Entre año 2000 y 2019 industria de la piña acabó con 6.800 hectáreas de bosque de forma ilegal

Entre el año 2015 y el 2019 se reportan la desaparición 1.234 hectáreas de bosques en manos de las empresas piñeras. Esto arroja el último estudio publicado por el sistema de Monitoreo del Cambio de Uso y Cobertura de la Tierra en Paisajes Productivos (MOCUPP) es una herramienta que registra con precisión satelital los cambios en el uso y cobertura de la tierra, y reporta los procesos de deforestación asociados a la dinámica agrícola en Costa Rica.

Hay que recordar que ya esta herramienta satelital había reportado que entre el año 2000 y el 2015 múltiples fincas piñeras deforestaron de forma ilegal 5.566 hectáreas de áreas de protección en margenes de ríos y humedales. Para el año 2016 el MOCUPPtambién alertó sobre la existencia de 1.112 hectáreas de piña dentro de Áreas Silvestres Protegidas. Precisamente para ese momento en el Refugio Vida Silvestre Barra del Colorado se invadieron 614,26 hectáreas; en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Mixto Maquenque se invadieron 193,06 hectáreas; y en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo se invadieron 304,6 hectáreas.

El nuevo reporte de MOCUPP publicado recientemente señala que entre los años 2016 y 2019 el monocultivo de la de esta fruta deforestó 1.234 hectáreas más. Es decir, si sumamos los años monitoreados por esta herramienta satelital nos da un saldo de 6.800 hectáreas menos de bosques que ha depredado esta industria. Esto quiere decir que la expansión piñera ha deforestado ilegalmente el equivalente en tamaño al cantón de Poas de Alajuela.

Para 2019 el cultivo de la piña alcanzó las 65.600 hectáreas a nivel nacional. San Carlos el cantón con más área ocupada por el monocultivo de esta fruta, con 18.509 hectáreas. Luego le sigue los Chiles con 8.742 y Buenos Aires con 6.870 hectáreas.

Estos datos salen a la luz en medio las emergencias en la Zona Norte debido a las fuertes lluvias. Se reportan tan solo en la última semana 91 incidentes como inundaciones, desbordamiento de ríos, deslizamientos, daños en acueductos rurales y grandes pérdidas materiales todavía indeterminadas. No es casual que la zona más afectada por estos desastres sean los cantones con mayor cantidad de monocultivo de piña como es San Calor y Los Chiles.

El riguroso estudio del MOCUPP es una prueba fehaciente que las autoridades judiciales podrían usar para castigar los delitos por deforestación ejecutados por la industria piñera nacional. Sin embargo las dos pasadas administraciones incumplieron la ley y dejaron sin aplicar procesos penales contra todas las fincas que cometieron delitos ambientales por incumplimiento del Art. 57 de la Ley Forestal vigente que señala que: Las autoridades, regentes forestales y certificadores a quienes les competa hacer cumplir esta ley y su reglamento, serán juzgados como cómplices y sancionados con las mismas penas, según sea el delito, cuando se les compruebe que, a pesar de tener conocimiento de sus violaciones, por negligencia o por complacencia, no procuren el castigo de los culpables y permitan la infracción de esta ley y su reglamento”.

¿Qué pasó con esta lista adjunta de casos identificados de fincas y propietarios que deforestaron y debería haber establecidos legales? ¿Qué hizo el SINAC y MINAE con está lista y casos? ¿Por qué si fueran indígenas o campesinos ya estuvieran procesados por este delito y si es una empresa piñera ni siquiera establecieron procesos legales?

(*) Bloque Verde