jueves 29, septiembre 2022
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Defensores de DDHH piden a Suprema Corte de México desmilitarizar política migratoria

Ciudad de México, 15 jun (Sputnik).- Organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso de ‘amicus curiae’ (amigos de la corte) en un juicio sobre los riesgos de militarizar la política migratoria en México.

«A tres años del despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras, organizaciones presentamos ante la SCJN un amicus curiae sobre los riesgos de militarizar la política migratoria», informaron en un comunicado los defensores encabezados por el jesuita Centro de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez (SJ)».

El documento respalda una querella, presentada en 2019 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman federal), que alega una supuesta «inconstitucionalidad» de las leyes secundarias de la corporación, integrada por unos 100.000 uniformados, procedentes en un 70 por ciento de las Fuerzas Armadas.

Un recurso legal de ‘amicus curiae’ es un documento presentado por terceros ajenos a un caso que analiza la Corte, quienes de manera voluntaria ofrecen su opinión experta sobre el tema, para colaborar en la resolución de la sentencia, que el máximo tribunal debe «resolver a la brevedad».

Abusos de militares

El documento plantea que la SCJN debe considerar que la Guardia Nacional «es un cuerpo militarizado y que su despliegue ha generado violaciones a los derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional».

Los expertos ofrecen a los magistrados un análisis de las facultades legales de «control y verificación migratoria otorgadas a este cuerpo de seguridad militarizado».

Detallan los riesgos para los derechos humanos de las personas migrantes, sujetas de protección internacional, y las consecuencias que tiene el involucramiento de la corporación creada para cumplir tareas de seguridad pública y migratorias, tras la disolución de la Policía Federal, integrada por 40.000 efectivos.

La información documenta «abusos y violaciones a derechos humanos de personas migrantes y sujetas de protección internacional cometidas por esta institución».

Los defensores de víctimas afirman que la composición militar es mayor al casi 70 por ciento que reportan las autoridades, y sostienen que es «un cuerpo militarizado, con más del 80 por ciento de sus elementos proveniente del sector castrense, así como en estructura, capacitación y mandos».

El recurso legal documenta recurrentes violaciones a derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional en la frontera sur.

La violaciones incluyen: «agresiones, abuso de la fuerza, encapsulamiento y dispersión de las personas migrantes en tránsito; uso de armas de fuego que causaron la ejecución extrajudicial de un migrante, así como casos de tortura en estaciones migratorias».

Desde su creación, la Guardia Nacional fue vinculada en gran medida al control migratorio, «bajo una lógica de contención en las fronteras».

En febrero de 2022, dice el documento, «99.946 elementos fueron desplegados en México; 15.822 ubicados en los estados fronterizos con Estados Unidos y 9.298 elementos en estados de la frontera sur».

Esa medida fue acordada con Washington durante la administración estadounidense anterior de Donald Trump (2017-2020), que amenazó con imponer unilateralmente aranceles escalonados a las importaciones de mercancías mexicanas, desde cinco a 25 por ciento, si México no contenía la masiva migración centroamericana y caribeña.

Una ley transitoria autoriza hasta 2024 -último año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador-, el despliegue de militares en las calles y establece su retorno a sus cuarteles.

Sin embargo, el presidente anunció esta semana que enviará al Congreso un proyecto de reforma constitucional para que la Guardia Nacional se incorpore como una corporación permanente de las Fuerzas Armadas.

La bancada oficialista carece de la mayoría calificada de tres cuartas partes de diputados y senadores que requieren los cambios a la Constitución.

El texto lo suscriben, además, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano y los programas de Seguridad Ciudadana y Asuntos Migratorios de la jesuita Universidad Iberoamericana. (Sputnik)

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