jueves 8, diciembre 2022
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CIDH pide a México garantizar investigación independiente a 8 años de caso Ayotzinapa

Ciudad de México, 27 sep (Sputnik).- A ocho años de la desaparición forzada de 43 estudiantes la escuela rural de magisterio de Ayotzinapa y otras graves violaciones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó el lunes al Estado mexicano a garantizar una investigación independiente para conocer su paradero y obtener verdad y justicia para los familiares de las víctimas.

«Ante la falta de esclarecimiento de lo sucedido y para continuar los avances hasta ahora alcanzados, el Estado mexicano debe garantizar la independencia de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), órgano responsable de la investigación», dijo en un comunicado el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En el desplazamiento de esa instancia especial de investigación, la CIDH señala a funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR), ajenos a las indagatorias, que derivaron en la cancelación de órdenes de captura contra militares y autoridades del estado de Guerrero (sur), donde está la ciudad de Iguala, donde ocurrieron los hechos la noche del 26 de septiembre de 2014.

La CIDH «tuvo conocimiento sobre algunas solicitudes de desistimiento de una serie de órdenes de aprehensión en contra de agentes militares y autoridades ministeriales y administrativas del estado de Guerrero, por parte de agentes externos a la UEILCA», que es el órgano legalmente competente para ese tipo de medidas judiciales.

Avances y obstáculos en las pesquisas

El organismo interamericano señala que desde agosto de 2022 la UEILCA no contaría con personal policial de investigación, lo que «impide la recaudación de pruebas para la investigación y judicialización de nuevos cargos», así como el seguimiento de las causas penales abiertas.

Consideró que la institucionalidad creada para avanzar en el Caso Ayotzinapa requiere reorientarse en acciones y medidas enfocadas hacia la centralidad de las víctimas, y recuperar los canales de comunicación como es Unidad Especial de Investigación y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH.

La CIDH emitió hace ocho años la medida cautelar 409/2014, en la que solicitó al Estado mexicano «tomar medidas para la búsqueda» de los jóvenes secuestrados.

La Comisión valora que el Estado «ha venido desplegando esfuerzos sin precedentes para mantener la continua búsqueda de los estudiantes en diferentes localidades del estado de Guerrero».

Observa además avances con la vinculación al proceso judicial de presuntas personas responsables.

Las acusaciones involucran a «agentes del Estado municipales, estatales y federales, incluyendo a miembros de las Fuerzas Armadas y personas funcionarias de cargos políticos, fiscales y ministeriales».

Cinco autobuses con alumnos de la escuela normal de maestros de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala a balazos la noche del 27 de diciembre, por patrullas de policías municipales en Iguala, donde murieron seis personas, una treintena resultaron heridas y 43 estudiantes fueron detenidos y entregados por los agentes al grupo criminal Guerreros Unidos.

El presunto móvil de las agresiones fue que uno de los cinco autobuses «ocupados» por los estudiantes para viajar y asistir a la manifestación anual que conmemora la masacre de universitarios del 2 de octubre de 1968, en la Plaza Tlatelolco de la capital del país, estaría cargado con heroína lista para ser traficada hacia EEUU.

La CIDH señala que los familiares de las víctimas de desaparición forzada han señalado sus inconformidades con la divulgación de información y documentación que podría constituir «evidencia relevante para la investigación», sin que antes hubiera tenido acceso el GIEI.

«A ocho años de este atroz suceso, la CIDH reafirma su compromiso y solidaridad con las víctimas y sus familiares en su lucha por la verdad y la justicia, a quienes seguirá acompañando», puntualiza el comunicado.

Alejandro Encinas, subsecretario federal de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de la Verdad, dijo al presentar el más reciente informe, el 19 de agosto pasado, que «fue un crimen de Estado» y que «no hay indicios para afirmar que los estudiantes estén vivos». (Sputnik)

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