domingo 14, agosto 2022
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Acuerdo de Escazú: la deuda de Costa Rica con las comunidades indígenas

Pobladores de comunidades indígenas de Costa Rica afirman que sus autoridades no muestran interés en promover la participación en la COP 1

Pese a que Costa Rica lideró las negociaciones del Acuerdo de Escazú y le otorgó el nombre de una de sus ciudades – que, por cierto, proviene de la lengua huetar Itzkatzu -, los pueblos originarios que serían los principales beneficiarios afirman que, dos años después de que el país firmara dicho tratado, no han sido involucrados en las consultas, tomas de decisiones ni en cualquier otra actividad relacionada con el tema. 

El Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021, ha sido firmado por 24 países – incluyendo Costa Rica – y ratificado por 12 Estados. Pronto marcará un nuevo hito, ya que desde el 20 al 22 de abril se desarrollará la primera Conferencia de las Partes (COP 1) en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en Santiago de Chile. En el evento se revisará el avance en la implementación de este tratado, incluyendo las reglas de procedimiento, las modalidades para la participación significativa del público, las disposiciones financieras y las reglas del Comité de Apoyo y Cumplimiento.

Además, se analizarán algunas estrategias para una efectiva implementación del acuerdo en una región que ha sido catalogada como la más peligrosa para los defensores del medio ambiente.

Pese a ello, algunos pobladores de territorios indígenas afirman que no han recibido información y que desconocían la posibilidad de participar o tener representación en este evento.

“La información no llega hasta los territorios indígenas, ni siquiera sabíamos que iba a haber una Conferencia de las Partes. No ha habido interés del Gobierno de promover la participación de los pueblos indígenas en las negociaciones del Acuerdo de Escazú. No está entre sus prioridades”, refirió el indígena Bribri, Levi Sucre.

Sucre, quien lleva más de 30 años en la lucha por la defensa de los territorios indígenas de la costa del Caribe costarricense, asegura que por ser el país donde florecieron las negociaciones de este tratado, esperaban una mayor apertura a la inclusión de las comunidades indígenas. Sin embargo, hay “otros países donde se sabe más del Acuerdo de Escazú que en Costa Rica misma, que fue donde se firmó”.

El Ministerio del Ambiente y Energía de Costa Rica (Minae) tampoco tendrá representación en esta COP 1. El espacio que corresponde a Costa Rica como país signatario del Acuerdo, será ocupado por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Rodolfo Solano, a quien se solicitó una entrevista, pero no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición. A través de un comunicado de prensa de la Cepal, se conoció que la vicepresidenta, Epsy Campbell, participará de manera virtual en la inauguración del evento.

Luego de consultar al Minae si Costa Rica elaboró una agenda sobre los temas a discusión en la COP 1, en conjunto con la sociedad civil y otros involucrados, y si miembros de la institución participarían de forma virtual en el evento, la oficina de prensa respondió que: “el Minae no recibió invitación a la COP 1 del Acuerdo de Escazú, tanto a nivel presencial como virtual. Desde el Ministerio de Ambiente y Energía, estamos seguros en que la Cancillería representará a Costa Rica de la mejor manera posible”.

Asimismo, al ser consultado sobre cómo Costa Rica lograría la participación de las comunidades indígenas en la implementación de Escazú, Franklin Paniagua, quien hasta hace unas semanas era viceministro del Minae, respondió que la institución no puede tener un plan de acción ni hacer mucho al respecto, mientras este convenio no sea ratificado por la Asamblea Legislativa y no se cuente con un presupuesto.  

“Con las comunidades indígenas tenemos una disposición de trabajo y de respeto a sus derechos que tiene un trabajo largo. Escazú no lo estamos implementando ni con los indígenas ni con nadie”, añadió Paniagua.

Por su parte Patricia Madrigal, abogada y especialista en derechos humanos y del ambiente, quien ocupó el cargo de viceministra de Ambiente en el periodo 2014-2018 y participó en las negociaciones del Acuerdo de Escazú, es más optimista y sostiene que la promoción e implementación de este tratado regional debe ser algo que incluya e involucre a todos los sectores y no dejar caer toda la responsabilidad sobre el Minae.

“Ha sido un tema que no ha venido desde el Gobierno, pero sí que cada vez más las organizaciones sociales quieren conocer y aprender un poco más del Acuerdo de Escazú. Hay una red de organizaciones que trabajan en temas ambientales y sociales que se han dedicado a divulgar el contenido, de manera que las personas puedan verlo como una herramienta práctica y positiva para los temas que ellos tratan de seguir”, señaló Madrigal.

La experta resalta que Costa Rica tiene una larga tarea por hacer en materia de divulgación de temas ambientales y en específico del Acuerdo de Escazú. Madrigal pone como ejemplo a países como Perú, donde aún no se ha ratificado el acuerdo, pero desde ya existe difusión y traducción del documento en lenguas indígenas, de manera que se pueda compartir sin esperar a que sea ratificado. 

Esta COP 1 es un desafío tanto para sus organizadores como participantes, debido la pandemia del Covid-19, que ha obligado a limitar la participación presencial. De hecho, muchos deberán ver o asistir a las actividades de manera virtual, lo que presenta una dificultad para las comunidades indígenas, ya que la mayoría de estos territorios viven en pobreza y no tienen acceso a este tipo de tecnologías.

Elides Rivera, líder indígena Térraba, quien desde hace 32 años se unió a la lucha de los pueblos originarios en la defensa de sus derechos y territorios, confiesa que dentro de las comunidades hay poco o nulo conocimiento sobre el Acuerdo de Escazú.

“Este no ha sido un tema que se ha trabajado en las comunidades. Y si hemos recibido información del Gobierno tampoco ha sido un trabajo informado, sino que en algunas actividades vino la magistrada y dijo ‘aquí les dejo este Acuerdo de Escazú, es un convenio que Costa Rica puede adoptar’”, mencionó Rivera.

A diferencia de la mayoría de los líderes indígenas consultados, Rivera sí tenía conocimiento sobre la COP 1, sin embargo, afirma que desde las instituciones gubernamentales no se abrieron los enlaces para incentivar a la sociedad civil a la participación.

“Llevan a alguien que está pegado a los gobiernos o que ha sido de un partido, pero no son las personas que están trabajando en las comunidades. No hemos hecho una propuesta que lleve Costa Rica a la conferencia”, dice Rivera con  tono de impotencia.

Esta COP 1 también se ve marcada por el cambio de Gobierno de Costa Rica, cuyo presidente electo, Rodrigo Chaves, se ha mostrado en contra del Acuerdo de Escazú. El futuro mandatario, quien tomará posesión el próximo 8 de mayo, ha manifestado interés en la pesca de arrastre y se ha mostrado a favor de la extracción de combustibles fósiles.

“No añade nada nuevo a nuestra legislación y crea problemas de litigio de enredar las cosas en un momento en que necesitamos hacer que la producción de este país se dispare de nuevo”, dijo Chaves con respecto al Acuerdo de Escazú en una entrevista durante su candidatura presidencial en febrero pasado.  

Tanto líderes indígenas como expertos en derechos humanos y medio ambiente se muestran optimistas a que el Acuerdo de Escazú vuelva a debate en la Asamblea Legislativa, con el cambio de Gobierno. No obstante, el panorama no es alentador, ya que Chaves aún no muestra el plan y ruta ambiental de su administración.  

Ante este escenario, las y los líderes de distintos pueblos originarios costarricenses llaman a las autoridades a adoptar el Acuerdo de Escazú porque, aunque no es el único instrumento que pueden usar para hacer valer sus derechos, su ratificación significaría una esperanza para todas las personas que están involucradas en la defensa del ambiente. Para ellos, su implementación sería una forma en la que el Estado les reconozca toda labor que han hecho y de la cual el país se ha beneficiado.

“Es una herramienta que nos dará más fuerza para seguir defendiendo los bosques, nuestros territorios y recursos. Es una herramienta para defendernos de cualquier inversión que solo busque explotar los recursos con el fin de solo generar dinero y dejar pobreza en las comunidades”, resaltó Sucre. 

“Para que se ratifique este acuerdo es necesario que la población y la sociedad civil lo conozca y no se está haciendo nada. No hay una institución pública o privada que se dé a la tarea de divulgar el Acuerdo de Escazú a nivel de las comunidades, para que sea la misma población que empiece a levantar el tema y hacer presión a las autoridades políticas (para su ratificación). Esperamos algún día contar con esta herramienta”, cuestionó Rivera, quien también pertenece a la organización de mujeres defensoras de las comunidades indígenas Mano de Tigre.

El Acuerdo de Escazú fue aprobado por unanimidad en un primer debate de la Asamblea Legislativa, el 13 de febrero de 2020, sin embargo, al ser enviado a consulta, la Sala Constitucional encontró un vicio de procedimiento, al no consultársele al Poder Judicial. Este último emitió un informe en el que afirma que este tratado afecta su funcionamiento y presupuesto, por lo que ahora se necesitaría el voto de mayoría (38 diputados) para ser aprobado.

Comunidades indígenas en la mira

En Costa Rica habitan ocho pueblos indígenas: Huetar, Maleku, Bribri, Cabécar, Brunka, Ngäbe, Bröran, y Chorotega, quienes representan un 2,4% de la población total del país, según datos del Censo Nacional de 2010.

De acuerdo con el estudio Mundo Indígena 2021, realizado por The International Work Group, una ONG global de derechos humanos dedicada a promover, proteger y defender los derechos de los pueblos originarios, en Costa Rica un 6,7% de la superficie nacional es ocupada por 24 territorios autóctonos, sin embargo, una gran parte está invadida por ocupantes que no pertenecen a estas comunidades.

“Aunque Costa Rica ha adoptado la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y ha ratificado la Convención 169 de la OIT, los derechos al territorio y a la autodeterminación siguen sin estar reconocidos”, indica el informe.

Entre el 2015 y el 2020 el Poder Judicial registró 152 denuncias por violación a la Ley Orgánica del Ambiente (Ley 7554). En este periodo se sentenciaron a 26 personas por los hechos antes mencionados y otras siete por infracción de reglamentos por caza y pesca.

En el 2020, el líder indígena Jerhy Rivera Rivera fue asesinado con cinco disparos por la espalda después de participar en una reunión de defensores del territorio Bröran de Térraba. Un caso similar ocurrió en marzo de 2019, cuando el dirigente Bribri del territorio de Salitre y uno de los fundadores del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), Sergio Rojas, recibió 15 balazos a sangre fría.

Ambos dirigentes en múltiples ocasiones habían denunciado amenazas por su papel de defensores y su lucha en la recuperación de los territorios de sus poblaciones. Tanto Rivera como Rojas contaban con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Lo anterior contrasta con la imagen proyectada por el país. A nivel internacional Costa Rica se perfila como un país líder en protección del ambiente y derechos humanos. De hecho, ha recibido muchos premios y donaciones para continuar con su política de conservación ambiental, por lo que expertos en derecho ambiental y defensores indígenas tienen esperanzas en que pronto se ratifique este tratado regional ya que, de no hacerlo, significaría un retroceso para la nación. Por ello, la atención de muchos está en las novedades que deje la próxima COP 1, que culminará el 22 de abril, cuando se conmemore el Día Internacional de la Madre Tierra.

El ex viceministro de Ambiente y Energía resaltó que, aunque a veces se quiere hacer creer que el país no necesita el Acuerdo de Escazú, la realidad es otra, ya que ha sido testigo de la dura lucha que llevan los defensores del medio ambiente, “incluso a costa de sus propias vidas”.

Por ello, durante la Quinta Reunión del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, un evento paralelo a la COP 1, Paniagua sostuvo que “muchos (de ellos) han muerto y sus casos aún están sin responsables y requieren una solución. Esa solución es el Acuerdo de Escazú, (y) su pronta aprobación e implementación”.

 

(*) Blanca Estela Reyes

Nota del Editor: *Este trabajo fue producido en el marco del proyecto sobre la COP1 del Acuerdo de Escazú de Climate Tracker y FES Transformación.

 

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2 COMENTARIOS

  1. My father taugh me to always believe in:»Given half a chance, ordinary people can do extraordinary things», said a good friend of mine.
    Mi padre me enseñó a creer siempre en: «Dar media oportunidad, la gente común puede hacer cosas extraordinarias», dijo un buen amigo mio.

    La pagina de CEPAL tiene gran informacion y registrarse en gratis, quizas es bueno para estar actualizado y participar. Dijo mi abuela» para comer camarones hay que mojarse las rodillas» o » si la montana no viene a mi yo voy a la montana», dijo alguien (no me recuerdo).
    Shalom

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