Termina un período de gobierno durante el cual ejercer las responsabilidades y obligaciones propias del Poder Ejecutivo no ha sido fácil.
En primer lugar, porque los partidos tradicionales hicieron todo lo posible por dificultar al máximo las iniciativas y propuestas que nacieran del Ejecutivo, desde la Asamblea Legislativa y mediante la movilización de diversos gremios, ya que dos períodos consecutivos de gobierno del Partido Acción Ciudadana representaba para ellos una afrenta inaceptable. Además de haber perdido ocho años de poder continuar realizando los actos de corrupción que todos conocemos, y que enriquecieron a las cúpulas y sus compinches de los diversos sectores del accionar nacional.
Lo que no quieren aceptar ni recordar es la larga lista de errores, delitos y estupideces cometidas cuando fueron gobierno, en connivencia con gremios de todo tipo, que chantajeaban a los políticos de turno con toda clase de amenazas, y ante los cuales cedían grácilmente, generando el desorden que conocemos.
Ejemplo de ello son las exenciones impositivas otorgadas sin estudio ni justificación, las concesiones otorgadas en las convenciones colectivas de algunas organizaciones del Estado, los negociados con grandes empresas privadas, sobre todo en el campo de la obra pública, y el desorden cuasi delictivo de algunas organizaciones públicas, dentro de las cuales se incluyen el Consejo Nacional de la Producción y el mismo Ministerio de Educación.
No debe olvidarse la furia y la jura de venganza del Sistema Financiero Privado en contra del Gobierno, por la aprobación de la Ley de Usura, hasta el punto de haberle cerrado toda posibilidad de financiamiento durante la campaña política pasada al PAC, con los resultados que hemos visto. Porque es sabido que la propaganda de los partidos políticos, que cuesta dinero, condiciona en mucho la preferencia de los votantes. Y al cerrarla totalmente la válvula, en venganza, causaron un daño tremendo.
En segundo lugar, la titánica labor que se debía realizar para empezar a sanear las finanzas del Estado, el enorme déficit fiscal y eliminar hasta donde se pudiera prácticas tan aberrantes como los pluses otorgados en las convenciones colectivas de la instituciones del Estado, destacándose los regímenes laborales de la Universidad de Costa Rica y del Poder Judicial, que se consideran a sí mismos como repúblicas independientes, y que presionan hasta lo indecible por mantener sus privilegios y canonjías, en contra de toda lógica y justificación, y a contrapelo del interés nacional. Pero ellos han sido siempre una característica nacional: defender los beneficios propios y olvidarse del pueblo, que es quien se los paga.
También deberían señalarse aquí las aberraciones encontradas en el Sistema Bancario Nacional, y en otras importantes organizaciones como la Refinadora Costarricense de Petróleo (que no refina nada, excepto la forma y manera de hacer cada día más oneroso el combustible ya refinado que importan), el Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas, el Consejo Nacional de Vialidad ( al que por fin le cayó la dura mano de la justicia, pues desde hacía decenios era la muestra más acabada de la corrupción público privada.
En tercer lugar, la pandemia que obligó al Gobierno a destinar toda clase de recursos para contrarrestar los terribles efectos de la enfermedad, y que le permitió demostrar con hechos la capacidad que tenía para gestionar los medios, cuando no había la interferencia política maliciosa que se demostraba en otros campos.
Pero no hay que olvidar las consecuencias económicas que esta crisis de salud provocó localmente, como en todo el mundo, y la manera en que el Gobierno intentó ayudar a aquellos ciudadanos que resultaron más afectados por el cierre de empresas y la caída de la actividad económica. Nótese, eso sí, que ninguna organización del Estado redujo su plantilla ni dejó de operar.
Y así podríamos seguir mencionando numerosos casos y circunstancias que dificultaron el accionar gubernamental, y que a pesar de todo ello, el avance logrado en la solución de problemas endémicos ha sido satisfactorio. Que no se logró todo lo prometido, es cierto, pero que gobierno lo logra?
Quizá la respuesta de los ciudadanos que apoyaron al PAC en sus propuestas de cambio en los dos gobiernos anteriores, en esta ocasión, muestra un desencanto por no haber logrado todo lo prometido, y que se concreta con la elección de una tercera propuesta rupturista, como la que se supone se inicia en los próximos días.
Finalmente hay que recordar que el sistema está estructurado para que los ciudadanos no puedan ejercer sus derechos con amplitud y eficacia, sino que son las cúpulas de los partidos políticos, por más corruptos que sean, las que realmente determinan ciertos rumbos para el país, a quienes acompañan los empresarios corruptos que siempre han estado allí moviendo los hilos de sus influencias y chantajes.
Poco espero, soy sincero en mi pesimismo, del gobierno que se iniciará el 8 de Mayo, porque el entramado legal que se ha creado durante decenios para imposibilitar los cambios indispensables, es una barrera dura de vencer a pesar de las mejores intenciones de los gobernantes, sean cuales fueran.
Lo que sí es cierto es que una parte importante de la población ya está cansada de los partidos políticos tradicionales, de las figuras políticas de siempre, y que no sería extraño que en lo venidero demostrara con fuerza poco usual en nuestro país, su furia y su descontento. Y esto es una advertencia para la Asamblea Legislativa recién estrenada. Que no crean que hacer oposición es paralizar las acciones que buscan el bienestar del pueblo. Porque el pueblo está cansado de tanta mentira e hipocresía.
(*) Alfonso J. Palacios Echeverría
