Las universidades públicas juegan un papel esencial en la vida democrática de nuestra sociedad. Siendo instituciones en permanente evolución, las universidades se transforman para adaptarse a entornos complejos y cambiantes y así depurar su aporte, desde una visión humanista, de excelencia académica y de compromiso con el bien común. Paralelamente, nuestras universidades y la sociedad que las ampara deben defender y fortalecer los fundamentos del ethos universitario público, el cual depende, en gran medida, de la autonomía a la que constitucionalmente tienen derecho.
La autonomía es uno de los principales logros históricos de las universidades de América Latina a partir de la Reforma de Córdoba, un proceso impulsado por el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918. En Costa Rica, la autonomía de la Universidad de Costa Rica quedó establecida en la constitución política de 1949, extendiéndose luego a las otras universidades públicas conforme se fueron creando. Su carácter autónomo ha permitido a estas instituciones hacer múltiples contribuciones a la vida del país en diversos ámbitos.
Pese a su relevancia, el concepto de autonomía universitaria se percibe con frecuencia como algo abstracto y difuso, incluso al interior de nuestras instituciones de educación superior. Además, sectores políticos y económicos hegemónicos, junto con algunos medios de comunicación, presentan con frecuencia a la opinión pública una visión distorsionada de este precepto, haciéndolo ver como un privilegio injustificado. Cada vez con más frecuencia se escuchan voces que cuestionan la autonomía universitaria y propugnan modificarla de diversas formas. El actual escenario político nacional no es nada halagüeño en este sentido; conviene por lo tanto retomar el valor de la autonomía de las universidades públicas para fortalecerlo y consolidarlo.
La autonomía universitaria incluye la libertad académica, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión (ver Gutiérrez, 2021). El que las universidades sean centros de pensamiento y acción libres y críticos en función de los más amplios intereses de la colectividad es fundamental. Y es precisamente este uno de los puntos que incomodan a los poderes fácticos de carácter económico y político, aquí y en todo el continente.
En los últimos años hemos presenciado embates contra la autonomía universitaria en Costa Rica. Por un lado, se ha cuestionado el presupuesto que se asigna a estas instituciones de educación superior. Sin un adecuado financiamiento por parte del estado, la autonomía universitaria se debilita y el aporte de estas instituciones a la sociedad pierde sustento. Además, se ha elaborado un discurso recurrente que propone condicionar la asignación presupuestaria a que las universidades adapten sus planes de trabajo y su funcionamiento a propuestas que emanan de estos sectores hegemónicos. Esta tendencia quedó claramente reflejada en el dictamen de mayoría de la comisión especial de la Asamblea Legislativa con relación a la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES), presentado en el 2020, en el que algunas propuestas implicaban claras transgresiones a la autonomía (ver Gutiérrez, 2020).
Estos intentos por condicionar las agendas universitarias con base en los intereses de poderes fácticos del país incluyen, entre otros elementos, un cuestionamiento al desarrollo holístico en las diversas áreas del conocimiento, lo cual es un fundamento central del ethos universitario, centrado en la integralidad de los saberes. Se propone un énfasis desmedido en áreas de trabajo que tienen que ver con el desarrollo económico y se desmeritan áreas como las ciencias básicas, las humanidades, las artes y las ciencias sociales, haciéndolas ver como ‘inútiles’ para los objetivos de desarrollo del país. El aporte universitario a la economía es por supuesto fundamental, y estas instituciones lo hacen de múltiples formas, pero este es solo uno de los componentes de un amplio espectro de disciplinas y labores, todas ellas importantes.
Se subvalora con frecuencia también la acción social o extensión y se cuestionan los procesos de pensamiento crítico que aportan las universidades sobre la realidad nacional, una función fundamental a través de la cual se aportan visiones diversas que abonan a los debates en el país y enriquecen nuestra vida democrática.
De acatarse este tipo de presiones, la autonomía se desdibujaría y las universidades dejarían de ser centros de análisis y pensamiento libres para convertirse en meros instrumentos de agendas externas. En suma, se debilitaría la esencia misma del concepto de universidad pública. Estas tendencias han tenido un fuerte impacto en muchas universidades del mundo, las cuales han entrado en procesos de mercantilización acelerados, lo que Martha Nussbaum ha denominado ‘la crisis silenciosa de la educación superior en el mundo’ (Nussbaum, 2012) (en realidad es una crisis de una dimensión tal que ya no es tan silenciosa).
Es importante dejar claro que la autonomía universitaria no es autarquía irresponsable y que la misma conlleva un enorme compromiso de análisis y mejoramiento permanentes, en el sentido de que nos conmina como comunidades universitarias a depurar continuamente nuestro trabajo, abandonando zonas de confort y privilegios inaceptables y asumiendo metas cada vez más ambiciosas en función de la excelencia académica y la procura del bien común. La autonomía obliga a la reflexión y el análisis autocrítico con miras a mejorar nuestro aporte, así como a hacer un uso adecuado de los recursos que provee el estado. Esa es nuestra responsabilidad, la cual debe ir a la par de la defensa de la autonomía.
Dados los peligros que se ciernen sobre la autonomía universitaria, se requiere una actitud proactiva y decidida en las comunidades universitarias para defender este valor esencial. Con frecuencia las dinámicas cotidianas y los intereses particulares de grupos en nuestras instituciones impiden darle a este tópico la importancia que merece. Es necesario generar conciencia sobre los riesgos a los que las universidades están expuestas.
La defensa de la autonomía, incluyendo la procura de un presupuesto justo para que estas instituciones puedan realizar su labor, es una tarea que nos concierne a todas y todos en las comunidades universitarias, y también le concierne a la sociedad en general, por la importancia de estas instituciones en la vida del país. Esta defensa demanda procesos activos, comprometidos y participativos, que tengan impacto a lo interno y a lo externo de nuestras instituciones y que posean incidencia política real.
Pare ello se requiere desarrollar un doble accionar centrado en la reflexión y la participación. Por un lado, debemos generar espacios de análisis y discusión sobre estos temas en diversos nichos (formales e informales) de las universidades públicas, con un rol activo de docentes, estudiantes y personas administrativas. El movimiento estudiantil en particular tiene un importante papel que jugar, como lo ha hecho en pasadas luchas por reivindicaciones varias. Y, además, es fundamental generar confluencia entre las comunidades universitarias y diversos sectores organizados de la sociedad, para que la defensa de la autonomía se entienda como una necesidad de la colectividad en su conjunto, en diálogo con reivindicaciones urgentes de otros sectores.
Estas tareas de reflexión y análisis deben ser complementadas con la preparación de procesos de participación y movilización, para enfrentar los retos que se avecinan y generar formas concretas de transformar este pensamiento crítico en incidencia política efectiva. Existen debates decisivos sobre los rumbos que Costa Rica tomará en el futuro. En este contexto, la defensa del estado social de derecho y de la institucionalidad pública debe ser una prioridad en la procura de garantizar una vida digna para todas y todos. La defensa y el mejoramiento de las universidades públicas, y particularmente la protección de su autonomía, son tareas fundamentales en las cuales las comunidades universitarias tenemos una enorme cuota de responsabilidad. Los tiempos llaman con urgencia a la reflexión y a la participación.
Referencias
Gutiérrez (2020) La autonomía universitaria y el dictamen de la comisión legislativa sobre el FEES (https://www.temp.elpais.cr/2020/06/03/la-autonomia-universitaria-y-el-dictamen-de-la-comision-legislativa-sobre-el-fees/).
Gutiérrez, J.M. (2021) La Universidad de Costa Rica en sus encrucijadas. En: Reflexiones desde la Academia: Universidad, Ciencia y Sociedad. Segunda edición. Editorial Universidad de Costa Rica, San José, pp. 13-47.
Nussbaum, M. (2012) Sin Fines de Lucro. Por qué la Democracia Necesita de las Humanidades. Katz Editores, Buenos Aires, 199 p.
(*) Dr. José María Gutiérrez, Profesor emérito, Universidad de Costa Rica (jose.gutierrez@ucr.ac.cr)
https://www.thirteen.org/programs/pbs-newshour/rethinking-college-discussion-1597179992/?utm_source=NewsThirteen&utm_medium=email&utm_campaign=NewsThirteen-20220512&utm_content=newshour
Se han abusado de esa autonomía, la usan más para beneficio de los profesores que de los estudiantes.