La condena de Carlos Andrés Pérez: ¿otro “mamarracho jurídico”?

Ya nos habíamos referido antes del juicio a la argumentación del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, Segundo Circuito de San José, Goigoechea, el 26 de febrero del 2019 y al criterio de José Miguel Villalobos acerca de la sentencia del juez de Limón del 2018.  

Es tanta la mala intencionalidad que hay detrás de la persecución a este trabajador que debemos volver a ese programa de Laura Martínez en el cual entrevistó a Edwald Acuña y a Pablo Barahona, además del jurista ya citado.[1]

Edwald Acuña, en ese momento, consideró que ese juicio fue utilizado por el gobierno para golpear el movimiento sindical, pues nunca se había divulgado una sentencia por fragancia, dada en una provincia,  en todo el país. Se trataba de una sentencia “ejemplarizante”.  Sin detallar todos los vicios que vio en dicha sentencia, destacamos que el juez desconoció o decidió no aplicar la teoría del delito por la forma como varía la calificación de los hechos, lo cual es materia de un curso básico de Derecho Penal.

Además, el juez no analizó una serie de testimonios y pruebas técnicas aportadas por ambas partes. Acuña agregó que la Fiscalía debía iniciar un proceso para establecer si existió delito de prevaricato de parte del juez. Es sumamente chocante que una persona haya sido privada de libertad de una manera arbitraria. Entre los múltiples yerros, impuso prisión preventiva porque estableció peligro para la víctima; en este caso, la víctima era una persona jurídica, se trataba de Recope; las personas jurídicas no sufren riesgos, no padecen de miedo.

En cierto momento, el juez se convirtió en testigo, pues explicó la parquedad de un testigo, pues llevaba varios días sin dormir por trabajar como policía; como ese testimonio no aportó en el esclarecimiento de los hechos, el juez lo justificó.

Por su parte, Pablo Barahona planteó que dicha sentencia constituía una amenaza al Estado social de derecho. No se trataba solo de un juicio contra un sindicalista o contra un funcionario público, era contra el Estado social de derecho; lo vivido por Carlos Andrés Pérez anunciaba lo que nos esperaba como sociedad.  Eso fue en el 2018, después vino el fallo del Tribunal de Apelación.

Ahora, en el 2022, lo condenan.  La prensa comercial reprodujo la condena casi que se podría decir con regocijo. Hay otra visión, el Semanario Universidad aclaró lo de la condena, pero dio, también, el parecer del abogado defensor: José Miguel Villalobos.  ¡Eso es lo que me interesa! 

Apelarán la sentencia del tribunal limonense, pues lo condenan y:

 “…el Tribunal no analizó ninguno de los documentos de la defensa”.[2]

Lo castigan,

“…en virtud de unas declaraciones que señalan que a él lo vieron con el kimono o uniforme de trabajo lleno de aceite”.

Esas declaraciones las califica de falsas porque no fueron presentadas en el juicio anterior ni aparecen en el documento hecho por los policías cuando el trabajador fue detenido.

Por último, el abogado defensor afirmó que están:

«…convencidos que son declaraciones falsas dadas bajo juramento, y procederemos en el momento oportuno a acusar a estas personas del delito de falso testimonio […] Estamos convencidos que después de la apelación, que esperamos que la sentencia se anule en el siguiente juicio, ya quedará suelto Carlos Andrés y rechazada la acción civil; y así condenar a Recope en el pago de los daños, perjuicios y costos”.[3]

Mientras pasa el tiempo, el presidente de la República, el ministro Soto y Muñoz de Recope se irán tranquilos con la farsa bien montada, pero sus huellas chorrean dolor y sufrimiento de un humilde trabajador y de su familia y de todas aquellas personas que luchamos por la justicia social.

(*) Isabel Ducca D.

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