Ciudad de Panamá, 1 sep (Prensa Latina) En demanda de mayor justicia social, líderes de organizaciones sindicales y populares de Panamá decidirán hoy acciones tras evaluar la postura del Gobierno en una mesa única de diálogo.
En el Paraninfo de la Universidad de Panamá, los dirigentes principales de los colectivos que integran la alianza Pueblo Unido por la Vida intercambiarán propuestas sobre nuevas medidas de presión.
A su juicio, en las conversaciones con el Ejecutivo, iniciadas en la central provincia de Coclé con la Iglesia católica como facilitadora y que continúan mañana, se ha evidenciado la falta de voluntad del aparato estatal por cumplir acuerdos en temas sensibles como regular el precio de medicamentos y 72 productos de la canasta básica familiar.
También las deliberaciones sobre el futuro de la Caja de Seguro Social y el nuevo escenario de análisis se ha visto frenado por obstáculos por parte de los funcionarios públicos.
Este mes de septiembre se espera comience el trabajo de comisiones de seguimiento a los temas, entre las que sobresale la de la lucha contra la corrupción.
La víspera, en el Ministerio Público, representantes de la alianza presentaron una denuncia contra los oligopolios que mantienen altos precios en medicinas y alimentos en el país, de manera impune, además de amenazar con su desabastecimiento.
Uno de los voceros de los colectivos, Saúl Méndez, señaló a Prensa Latina que evitar que una mayoría de los panameños tenga acceso a productos de la canasta básica con precios regulados o a medicamentos, combustible y tarifa eléctrica barata son delitos contemplados en la Constitución de la República.
Méndez precisó que en varias ocasiones, incluso durante la mesa de diálogo con el Gobierno, instaron Al Procurador designado, Javier Caraballo, a que instruyera investigaciones, pero sin reacción alguna.
Acaparamiento, adulteración, estafa y peculado, dijo, sobresalen entre los principales delitos que cometen lo que llamamos mafias farmacéuticas, pero también con los productos alimenticios y la tarifa eléctrica, remarcó.
De otra parte, varios gremios abogan por cambios estructurales en la Caja de Seguro Social(CSS), que encabeza Enrique Lau, incluida la remoción de toda su Junta Directiva ante la crisis de recursos que presentan programas como el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Las agrupaciones rechazan además medidas paramétricas como aumento de edad o de cuotas para la jubilación.
Actualmente, el diálogo nacional por la CSS está a la espera de un informe de la Organización Internacional de Trabajo, un receso que ya dura más de siete meses.
Según estadísticas oficiales, por los próximos 60 años en el istmo el pago anual promedio necesario para equilibrar el déficit actuarial del subsistema de IVM se aproxima a los 74 mil millones de dólares.
