Con ocasión de la reciente fecha del Día de la Tierra es oportuno apuntar que se está desarrollando a nivel internacional una nutrida corriente de análisis sobre los impactos ambientales de las acciones bélicas que se desarrollan hoy día en Ucrania. Este tipo de documentación no es nueva en lo relativo a los conflictos internacionales, pero usualmente se ha hecho con posterioridad a los mismos.
La situación respecto a Ucrania es diferente, no sólo por el nivel y actualidad de la crisis climática global y el impacto inmediato que todas las naciones están experimentando en su desempeño ambiental dadas las consecuencias de la disrupción de los mercados energéticos. También se presenta un nuevo nivel de cobertura mediática y de flujo de información.
Nuestra comprensión común del conflicto y de sus impactos posiblemente tiende a asumir que, por la distancia, las implicaciones ambientales de los impactos de esta guerra para nosotros son insignificantes. Sin embargo, lo cierto es que no es así y que el conflicto, aparte de sus impactos ambientales de carácter local tiene importantísimas consecuencias ecológicas que van a afectar el proceso de reactivación económica que requiere Costa Rica, las medidas que va a poder tomar el gobierno entrante, el papel de nuestro país en la diplomacia internacional y nuestros propios ecosistemas.
Los efectos ambientales locales, con consecuencias para la población civil, son impactantes y muestran un patrón común con otras acciones emprendidas por Rusia en Chechenia y Siria. Entre ellos se encuentra la destrucción de infraestructura pública de provisión de agua y saneamiento, la disrupción de la provisión de energía y de alimentos y la contaminación radioactiva que, según la periodista especializada Isabella Kaminski, se agravan por la densidad poblacional y la alta industrialización del país.
Muy relevantes para Costa Rica son los impactos sobre los mercados energéticos, la seguridad alimentaria global y el cambio climático. Los primeros dos los hemos percibido con mayor inmediatez en nuestro bienestar en los últimos meses. El último lo veremos potencialmente afectar nuestros patrones climáticos y va a tener influencia en la dirección y el éxito de nuestras políticas ambientales, sociales y económicas.
La invasión rusa de Ucrania ha ocasionado una disrupción en la seguridad de los suministros de combustibles fósiles que han llevado lo precios del petróleo crudo a sus actuales niveles de más de US$106 por barril para el crudo Brent. En el último año este precio subió un 38%, con fluctuaciones en los últimos tres meses que lo hicieron sobrepasar los US$120. Así, de acuerdo con RECOPE el precio de la gasolina regular subió en Costa Rica correlativamente un 38% en el último año y 21.5% de ese aumento se dio entre diciembre y el 31 de marzo pasado.
El precio internacional del trigo, del cual Ucrania y Rusia son grandes productores, ha subido desde principios de enero en un 28%. El efecto combinado de estos aumentos afecta no sólo la canasta básica costarricense sino el nivel general de precios, generando una presión inflacionaria en la economía nacional que podría llevar, si se mantiene constante la tendencia mostrada hasta fines de marzo, a una inflación cercana al 10% para el cierre del año. Los impactos de esta tendencia tienen consecuencias a lo largo de todos los sectores económicos con especial preocupación sobre la situación de aquellos pobladores que son más socialmente vulnerables.
El efecto de esta coyuntura sobre los ecosistemas del país se relaciona con el aumento de la presión sobre las decisiones de política económica que debe tomar la administración entrante y sus relaciones con las políticas ambientales. Debemos tomar en cuenta en primer lugar que, conforme lo reconocen analistas como Benjamin Hart y David Wallace-Wells, uno de los efectos sobre los modelos energéticos mundiales ha sido que países que agresivamente estaban desechando el carbón como fuente de generación de energía están retomando su uso. Este es el caso de los países europeos.
Algunos aseguran que estos movimientos servirían a los beneficiarios de los oligopolios petroleros para alegar que no se puede promover una transición energética tan rápida a fuentes alternativas limpias. Sin embargo, Wallace-Wells considera que más bien ha sido una ilustración de los costos no climáticos del uso de los combustibles fósiles y de los problemas de la dependencia en las decisiones políticas de los Petro-estados. Considera que estimulará las políticas económicas verdes, aunque reconoce que en el corto y mediano plazo implica un retraso al cumplimiento de las metas del Acuerdo de París. En el caso de los combustibles fósiles esta inflación crea un ambiente político en el que aplicar los impuestos a los combustibles fósiles como medida de estimular la transición hacia la descarbonización se vuelve más difícil, como lo hemos comprobado en Costa Rica. El país debe poner atención a las medidas de reforma fiscal verde que han sido propuestas por distinguidos economistas como Fernando Rodríguez dentro de iniciativas como Biofin.
Adicionalmente, nuestro país debe lidiar en una forma cuidadosa y balanceada con las políticas de reactivación económica, lucha contra el desempleo e inequidades regionales y las metas de sus políticas de descarbonización y conservación que sustentan la marca verde del país. Debemos recordar que los estudios de rentabilidad de estas políticas, recientemente encomendados al Centro Rand, han arrojado que la inversión en descarbonización tiene efectos positivos en la recuperación económica del país. Específicamente, los efectos de cinco años de inversiones de descarbonización, a partir de 2021 y en consonancia con el Plan de Descarbonización, mejorarían notablemente el empleo y aumentarían la actividad económica. Los resultados del modelo usado muestran que las pérdidas de empleo del COVID-19 se reducirían más rápidamente, pasando del 14,2% de pérdidas en 2020 a una ganancia neta de puestos de trabajo en 2025. Las inversiones en descarbonización aumentarán igualmente la recuperación de la producción económica, que pasa de un descenso del valor agregado del 4.3% a un nivel del 1.3 al 2.1 % superior al que habría tenido sin COVID-19. También, se darán mejoras más fuertes en el empleo para las mujeres y se beneficiará la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Esta información es de suma importancia para las decisiones que debe tomar la administración Chaves Robles, junto con antecedentes bien establecidos como el que las áreas protegidas del país generan un porcentaje significativo del PIB mediante la atracción de la actividad turística, los fondos de cooperación y las actividades asociadas a ese clúster económico. Éstas se sustentan en el liderazgo ambiental internacional reconocido que tiene el país, reafirmado por la obtención de los premios Champions of the Earth, Earthshot y el reconocimiento de Christiana Figueres como Dama de la Excelentísima Orden del Imperio Británico.
La seriedad de la situación implicará asimismo una toma de posición hacia un importante movimiento jurídico que se ha fortalecido a nivel del Derecho Internacional como resultado de la situación ucraniana. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha abierto una investigación criminal por el crimen de ejecutar acciones bélicas intencionalmente con conocimiento de que causan daño ambiental generalizado, severo y de largo plazo. Sin embargo, este es un delito internacional por el que nunca se ha presentado aún una acción. La especialista de la Queen´s University en Belfast Rachel Killean sostiene que esta acción puede realizarse si se vincula la destrucción ambiental con los ataques a la propiedad de civiles o los ataques sistemáticos a la población civil, delitos de guerra y contra la humanidad respectivamente. La Corte Penal Internacional ha sugerido anteriormente que consideraría este enfoque en principio. Una solución alternativa propuesta es reformar el estatuto de la Corte para incluir el ecocidio como un tipo penal internacional, meta en favor de la cual se han manifestado numerosas organizaciones no gubernamentales internacionales. Dentro de este movimiento por integrar los crímenes ambientales con la normativa de derechos humanos se encuentra también la discusión sobre el Acuerdo de Escazú.
Esta iniciativa es opuesta por diversos países, mientras países como España, Portugal, El Salvador, Líbano y los países escandinavos se han unido al movimiento internacional por esta corriente de reforma. La coyuntura afectará la realidad de los próximos cuatro años en tanto requerirá que la administración entrante defina si su perfil continuará la tradición diplomática ya establecida del país: líder en materia ambiental y defensor de los derechos humanos. Los habitantes de Costa Rica esperamos con inquietud las posiciones que la administración Chaves Robles tome sobre estos temas tan trascendentales y delicados.
(*) Dr. Bernardo Aguilar González[1]
[1] Asociación Regional por la Transformación Social y Ecológica-JUSTECO (ARTES-JUSTECO), Eco-EJE Estudio Jurídico y Económico.
