jueves 8, diciembre 2022
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Malas noticias para el sector agropecuario, consumidores y para quienes siguen tomando agua con residuos de plaguicidas

La legisladora Paola Valladares (PLN) con bombos y platillos anunció que la Comisión de Asuntos Agropecuarios dictaminó el proyecto #22.437 para supuestamente “solucionar el problema de registro en Costa Rica”. En realidad es un texto escrito a puño y letra de los importadores de venenos.

Este proyecto de ley está muy lejos de lo que el país requiere: un sistema de registro basado en sustento técnico-científico. En el año 2004 la Contraloría General de la República realizó un diagnostico técnico al sistema de registro de plaguicidas,  donde señaló los principios básicos tienen que sustentar un registro de plaguicidas en nuestro país dicho documento conocido como D-FOE 19-2004  es vinculante para la administración y su obligatoriedad fue señala por la Sala Constitucional  en sentencia 2004 – 13968. Pero nada de esto fue tomado en cuenta en la Comisión de Agropecuarios.

Esta propuesta de ley contradice el Código Internacional de  Conducta sobre la Distribución y Utilización de Plaguicidas de FAO 2010, además pierde la objetivación de lo que debe ser un el  registro de plaguicidas que es el  elemento central en las políticas agrícolas, de salud y protección al ambiente y su implementación debe tener bases sólidas técnicas – científicas y no solo de índole comerciales como la propuesta aprobada por la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la actual Asamblea Legislativa. Esta propuesta carente de sustento técnico solo provocará problemas a los y las agricultoras, en la salud humana y en los ecosistemas.

Incluso la FAO define el registro de un plaguicida como el proceso por el que la autoridad nacional o regional responsable aprueba la venta y utilización de un plaguicida, previa evaluación integral de datos científicos que demuestren que el producto es efectivo para el fin al que se destina y no entraña un riesgo inaceptable para la salud humana, animal o para el ambiente, para lo cual las empresas debe presentar todos los documentos científicos necesarios para demostrar que el producto a registrar no presenta externalidades negativas.

Esta propuesta de ley lo que representa es una desregulación o “simplificación de trámites” a favor de los vendedores de plaguicidas cediendo el Estado su deber ser,  ante el interés particular y el enrriquesimiento privado.  Al Estado le corresponde  la protección de la colectividad social misma que encuentra sustento en nuestra constitución política y en normas internacionales  de lo que debe ser un registro de plaguicidas.

El registro de plaguicidas tiene una importantísima connotación en el ordenamiento jurídico nacional costarricense, pues se inserta como uno de los instrumentos de efectiva tutela de los derechos fundamentales de la salud y a un ambiente sano y ecológicamente  equilibrado , así como a los derechos de los consumidores (artículo 21,46 y 50 de la Constitución política ) caso contrario este proyecto de ley  por la forma en que se ha presentado  lo que busca es facilitar el registro y comercialización de plaguicidas en beneficio a los vendedores de plaguicidas, con absoluta omisión de competencias de los distintos ministerios  y de valores superiores que rigen la materia, sin resguardar en este caso ni la calidad de los productos, ni buscar un beneficio al agricultor, ni los posibles riesgos a la salud y al ambiente lo que constituye una evidente desviación a los principios básicos que debe regir esta materia.

Además la industria del veneno pretende con este tipo de Ley es algo  muy similar a la ley 8702 Trámites de Solicitudes de Registro del año 2009, que lo que se buscó fue darle diez años más de vida comercial a todos esos productos conocidos como moléculas viejas (muchas prohibidas en muchas partes del mundo), que en este país no han sido evaluados integralmente desde sus registros.

Hay que recordar que ya desde el año 2004 la CGR indicó “se deben tener como fuera de ordenamiento jurídico aquellos registros en los cuales no se hubiese dado cabal cumplimiento de la normativa constitucional, internacional y nacional que regula el proceso de registro de estas sustancias. Pero en Costa Rica han transcurrido 18 años desobedeciendo ala CGR y ahora quieren 10 años más para seguir vendiendo estas sustancias.

El discurso de la industria y las Diputada Valladares han utilizando como mampara un favorecimiento a los agricultores, a bajar precios  y a la agricultura en general, pero el verdadero interés con este tipo de propuesta de ley es que alguno sigan haciendo más ricos en detrimento de la eficacia de los productos en el campo, que sigamos consumiendo residuos de plaguicidas como se evidencia en el informe de residuos de plaguicidas del Servicio Fitosanitario del año 2021 donde el 23 % de los productos que conseguimos en el mercado está contaminado con residuos y sigamos consumiendo agua contaminada, como le ha sucedido a los pobladores de Siquirres, Pital de San Carlos y más recientemente a los pobladores de Cipreses de Cartago.

Quienes defienden este proyecto de ley, pretenden seguir vendiendo productos obsoletos, muchos de los cuales no se venden en Estados Unidos o Europa como el caso del metamidofos producto altamente tóxico, Clorpirifos por sus efectos severos en la salud de los niños está prohibido en Europa, Estados Unidos, Canadá y otros países, la Carbendaziana un posible cancerígeno y el Clorotalonil está catalogado como un posible carcinogénico, para citar algunos de los muchos que se comercializan en el país.

Otro de los objetivos de esta ley es sacar de la participación de la evaluación de riesgo de estas sustancias químicas al Ministerio de Salud y al Ministerio de Ambiente y Energía haciendo una interpretación obstusa de la ley 7664 (Ley de protección fitosanitaria), ante esta situación tanto nuevamente la CGR ,como distintos tribunales judiciales han indicado que la participación de MINAE y MINSA son imprescindibles en la evaluación de los agroquímicos. Esta tarea por ley no es exclusiva, ni del Servicio Fitosanitario del Estado, ni del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sino deben estar presentes en la toma de decisión por sus competencias legales el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente.

El país requiere de una ley de registro acorde con la normas naciones e internacionales, acorde con nuestros derechos constitucionales,  no una ley hecha a la medida para que los vendedores plaguicidas hagan su agosto en vendiendo productos altamente tóxicos muchos de los cuales están prohibidos en muchos países, en detrimento de la salud de todos los costarricenses y el deterioro de nuestro ambiente incluyendo el agua, los alimentos que llega a nuestras mesas.

A los diputadas y diputados les corresponde legislar en beneficio de la mayoría de los costarricenses y no de los mercaderes del veneno y la contaminación.

(*) Bloque Verde

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