viernes 12, agosto 2022
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Acuerdo de Escazú, la “oportunidad de oro” de Costa Rica para garantizar derecho ambiental

San José, 28 Abr, por Blanca Estela Reyes.- Era una noche de febrero, 24 para ser precisos. Desde un día antes el terror se había apoderado de la comunidad Mano de Tigre, en Potrero Grande de Buenos Aires de Térraba, donde la luz de Luna nueva, que en momentos era opacada por grandes nubes y las corrientes del enfurecido río Térraba, fueron testigos de un sangriento hecho que marcó para siempre la vida de doña Digna Rivera y que sembró un precedente en los territorios indígenas de Costa Rica.

Doña Digna Rivera, una señora de 72 años, de estatura media, ojos claros, cabello negro y un poco de canas; desde hace dos años reclama justicia por el asesinato de su hijo: Jerhy Rivera Rivera. En su lucha y sed de justicia conoció el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que compromete a los Estados Parte, a proteger a los defensores del ambiente. Sin embargo, lo conoce muy poco, aunque le gustaría analizarlo más a fondo para poder usarlo una vez que su país lo haya ratificado.

Digna Rivera.

A Digna, también le hubiese gustado participar en la Primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú, que se llevó a cabo hace pocos días en Santiago de Chile, para exponer las “debilidades”, del sistema judicial de Costa Rica, que dejó en libertad al asesino de su hijo, incluso habiendo confesado el crimen. 

Durante la COP1, donde Costa Rica participó como país signatario y se mostró a favor de la participación del público en la mesa directiva, la vicepresidenta Epsy Campbell, quien participó de forma virtual en el acto inaugural, lamentó que su Gobierno aún no haya ratificado Escazú, pese a ser un tratado sólido, que fue sometido a una rigurosa revisión legal por parte de expertos y que goza de flexibilidad, para funcionar dentro de cualquiera de los ordenamientos jurídicos de la región.

“Esa incuestionable solidez legal está, además, cimentada por un aspecto de igual, o quizás mayor importancia: la legitimidad que le otorgó el proceso de negociación, que por primera vez sentó en la misma mesa de negociación a Estados y a distintos actores de sociedad civil”, señaló Campbell, quien pidió a los países de la región adoptar el tratado a la mayor brevedad posible. “Ya no tenemos más tiempo, el cambio climático nos rebasa”.

El Acuerdo de Escazú quedó prácticamente congelado en la Asamblea Legislativa desde febrero de 2020, luego de ser enviado a consulta a la Sala Constitucional, instancia que encontró un vicio de procedimiento, por no habérsele consultado al Poder Judicial, el cual afirma que este convenio regional afecta su funcionamiento y presupuesto.

La decisión de Poder Judicial, ha sido fuertemente cuestionada por especialistas en derechos humanos y del ambiente, quienes resaltan que, al tratarse de un acuerdo que busca avanzar en términos de democracia, el tema de presupuesto debió pasar a un segundo plano y no ser una de las causas que hoy impide al país contar con este instrumento. Para ellos, esto daña la política ambiental que Costa Rica ha liderado en la región en las últimas décadas.

«Durante las discusiones (en los Parlamentos) que se dieron en los 12 Estados que ya han ratificado el Acuerdo de Escazú (así como en Perú) de cara a la aprobación, en ningún momento sus poderes judiciales externaron el criterio de la Corte Plena del Poder Judicial de Costa Rica (que el tratado conlleva un gasto adicional para el funcionamiento del Poder Judicial)», explicó Nicolás Boeglin, profesor de derecho internacional y del ambiente de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Nicolás Boeglin.

Por su parte, Patricia Madrigal, ex viceministra del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), quien fue pieza clave en las negociaciones del Acuerdo de Escazú, afirma que se invitó al Poder Judicial a participar en el proceso de negociación “para ver si en el texto propuesto había algo incompatible con la legislación” de Costa Rica y en ese momento “se dijo que no había nada que fuera incompatible”.

“La misma Sala Constitucional ha dicho, anteriormente y en reiteradas ocasiones, que la falta de recursos no exime del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos”, cuestionó Madrigal en una nota publicada en un diario costarricense.

En ese sentido, la Magistrada Damaris Vargas, coordinadora de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional del Poder Judicial, al ser consultada sobre cómo el informe de este poder del Estado había frenado la aprobación del Acuerdo de Escazú, al señalar que afecta su funcionamiento y presupuesto, la funcionaria dijo que la función de la institución es indicar si un proyecto incide o no en su organización y funcionamiento, y que los requerimientos presupuestarios para su implementación idónea es un aspecto secundario.

Magistrada Damaris Vargas.

“Muchas de las leyes que se aprueban en la Asamblea Legislativa cuando vienen con presupuesto que le dé soporte, (es) extraordinario. Si no vienen acompañadas con presupuesto igualmente el Poder Judicial tiene que limitarse a ejecutarlas con los recursos ordinarios que tenemos. En el caso de Escazú es una propuesta que lideró Costa Rica, de manera que es esencial que el país cuente con ese instrumento, lo que pasa es que la decisión tiene que tomarla la Asamblea Legislativa”, expresó Vargas.

¿Está lista Costa Rica en materia judicial para dar cumplimiento al Acuerdo de Escazú?

Escazú es el primer tratado regional sobre derechos humanos y medio ambiente, que busca garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales.

Mario Peña, profesor de la UCR, miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y corresponsal nacional del Centré International de Droit Comparé de l’environnement (CIDCE), explica que el Acuerdo de Escazú dispone la obligación de cada Estado firmante de garantizar el derecho a acceder a la justicia judicial y administrativa en asuntos ambientales y las garantías del debido proceso, por lo tanto, el país que lo adopte debe contar con órganos estatales competentes y con conocimientos especializados en materia ambiental, algo que a Costa Rica aún le falta.

“Costa Rica cuenta con múltiples vías jurisdiccionales y administrativas para la solución de conflictos ambientales, ninguna de ellas logra cumplir por completo los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú. El principal reto del país consistirá en retomar el camino hacia la creación de una jurisdicción ambiental especializada, o al menos, la implementación de una sección especializada en la materia con su propio procedimiento dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa, que junto con la remozada jurisdicción agraria permitan alcanzar una justicia ambiental efectiva”, explicó Peña en un informe publicado por la UCR.

Por tanto, la magistrada Vargas, admite que, en efecto, este poder del Estado carece de especialistas en materia ambiental, pero están anuentes de recibir capacitaciones y colaboración por parte de profesionales preparados en esta materia, que deseen contribuir a una aplicación plena y efectiva del Acuerdo de Escazú, una vez sea ratificado por las autoridades.

Según Vargas, desde el Poder Judicial se está gestionando un proyecto en el que se busca crear una jurisdicción ambiental especializada. “Nosotros necesitamos en el Poder Judicial fortalecer las competencias de todas las personas servidoras en el tema ambiental, para cumplir con la administración de justicia”.

Para Mario Peña el cumplimiento efectivo del Acuerdo de Escazú, una vez ratificado por la Asamblea Legislativa, fortalecerá el estado del derecho ambiental costarricense, constituyéndose en una oportunidad de oro para el desarrollo progresivo de los derechos humanos y del ambiente.

Por su parte, Madrigal resalta que, al ser el Acuerdo de Escazú un instrumento progresivo, crear una jurisdicción ambiental es una elección de los países, por lo que no incurriría en gastos extras para el Poder Judicial. Además, que ya existe en el país una propuesta que contempla esta opción. 

Patricia Madrigal.

“El Acuerdo no dice que hay que crear una jurisdicción ambiental, sino que los órganos competentes en materia administrativa y judicial deben tener acceso a conocimientos especializados en materia ambiental. Tener acceso a conocimientos especializados puede referirse a tener personas que apoyen o asesoren la labor judicial, o que haya programas de capacitación para funcionarios”, aclara la especialista.

La ex viceministra del Minae resalta que el Poder Judicial ha tomado una serie de acciones para fortalecer su trabajo en materia ambiental. “La Corte ha avanzado en tener una jurisdicción encargada de asuntos indígenas y poco a poco la ha ido desarrollando, ahora hay traductores y esto lo ha hecho la Corte sin haber ratificado Escazú, pero siguiendo los lineamientos del tratado. El país sigue avanzando en una serie de temas que están incluidos en el Acuerdo de Escazú aún sin la ratificación”, refiere Madrigal.

Pese a estos esfuerzos, en el informe Mundo Indígena 2021, realizado por The International Work Group, Costa Rica deja un trago amargo con respecto a la protección de los pueblos originarios. Este documento expone una serie de retrocesos en materia ambiental y jurídica, entre ellos, el asesinato de dos líderes defensores del ambiente, la imparcialidad de jueces, el incumplimiento de sentencias y el aumento de los grupos de invasores de territorios de comunidades autóctonas.

“En Costa Rica, las tierras indígenas fueron tituladas sin previo saneamiento y delimitación física. Desde la década de 1950, distintos decretos ejecutivos adjudicaron 24 territorios. La Ley Indígena de 1977 asignó un presupuesto anual para la compra de las tierras de no indígenas dentro de los perímetros de esos territorios. Sin embargo, el Estado, hasta la fecha, no ha cumplido ese compromiso y, al contrario, ha tolerado la invasión y el despojo de las tierras indígenas por parte de terratenientes y políticos locales. En marzo de 2020, el Inder (Instituto de Desarrollo Rural) informó que tenía 193 expedientes listos para aplicar el procedimiento administrativo de expropiación e indemnización. Ocho meses después, en noviembre de 2020, la Defensoría de los Habitantes verificó que ninguna expropiación se había llevado a cabo en territorios indígenas”, denuncia el informe.

De acuerdo con este documento, durante los procesos de recuperación de territorios indígenas, los recuperadores instalan campamentos en las propiedades y los invasores los denuncian judicialmente, recibiendo órdenes de desalojo y la movilización de contingentes de policías preparados para motines, algo que “nunca ha funcionado en el otro sentido” (cuando son los indígenas que denuncian la invasión de sus tierras). 

“La Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) lo comprobó mientras se reunía con representantes del pueblo Bröran en la finca recuperada Crun Shurin del Territorio Indígena de Térraba cuando la Fuerza Pública llegó a notificarles una orden de desalojo. Como dato curioso, el juez agrario de Buenos Aires que dicta estas órdenes de desalojo está casado con la hija de un terrateniente que posee ilegalmente tierras en Térraba (…). Tales vínculos familiares, verificables mediante consultas al Registro Civil, levantan dudas legítimas en cuanto a la neutralidad o imparcialidad del juez”, expone el informe.

El crimen de , un reflejo del sistema

Tras la muerte de su hijo, Doña Digna empezó sufrir múltiples enfermedades que hasta la fecha la aquejan y le impiden llevar una vida normal. Ella describe a Jerhy como una persona muy risueña, noble, apasionado por el conocimiento y un gran ser humano.

Jerhy Rivera, ambientalista asesinado en Costa Rica. Cortesía

Jerhy nació un 1 de noviembre de 1974 en el distrito Potrero Grande, que pertenece al territorio indígena de Térraba. Se unió a la lucha de los pueblos originarios desde muy joven porque quería “devolver las tierras a sus verdaderos dueños”.

Fue asesor de asuntos de pueblos indígenas en la Asamblea Legislativa por el partido Frente Amplio, era muy sociable y participativo, estudioso de las leyes y su aplicación en los pueblos indígenas. Padre de dos hijos, le gustaba bailar salsa. Estudió para ser técnico vendedor en negocio e hizo varios cursos sobre agricultura, temas orgánicos, emprededurismo turístico y protección de la naturaleza. Siempre se preocupaba por el bienestar de sus padres y sus tres hermanos.

Cuando lo asesinaron, mientras acompañaba a un grupo de familias que estaban recuperando una finca dentro de sus territorios, Jerhy tenía 45 años. Según su familia, desde que se unió a la lucha de los pueblos indígenas, sabía los riesgos que corría, sin embargo, su entrega era tan grande, que estaba dispuesto a hacerlo incluso a costa de su propia vida.

“Sabíamos que los usurpadores iban a actuar con violencia porque ese es su aliado común, es lo único a lo que saben acudir, porque saben que en los pueblos indígenas ellos no pueden reclamar derechos”, expresó Elides Rivera, quien a pesar de la muerte de su sobrino continúa defendiendo los territorios de Térraba.

El 24 de febrero de 2020, luego de casi 24 horas de violencia perpetrada por los invasores de tierra y que aproximadamente a las 9 de la noche su sangre tiñera la tierra, el espíritu de Jerhy Rivera fue apagado para siempre por cinco balas perpetradas en medio de un enfrentamiento, que acabaron con su vida, pero no pudieron detener la lucha que ahora lleva a cuesta su familia para demandar justicia y reclamar su legado.

Antes de ser asesinado Jerhy había recibido múltiples amenazas, las cuales denunció de manera pública y fueron reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pese a que, según distintas organizaciones defensoras de las comunidades indígenas, el asesino fue capturado por la Policía en el lugar de los hechos y confesara el crimen, este quedó en libertad 4 días después por una resolución del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas.

“Confesó inmediatamente, se entregó ese mismo día y estuvo cuatro días en la cárcel, lo sacaron bajo fianza. En octubre de 2021 fue la primera audiencia, para elevar el caso ajuicio y hasta ahora no se ha tenido ninguna información de cuándo será el juicio”, detalló su tía.

Lo último oficial que se sabe del caso es un comunicado de febrero de 2021 de la oficina de prensa del Ministerio Público, donde la Fiscalía Adjunta de Narcotráfico y Delitos Conexos, señaló que la causa 20-000108-0990-PE, “se encuentra en la fase final de investigación, lo que significa que ya se recabó toda la prueba útil y pertinente, y que la Fiscalía se encuentra preparando el requerimiento final para ser presentado ante el Juzgado Penal”.

Un caso similar al de Jerhy, se registró en marzo de 2019, cuando, el dirigente indígena Bribri del territorio de Salitre, Sergio Rojas, fue asesinado de 15 disparos. De acuerdo con el informe Mundo Indígena 2021, que investigó el caso, el Poder Judicial decidió cerrar el archivo de la causa el 26 de septiembre de 2020 por supuesta ausencia de evidencias. “Con ese acto, el crimen de Sergio quedó impune y se envió un mensaje a invasores de tierras indígenas y sus sicarios en el sentido que sus crímenes no serán siquiera investigados”.

La madre de Jerhy, quien en muchas ocasiones ha denunciado que no ha habido una investigación “verdadera” sobre el caso, pide a los demás países de la región presionar a Costa Rica para que firme el Acuerdo de Escazú, un tratado que le da “esperanza” para poder obtener justicia por la muerte del defensor ambiental. 

(*)  Blanca Estela Reyes, periodista.

*Este trabajo fue producido en el marco del proyecto sobre la COP1 del Acuerdo de Escazú de Climate Tracker y FES Transformación.

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