martes 7, febrero 2023
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Partido de los Trabajadores aclara proceso judicial contra candidata a diputada por Alajuela

San José, 22 Ene (Elpaís.cr).- El Partido de los Trabajadores (PT), defendió a la candidata a diputada de la organización por la provincia de Alajuela, quien enfrenta un proceso judicial por desarrollar acciones en favor de campesinos de l aRegión Huetar Norte de Costa Rica.

Señala que el 21 de enero trascendió en el Diario Extra que 69 candidatos a diputados por diferentes partidos políticos tienen procesos judiciales abiertos en los tribunales de justicia. Entre ellas se encuentra Lidieth Rojas, candidata al cuarto lugar por la provincia de Alajuela de parte del Partido de los Trabajadores.

En la actualidad, a Rojas se le acusa por el delito de usurpación. Cabe resaltar que a ella la detuvieron por persecución política por buscar tierra para trabajar y por formar parte de un proceso de lucha de las familias campesinas del asentamiento La Cruz, en Montealegre de Los Chiles.

Su captura se remonta al 17 de noviembre del año 202 cuando la fiscalía de Los Chiles la detuvo en vía pública, mientras se encontraba esperando por la liberación de las 7 personas detenidas cuando reconstruían los ranchos destruidos por la policía el pasado jueves en el marco de un desalojo.

La semana anterior a su arresto, Rojas había presentado una denuncia contra el jefe Policial de Los Chiles ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por haber ejecutado un desalojo desacatando una orden directa de la Sala Constitucional que impedía realizarlo.

Ellos exigían al Banco Nacional, dueño de las tierras, que ofreciera los terrenos al INDER para que esta entidad los adquiriera, opción que posibilitaría la construcción de un proyecto en el que las tierras se puedan entregar a las familias.

El proceso judicial contra Rojas se encuentra bajo investigación. Ella es dirigente de la Alianza Campesina del Norte, una organización que agrupa a más de 800 familias que demandan tierra para trabajar y vivir. Como activista del asentamiento La Cruz, en Montealegre de Los Chiles de Alajuela, ella, junto con decenas de familias sembraron terrenos con diferentes productos, como mecanismo para ganarse el sustento diario, ante la realidad de pobreza y desempleo que se vive en la región y que se agudizó durante la pandemia.

El PT asegura que esos terrenos los había trabajado una empresa piñera que, bajo el pretexto de declararse en quiebra, cerró sus actividades, se llevaron sus ganancias y dejaron sin trabajo a cientos de trabajadores, quienes aún siguen esperando el pago de sus prestaciones de ley.

Las familias buscaron diferentes canales de comunicación con el INDER y distintas instituciones con la finalidad de darle solución a sus peticiones; sin embargo, obtuvieron como respuesta un desalojo ilegal ejecutado por la Fuerza Pública. Dichas acciones atentaron contra la integridad física de Lidieth Rojas y demás parceleros, a quienes además les destruyeron sus cultivos que con tanto esfuerzo trabajaron, sostiene el PT.

El PT denuncia que a raíz de estos procesos de recuperación, tanto el gobierno a través de sus instituciones, la policía, así como los tribunales de justicia, se dedicaron a perseguir a 55 dirigentes campesinos, entre los cuales se encuentra Lidieth Rojas. «A ellos y ellas se les acusa de diversos delitos como usurpación, amenazas, estafa procesal e instigación, ese último principalmente contra las personas líderes del proceso», indicó.

«Estas personas están siendo criminalizadas como consecuencia de ejercer su derecho a trabajar la tierra y asegurarse un techo. Esta persecución ha sido con más ensañamiento hacia mujeres trabajadoras como Lidieth Rojas, las cuales, en su gran mayoría, cumplen el rol protagonista en el movimiento de la lucha campesina», añade.

Finalmente, dice el PT, «en el caso de los procesados en la zona norte, no son procesos de robo de tierras, como lo pintan los fiscales y abogados de los terratenientes. Fue procesada por plantear reivindicaciones justas dirigidas a que el gobierno, por medio del INDER y sus herramientas legales, comprara o expropiara esos terrenos y los distribuya entre las familias necesitadas».

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