El “municipalismo” es una posición ideológica de cara a la organización del aparato público. Es una postura que favorece el desarrollo local, la descentralización territorial. Como toda ideología o creencia, tiene amigos y enemigos.
No es algo que haya surgido en los últimos años. Tiene una larguísima historia de altibajos, pero está claro que la Constitución vigente (1949) marca la cancha, desde su versión original. En 1949 se dispuso la titularidad de las competencias de interés local en cabeza de las municipalidades y a estas se les otorgó autonomía en alto grado.
Los productos humanos, siempre, son defectuosos. Ni el municipalismo extremo ni el estatismo extremo son buenos. Todo requiere equilibrio racional. El problema es encontrarlo. Echarle la culpa del “caso Diamante” (un supuesto caso de corrupción municipal que involucra a varios alcaldes) al municipalismo no es acertado. Como no lo sería echarle la culpa al estatismo del caso “Cochinilla”, de supuesta corrupción en Conavi-Mopt.
En el 2001 se reformó el 170 de la Constitución, prescribiéndose transferencias de fondos del Presupuesto Nacional hasta por el 10%, a favor de las municipalidades, amarradas a transferencias de competencias. Sea: no son simples transferencias de recursos. El Gobierno cede fondos pero se descarga de competencias. Cede los recursos que le cuesta ejercer esas competencias. Es decir, no se desfinancia ni en un peso. Que la Verónica no está para tafetanes no viene a cuento. El tema de las transferencias del 170, en vez de satanizarlo, merece retomarse en serio. O bien seamos responsables y que se derogue entonces la reforma del 2001.
Es absolutamente normal que se intente aprovechar los diversos sucesos para justificar posiciones previas sin demostrar la relación entre las cosas. El fortalecimiento de la administración autónoma local lo impuso la Constituyente del ´49 y el país está en mora en su implementación. No busquemos pretextos para seguir en mora.
(*) Dr. Mauro Murillo Arias es Abogado
