viernes 12, agosto 2022
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Acuerdo de Escazú: más que una amenaza, una oportunidad para la economía costarricense

San José.- La política ambiental que lidera Costa Rica a nivel mundial fue la causa por la que la reconocida banda británica Coldplay eligió a este país para abrir su gira internacional de conciertos, la más esperada tras la pandemia del Covid-19 y la prueba de que la protección del ambiente puede fomentar la reactivación económica.

De hecho, los dos eventos del grupo musical, en marzo pasado, movilizaron un aproximado de 800,000 personas, incluyendo extranjeros, lo que se tradujo en un gran flujo de ingresos económicos para el país, lo cual no hubiese sido posible sin el liderazgo ambiental costarricense.

Sin embargo, el poco interés que muestran otros sectores, como las principales cámaras empresariales costarricenses, podría pasarles factura, sobre todo si consideramos su oposición a la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado que pretende establecer una hoja de ruta para la democracia ambiental de Latinoamérica y el Caribe.

La protección del ambiente y su implicación en las actividades económicas en la región también fue uno de los temas que hizo eco durante la Primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú, que se llevó a cabo a finales de abril en la sede de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (Cepal) en Santiago de Chile, donde mandatarios, economistas y dirigentes multilaterales, aclararon que sí es posible promover un desarrollo económico sostenible y justo.

“La ratificación y efectiva implementación del Acuerdo de Escazú proporcionará un marco de políticas públicas propicias para el desarrollo sostenible, la conducta empresarial y la protección de los defensores de derechos humanos”, expresó durante la COP1, Germán Zarama, analista de políticas y punto focal para América Latina y el Caribe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la cual Costa Rica es parte.

Pese a que el Acuerdo de Escazú ha sido respaldado por las multilaterales y expertos tanto en derechos humanos, ambiental, internacional y económico, se han dado a la tarea de aclarar que este tratado no representa un riesgo para las inversiones sino una oportunidad, las principales cámaras económicas de Costa Rica continúan oponiéndose a su ratificación.

Según una carta enviada a la Asamblea Legislativa el 25 de febrero, por la Cámara Nacional de Bananeros, la Cámara de Comercio de Costa Rica; la Cámara Costarricense de la Construcción; la Cámara de Exportadores, la Asociación de Productores de Banano, la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, la Cámara de Exportadores de Raíces y Tubérculos, la Asociación de Productores de Banano, la Corporación Bananera Nacional y la Cámara de Comercio Exterior, la ratificación del Acuerdo de Escazú “atenta contra la urgente reactivación económica y la estabilidad de cientos de miles de empleos en todo el país, contribuyendo aún más con el índice de desempleo y pobreza”.

Además, en la misiva señalan que el “contenido del Acuerdo se encuentra cargado de vicios jurídicos e imprecisiones, daña la seguridad jurídica, violenta el principio de presunción de inocencia, contiene vicios de inconstitucionalidad, imprecisiones y desaciertos de fondo altamente riesgosos para la estabilidad del sector productivo”. Todos estos puntos planteados por las cámaras han sido cuestionados y desmentidos por expertos en el tema, quienes han llamado a los empresarios públicamente a debate, para abordar el tema, sin obtener una respuesta de los dirigentes empresariales, quienes tampoco responden ante las consultas de los medios de comunicación.

A juicio de Mario Peña, profesor de la facultad de derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), quien también es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y corresponsal nacional del Centré International de Droit Comparé de l’environnement (CIDCE), las razones dadas por las cámaras empresariales para oponerse al tratado no tienen ningún soporte, ya que el Acuerdo de Escazú no incluye ninguna medida a favor de los derechos humanos y el ambiente, que no esté ya vigente en el marco legal costarricense.

“Las cámaras empresariales expresaron que el tratado crea un mecanismo inadecuado de participación del público ‘que podría paralizar proyectos empresariales’. En contra de este argumento se ha expuesto que el Acuerdo, en su artículo 7, no crea ningún mecanismo de participación, sino que exhorta a los Estados a garantizar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones que puedan tener impacto ambiental significativo, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional.  Ni el Acuerdo de Escazú, ni la legislación interna, contemplan la posibilidad del público de vetar proyectos empresariales a través de mecanismos o instancias de participación pública”, aclaró Peña.

Otro de los argumentos expresados por las cámaras es que el Acuerdo de Escazú “excede la base normativa y no incorpora innovación a lo ya establecido en Costa Rica para brindar participación a las personas, el acceso a la información pública y acceso efectivo a la justicia en materia ambiental”, a lo que el experto señala que en ningún caso el tratado sobrepasa lo establecido en la legislación nacional en asuntos que impliquen a las empresas.

“Al contrario, Escazú es un Acuerdo de mínimos que otorga a los Estados un amplio margen de discrecionalidad, para cumplir con sus obligaciones de forma gradual y progresiva y que, en varios temas, remite directamente a la legislación interna de los Estados y representa el mayor avance del multilateralismo y la democracia ambiental regional de las últimas décadas”, refiere Peña.

Al cumplirse un año de la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú, el cual solo ha sido ratificado por doce de los 33 Estados de América Latina y el Caribe, entre defensores de derechos humanos y organizaciones que trabajan en la protección del ambiente, crece la ilusión de que el tratado llegue nuevamente a debate a la Asamblea Legislativa, cuyos nuevos diputados fueron juramentados este 1 de mayo, sin embargo, el panorama no es muy alentador, ya que hasta el 31 de julio será el presidente Rodrigo Chaves y su equipo de Gobierno, quienes controlen la agenda legislativa. Este último se ha mostrado en contra de Escazú.

Chaves, quien hasta ahora no se ha referido de manera específica a la ruta ambiental que llevará su administración, recientemente nombró a Franz Tattenbach como ministro del ambiente. Tattenbach es un economista agrícola que ha sido fuertemente criticado y a quien se le atribuye la frase: “La empresa privada no es necesariamente enemiga del ambiente, pero si existen ambientalistas enemigos de la empresa privada”.

Tattenbach fue candidato a vicepresidente por el Movimiento Libertario para las elecciones presidenciales de 2018, se desempeñó como embajador de cambio climático de Costa Rica ante Naciones Unidas, también ha dirigido el Programa Regional de Cambio Climático de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), trabajó para el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie), el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, y fue director de la Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (Fundecor).

El nuevo titular del Ministerio del Ambiente y Energía (Minae), además, ha sido miembro de juntas directivas de varias empresas y organizaciones, entre ellas, la Oficina Nacional Forestal, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), el Centro Internacional para Mercados Sostenibles y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de las Naciones Unidas.

Pese a todos los cargos que anteriormente ha ocupado, que directa o indirectamente han estado relacionados con el medio ambiente, tanto abogados como ambientalistas no están muy conformes con el nombramiento de Tattenbach, ya que afirman que podría influir mucho su relación con la empresa privada.

“Las organizaciones ambientales sabemos lo que significan las palabras del ministro entrante Tattenbach. Este Gobierno propiciará un clima de impunidad para los delitos ambiental de las empresas y persecución para defensoras y defensores ambientales. Alertamos a todo el país de esto”, denunció en un comunicado, Bloque Verde, un colectivo de ecología social costarricense.

Se intentó contactar a Tattenbach, para conocer su opinión sobre el Acuerdo de Escazú y cómo se trabajará durante su liderazgo al frente del Minae, para propiciar la implementación y cumplimiento de este tratado, una vez haya sido aprobado por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

Multilaterales y organismos respaldan Escazú

Para Patricia Madrigal, abogada especializada en derechos humanos y medioambiente, y una de las negociadoras del Acuerdo de Escazú, la incidencia de las cámaras empresariales ha propiciado que se manifiesten distintas expresiones en contra del tratado. No obstante, asegura que ni en materia ambiental, jurídica o económica se ha identificado una razón que amerite no ratificarlo y no hacerlo afecta todo el esfuerzo que ha hecho Costa Rica en los últimos años.

“Hay una afectación internacional, además del liderazgo que el país ha tenido para la elaboración del texto del Acuerdo de Escazú que lleva hasta el nombre del cantón, porque ahí se cerraron las negociaciones, sin embargo, el sector privado ha manifestado que eso no es razón suficiente para ratificar este acuerdo y nos tiene en la posición en la que estamos”, refiere Madrigal.

Para Carlos de Miguel, doctor en economía y jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la Cepal, los elementos que integran el Acuerdo de Escazú también están incorporados en las acciones y objetivos, tanto de las multilaterales como de la OCDE, por lo que es necesario que los países de la región fomenten inversiones que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos y la protección del medio ambiente.

Tanto de Miguel como Madrigal dan fe de que el sector económico ha sido parte de las negociaciones del Acuerdo de Escazú. De hecho, varios dirigentes empresariales participaron en la COP1 y por parte de Costa Rica, las cámaras económicas estuvieron presentes en el foro sobre “los marcos de políticas socioambientales para un ambiente seguro en las inversiones: las oportunidades del Acuerdo de Escazú”, un evento paralelo a la COP1 que se realizó en San José, donde también estuvieron presentes representantes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Banco Europeo de Inversiones (EIB) y la OCDE.

De Miguel resalta que el sector privado también es beneficiario del Acuerdo de Escazú porque el sujeto obligado son los Estados, por lo que no se debe ver en este tratado una amenaza, sino una oportunidad de generar inversiones que no provoquen conflictos, que permitan a todos salir ganadores y que minimicen el impacto ambiental.

El experto en economía también destacó que son cada vez más los países que obligan a sus proveedores a cumplir con estándares sociales, ambientales y de derechos humanos, por lo tanto, en temas de acceso a mercados y de generar inversiones, el Acuerdo de Escazú muestra un camino muy claro tanto para Costa Rica, cuyo segundo rubro de exportación más importante son los productos agrícolas, como para los demás países de la región.

“La banca tiene también unos códigos de conducta y unos marcos de políticas sociales y ambientales. Están exigiendo que se cumpla con ese tipo de estándares, con lo cual hacer las cosas bien va a facilitar tanto el acceso a mercados como el canalizar inversiones. Entonces, yo creo que es una oportunidad. Nosotros en la Cepal hemos tenido reunión con algunas de las cámaras de Costa Rica y hemos explicado en detalle el acuerdo y las conexiones que pueda tener con el sector privado”, resaltó de Miguel.

Otra de las voces de la Cepal que ha aclarado que el Acuerdo de Escazú no afectará las inversiones es la ex secretaria ejecutiva Alicia Bárcena, quien ha afirmado que este tratado no es un freno para el crecimiento economico, como lo han hecho ver las cámaras empresariales costarricenses.

“El Acuerdo de Escazú no conspira contra la inversión o el crecimiento, pero si procura un crecimiento diferente, un crecimiento que este más abocado a la igualdad y a sostenibilidad ambiental, de eso se trata, de un cambio de paradigma y un cambio de visión”, resaltó Bárcena a través de un video publicado en las redes sociales de la Cepal.

Para Franklin Paniagua, ex vice ministro del Minae, el Acuerdo de Escazú es la oportunidad de Costa Rica para hacer la transición a una economía verde, lo que le daría al país muchas ventajas competitivas ante la “economía de los próximos años”.

“Lo que corresponde a una ruta de una economía verde y descarbonizada es una ética diferente, unos valores y una posición de dónde y cómo se hace el capitalismo. La transición hacia esa economía verde, hacia una serie de valores éticos y de forma de hacer negocios diferenciada, que se engloba muy bien en el Acuerdo de Escazú, lo que nos da es ventajas competitivas como país y como región”, afirmó Paniagua.

Durante su intervención en la COP1, la vicepresidenta saliente de Costa Rica, Epsy Campbell, también resaltó que cualquier política pública o empresarial que tome en cuenta los principios marco del Acuerdo de Escazú, tendrá garantizado respaldo y confianza, incrementando sus probabilidades de éxito.

Por este motivo, para Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la UCR, la no ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de Costa Rica contradice la política exterior sobre los derechos humanos y protección del ambiente, dos ejes fundamentales que lo han posicionado como un país líder en la región.

“Se trata de una contradicción absoluta y que se mantiene debido a un influyente sector de la cúpula empresarial costarricense, empecinado en presentar el Acuerdo de Escazú como un freno al desarrollo económico del país. Nada más alejado de la realidad: ahí están las economías de los 12 Estados que ya lo han ratificado (y la de Chile muy pronto) para evidenciar esta verdadera falacia que, lamentablemente, ha encontrado eco en sectores políticos costarricenses afines a las cúpulas empresariales», resaltó Boeglin.

Pese a la oposición de las cámaras empresariales a ratificar este tratado, Escazú es apoyado por varios sectores, entre ellos, la cámara de ecoturismo, las organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos, pueblos indígenas, universidades públicas, el colegio de abogados y abogadas de Costa Rica, los concejos municipales y la sociedad civil.

A juicio de los expertos, lejos de ser una amenaza, el Acuerdo de Escazú guía a Costa Rica a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), fortalece el estado de derecho, ofrece un amplio margen de flexibilidad a los Estados para el cumplimiento gradual y progresivo de sus obligaciones, protege a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales que están en situación de vulnerabilidad, y garantiza la seguridad jurídica para las inversiones.

“Costa Rica no se puede dar el lujo de dejar pasar la oportunidad de formar parte del más importante instrumento regional de derechos humanos y medio ambiente», destacó Peña.

Para las comunidades indígenas, quienes son los principales defensores del ambiente en Costa Rica, el Acuerdo de Escazú se convierte en una espina en el zapato para las empresas que buscan explotar los recursos naturales.

“El futuro de Costa Rica está más que demostrado que está en nuestros recursos naturales y no deberían anteponer intereses de unos pocos, que solo quieren generar más dinero. El mundo ya no va por el lado de explotar los recursos, el mundo está apostando por una convivencia armónica y una alternativa de desarrollo amigable no solamente con el ambiente sino entre nosotros mismos. Costa Rica ha demostrado que la convivencia con los recursos es un activo nacional, entonces los intereses económicos deberían ajustarse a ello (a la protección del ambiente)», expresó el líder indígena Levi Sucre.

Naturaleza en Costa Rica. Blanca Reyes

Coldplay, un ejemplo para las nuevas generaciones

En 2019 Coldplay, una banda con millones de seguidores a nivel mundial, especialmente jóvenes, envió un mensaje contundente y que marcó un precedente en el tema ambiental. Los intérpretes del famoso éxito Yellow anunciaron que suspenderían sus conciertos, hasta encontrar una alternativa que les permitiera reducir las emisiones de carbono durante sus shows.

De esa forma, reflejan el creciente interés por hacer las cosas de mejor manera. “Lo más difícil es la parte de los vuelos. Pero, por ejemplo, nuestro sueño es tener un espectáculo sin plástico de un solo uso, tener energía solar en gran medida. Hemos hecho muchas giras grandes en este momento. ¿Cómo revertimos la situación para que no sea tanto recibir en lugar de dar?”, dijo Chris Martin, vocalista de la banda al anunciar su pausa en el escenario.

Dos años más tarde, Coldplay lanzó su gira para promocionar su álbum Music of the Spheres, la primera ecoamigable, sostenible, que usa energía renovable producida por el público, con la que se sembrará un árbol por cada boleto vendido y donde se eligió a Costa Rica como primera parada por ser un ejemplo para el mundo de país verde y matriz energética 99,98% limpia y renovable, según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

(*) Este trabajo fue producido en el marco del proyecto sobre la COP1 del Acuerdo de Escazú de Climate Tracker y FES Transformación.

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3 COMENTARIOS

  1. Cuantos miles de millones de dolares tenemos en gas y oro por solo mencionar dos.A quien carajo le importa Coldplay ? Mejores pensiones,mejor y mas atencion medica,mas estudios para nuestra juventud. Tantas cosas que se puedieran hacer bien con tecnologia de punta que nos permitiera realmente llegar a ser un pais desarrollado con los ingresos que la naturaleza nos brinda.Ya lo dijo nuestro Dios : Ayudate que Yo te ayudare !

    • Flora Otoya, usted ¿se hace que no entiende o no entendió nada de lo que leyó? Me preocupa que comente sobre algo que ni se toca ni se menciona en este artículo. Haga un comentario sobre lo que leyó, por ejemplo, que aquello que leyó le pareció, que esto otro no le pareció , y hágalo a partir de lo que plantea Blanca Estela Reyes y las personas que aparecen en su artículo. ¿Entiende … o no entiende o … no quiere entender?

    • Claro Flora, claro, y a quién carajo le podría estar interesando extraer gas y oro en una joya verde tropical como la nuestra si no es a los geólogos ? Digo, como es el único gremio profesional en toda Costa Rica que se opone rotundamente al Acuerdo de Escazú…

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