viernes 3, febrero 2023
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Argentina echa el pulso a los evasores para pagar al FMI

Buenos Aires, 12 abr (Sputnik).- La vicepresidenta argentina ha tenido una idea, y esa idea empieza a cristalizarse en el Congreso legislativo.

Crítica con el papel que ha desempeñado el Fondo Monetario Internacional (FMI) en la historia de su país, Cristina Fernández de Kirchner se opuso al acuerdo impulsado por el presidente, Alberto Fernández, para refinanciar el préstamo 44.000 millones de dólares contraído por el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

Con el acuerdo ya sancionado en el Congreso, será el mismo parlamento el que trate de solventar el pago de ese préstamo. La vicepresidenta se reunió a finales de marzo con el embajador estadounidense en Argentina, Mark Stanley, a quien acercó la propuesta presentada de manera oficial por los senadores de la coalición gobernante. Será en la cámara alta, cuya titular es, justamente, Fernández de Kirchner, donde comience el debate.

El propósito es que ese crédito, que generó «una fuga de capitales del sector privado que alcanzó los 45.100 millones de dólares», según sostuvo el propio Banco Central de la República Argentina (BCRA) en marzo de 2021, se financie con esa misma evasión. O al menos, con el dinero en el exterior no declarado.

«El propósito es constituir un fondo para pagarle al FMI y obtenerlo de los recursos que se han evadido de impuestos y a su vez se han girado al exterior», explica en una entrevista con la Agencia Sputnik el senador oficialista Ricardo Guerra. «Pueden estar en bienes, acciones, bonos, o dinero».

La Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Guerra, analiza junto a la Comisión de Legislación General la propuesta de constituir un «Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI» con activos en el exterior que no hayan sido declarados.

Tomará un papel activo el fisco argentino, encarnado en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). «A partir de la sanción de la ley, va a empezar la búsqueda de los evasores, apelando a información que pueda tener y a tratados existentes con otros países».

La iniciativa sugiere que quienes hayan evadido su patrimonio y lo tengan en el exterior realicen «un aporte especial de emergencia», consistente en el 20 por ciento de su bienes no declarados, que deberán ser pagados en dólares.

La alícuota subirá al 35 por ciento pasados los seis meses de la entrada en vigor de la normativa, mientras que si se inicia la fiscalización por parte del organismo recaudador, la tasa subirá al 50 por ciento.

«A decir verdad, son dos leyes las que tratamos», matiza Guerra. «Una es la vinculada al fondo, y otra apunta a la flexibilización de los secretos financieros, fiscal y bursátil para autoridades de alta responsabilidad y algunas instituciones. En la sombra de estos secretos, se ha dado lugar a maniobras que redundan en la evasión y fiscal y fuga».

Hasta el 31 de diciembre de 2021, 417.507 millones de dólares se encuentran en el exterior o fuera del sistema financiero, de los cuales solo están declarados 69.000 millones, según cifras oficiales.

«La diferencia, unos 330.000 millones, sería fruto de la evasión y se encuentra en el exterior», pondera el legislador. «Eso supone casi el 80 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)».

De esa cuantía en el exterior, el oficialismo aspira a detectar al menos 100.000 millones de dólares. «Si se concreta esa cifra, estaríamos hablando de una recuperación de impuestos evadidos de alrededor de 20.000-25.000 millones de dólares, que representa el 50 o 60 por ciento de la deuda que actualmente se mantiene con el FMI», calibra el senador.

COLABORADOR DELATOR

Algunas voces discordantes han cuestionado la creación de este fondo. En el acuerdo técnico suscrito con el FMI, se estipula que «seguirán siendo necesarios los planes de pago de impuestos, pero se evitarán amnistías fiscales que puedan deteriorar el cumplimiento tributario».

Sobre este punto, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda responde que no se trata de un blanqueo de capitales. «Un blanqueo apela a la actitud voluntaria de la persona que tiene dineros no declarados en el exterior a cambio de una alícuota que se le aplica por lo que vaya a declarar» alega. «Esto es coercitivo, hablamos de penas sobre los importes que se detecten».

Otro aspecto cuestionado por la oposición es la figura del «colaborador», que alude a las personas o entidades bancarias que faciliten el hallazgo de bienes no declarados y que podrían ser premiados con hasta el 30 por ciento de lo que se obtenga por la información aportada.

«Es una figura a la que apelan muchas países, como EEUU, que tiene una figura análoga», plantea Guerra. «Hay quienes tienen una visión crítica de esta figura, pero en determinados contextos y situaciones, puede ser útil a un objetivo superior, que en este caso es obtener recursos fruto de dinero originado en un delito para cancelar una deuda monstruosa».

La Comisión de Presupuesto y Hacienda aspira a emitir dictamen del proyecto la semana del 18 de abril, según su titular, para que pueda ser votado por el plenario del Senado antes de fin de mes. El texto pasaría entonces a la Cámara de Diputados. «Esperamos que la ley esté sancionada antes de que finalice mayo», vaticina Guerra.

A diferencia de lo sucedido con el acuerdo con el FMI, en esta ocasión es de esperar que el oficialismo vote de manera unánime, según el senador. «Si bien la oposición ha planteado sus reparos e inducen a pensar en un no acompañamiento, interpreto que dentro pueden tener sus disidencias», arguye. «Al final, la ley plantea si se está a favor de la evasión impositiva o no». (Sputnik)

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