en una entrevista publicada por el Semanario Universidad, se lee por parte del abogado Juan José Obando, profesor y abogado en el proceso de arbitraje en favor de la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas), que el Estado costarricense omitió algunas cosas en su defensa, al señalar el jurista que:
«Pero nuestro alegato principal, el más fuerte -y así lo reconoció el tribunal – es que la inversión de Industrias Infinito había sido hecha en contra de las leyes costarricenses, que hubo indicios de actos indebidos de parte de diversos funcionarios públicos, que incluso se abrieron procesos penales al respecto».
«Nosotros fuimos los únicos que tocamos ese tema frente al tribunal; ni siquiera el Estado costarricense lo tocó, por una estrategia procesal que mantuvieron. Pero nosotros sí informamos al tribunal de arbitraje sobre esa situación. Se le estuvo constantemente informando sobre el estado de los procesos penales aquí, incluso el máximo que es el del expresidente Óscar Arias Sánchez. Y esas manifestaciones algo de impacto tuvieron porque se mantuvieron como válidas y se tramitaron hasta el final», anotó Obando.
Aunque no se conocen los documentos presentados por la empresa, trascendió que la solicitud de nulidad se fundamenta en dos motivos. Primero: que el tribunal quebrantó gravemente normas de procedimiento, y Segundo, argumenta que la fundamentación del laudo fue omisa y contradictoria.
En cuanto a minerias se refiere no tengo la menor experiencia, lo que si se es que paises donde se explota la mineria de diamantes, viven una gran mayoria en extrema pobreza. Me cuentan familiares que se dedican al negocio de venta diamantes en la gran manzana. No se explican porque pasa eso… Profesor gracias por informar y defender al pais.
Por el lado oscuro, que se puede esperar, si en el 2006 la corrupcion rompio fronteras locales y internacionales. Uno de los casos fueron con la aperturas de construcciones ilegales de condominios sin permisos de construccion municipal ni agua legal en el pais, espedialmente en Carrillo Guanacaste. Andan los rumores en main street Coco Beach, Guanacaste de posibles contrademandas, pronto.
Es inaceptable, lo que esta sucediendo con la inseguridad individual, colectiva y corrupcion en el pais. Bendiciones a todos.
Es triste como elementos que dicen ser costarricenses; pero que en su avaricia enfermiza y corrupción, son capaces de ir en contra de la soberanía del país con tal de llenarse los bolsillos. Es realmente aborrecible e indignarte las artimañas que son capaces estos individuos que se ponen al servicio de una transnacional, anteponiendo sus intereses personales sin importar que tengan que empeñar el futuro de Costa Rica.
Como es posible que una empresa que apoya la corrupción le pueda pasar por encima a la soberanía de un país y su pueblo entero, y sea capaz de estar haciendo bullying legal?.
Ya es hora que alguien ponga a estos majaderos en su lugar!.