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Hace algunas semanas salió a la luz pública el Presidente Chaves, refiriéndose a las pensiones de los regímenes especiales, entre los que se encuentra el Transitorio de Reparto Magisterial (RTR), como un “cáncer que carcome las finanzas públicas”, prometiendo acciones a nivel nacional e internacional para eliminar las “pensiones de lujo”.
El señor Chaves ha recibido aplauso de ciudadanos totalmente desinformados y manipulados por políticos, medios y redes sociales; en algunas de estas redes, bajo la guisa de “pensiones justas y solidarias”, y el llamativo mote de “ticos con corona”, se esgrimen datos incompletos y fuera de contexto, gráficos indescifrables y apelativos insultantes en contra de los pensionados, a quienes se califica de “parásitos organizados” y “sanguijuelas”. Parecieran creer los autores que la desinformación y los insultos, por el solo hecho de proferirse, adquieren valor de argumentos serios.
Pero llama más la atención que el mismo Presidente Chaves se ha referido a “ciudadanos con corona”, aludiendo a la prensa, y a “ticos con corona”, respecto de los pensionados de los regímenes especiales. ¿Tendremos acaso vasos comunicantes entre dichas redes sociales, promotoras de odio e inquina, y el señor Chaves?
La “pensión de lujo” de acuerdo al Presidente Chaves
Ha dicho el señor Chaves que una pensión de lujo “es cuando (sic) se le paga a una persona una pensión que es mucho más grande de lo que cotizó para recibir”. Si el Presidente quiere decir que el monto de la pensión debe corresponder a lo cotizado individualmente, se equivoca de plano. Nuestra Constitución es clara en cuanto que los seguros sociales son solidarios, tripartitos, de participación forzosa de trabajador, Estado y patrono, no de cuentas individuales. En nuestros regímenes solidarios, el parámetro para el cálculo de la pensión es un ponderado SALARIAL sujeto a fórmula propia de cada régimen, NO la sumatoria de las cotizaciones individuales aportadas y capitalizadas a lo largo de la vida laboral.
Se sigue también por precepto constitucional la conformación de fondos y reservas capitalizables. Un ejemplo lo tenemos en el Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio, que luego de 29 años, acumula reservas que sobrepasan los 4 BILLONES de colones, prueba de la bondad de este tipo de regímenes, bondad malograda en el caso del Transitorio de Reparto del Magisterio (RTR) por un megadesfalco del Estado Costarricense y la partición del Régimen magisterial original.
¿No pueden o no quieren entender?
El desconocimiento, o fanatismo ciego, o propósito malintencionado de quienes sostienen que las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) son “saqueos legalizados” y causa del déficit fiscal, son evidentes por cuanto, en numerosos artículos y estudios, la Asociación Jubilados en Acción (del RTR) ha demostrado lo contrario, de manera contundente y sin que se le haya rebatido.
Algunas de las observaciones y conclusiones de esos estudios:
1) Las pensiones del RTR se cargan al Presupuesto porque el Estado costarricense desvió las cotizaciones magisteriales desde 1958 a gasto ordinario, y además, no contribuyó con las que le correspondían según mandato legal, por lo cual no se conformó el fondo previsional que hubiera pagado esas pensiones. A eso le llamamos megadesfalco. Es cierto que la erogación anual para el pago de las pensiones de los regímenes especiales ronda actualmente 1 billón de colones, pero eso es consecuencia de la irresponsabilidad estatal. Al respecto, insiste reiterada (y erróneamente) el Presidente Chaves en que esa cantidad corresponde a las “pensiones de lujo”, cuando en realidad se gasta en el TOTAL en las pensiones de los regímenes especiales, no solo las que él llama “de lujo”. Infórmese con seriedad, estudie, Señor Chaves. No confunda a la opinión pública con datos falsos.
2) Las cotizaciones magisteriales han sido hasta 6 veces más elevadas que las del IVM. Sin embargo, el Presidente da a entender en que el tope máximo de pensión debería ser el mismo del IVM. ¿Pretende acaso que a mayor cotización corresponda una pensión igual a la de quien cotizó menos? ¿A qué principio de teoría económica o a cuál jurisprudencia debemos tal propuesta, señor Chaves?
3) El entonces Superintendente de Pensiones, Dr. Alvaro Ramos, en entrevista concedida en 2018, fue tajante: “LO MÁS CARO NO SON LAS PENSIONES MÁS ALTAS”. La masa de pensiones menores a 4 millones brutos, cargadas al presupuesto debido a la irresponsabilidad estatal, son las que dan cuenta de la mayor parte del gasto. El RTR magisterial comprende más de 45 000 pensionados, lo que da una idea de la magnitud del problema.
4) Un estudio del periódico La Nación, publicado en 2018, concluyó que si se aplicara un tope de 2.7 millones a TODAS las pensiones de los regímenes especiales, el ahorro sería de solamente 0.6% del total gastado en el pago de las mismas. Este dato, en conjunto con la opinión del ex Superintendente, contradice de lleno la falacia, sostenida durante décadas por medios, políticos e intereses particulares, de que las “pensiones de lujo” son causa del déficit fiscal.
5) Derrocha mala fe la mención reiterada, en medios y redes sociales, de los montos BRUTOS de pensión como si se tratara los netos recibidos. En el RTR, desde 1997, las deducciones totales aplicadas al bruto o nominal de pensión alcanzaron hasta el 70%, y se rebajaron recientemente al 55% al aprobarse leyes al respecto. De acuerdo a planilla de JUPEMA, en 2019 una pensión bruta de 14 millones percibía un neto de 4.3 millones (Cuadro anexo 3 a oficio JUPEMA JD-PRE-0052-12-2019). La conclusión es lapidaria. Las pensiones más elevadas ya fueron gravadas al tope permitido por ley (55%) o al establecido recientemente por Sala IV (50%).
6) Lo anterior basta para poner en tela de duda los motivos de quienes promueven la “guerra contra las pensiones de lujo”. Además, la ley 9383 de 2016 estableció una contribución especial solidaria para las pensiones del resto de los regímenes especiales diferentes del Transitorio de Reparto, IVM-CCSS y Poder Judicial, de manera que esas otras también quedaron fuertemente gravadas. A pesar de esos gravámenes, continúan las proclamas (incluidas las del Presidente) contra las “pensiones de lujo”, como si nunca se las hubiera gravado. Viene a la mente el aforismo “¿Por qué tanto brinco, señores, estando el suelo tan parejo?”
¿A quién beneficia la campaña de odio en contra de los jubilados?
No hay justificación técnica o jurídica para el escándalo mediático y político tejido alrededor de las pensiones del RTR. En lugar de reconocer que la presión de las pensiones del RTR sobre el Presupuesto es consecuencia del ilícito perpetrado por el Estado, y proponer las reparaciones del caso, los políticos, y este Presidente en particular, prefirieron rasgarse las vestiduras y cubrir de invectivas a los jubilados. Canalizan entonces la furia popular, resultado de las desigualdades y el detrimento en la calidad de vida, hacia el “pararrayos” de los “pensionados de lujo”. Así distraen al pueblo de las verdaderas causas de la precaria situación económica y social, que deben buscarse, por un lado, en el patético desempeño del modelo neoliberal que se implantó en el país desde hace más de treinta años, que ha colocado a nuestro país entre los más desiguales del mundo, y por otro, en las escandalosas evasiones, elusiones e incentivos fiscales que ninguna administración ha combatido, a pesar de que se admite que el cobro correcto de los impuestos existentes haría desaparecer el déficit fiscal en pocos años.
Mientras tanto, se incuban en la Superintendencia de Pensiones y en la Academia de Centroamérica proyectos de rediseño de los regímenes de pensiones, enfilados a la desaparición del carácter solidario de los mismos, y a eliminar las contribuciones patronales de la ecuación. Como ha quedado harto demostrado, y así lo manifiesta la OIT (1), estas tendencias resultaron en acumulación de impactos sociales y económicos negativos para los países que escogieron esa ruta. Se mencionan, entre otros, tasas de cobertura estancadas o disminuidas, niveles de beneficios deteriorados, aumento en desigualdad de género e ingresos, altos costos administrativos y de transición, y mayores beneficios para el sector privado.
Debería Ud. tomar nota, Señor Chaves.
(*) Dr. Jorge D. García, Ph.D.
(1) La reversión de la privatización de las pensiones: aspectos clave. OIT, Nota informativa sobre la Protección Social para Todos. Diciembre 2018, págs. 1-3.
Si las masas de pensionados tuviésemos un defensor como García, el cual defiende sus particulares y abultados intereses, donde a toda costa quieren seguir mamando a lo bestia, a pesar de las decenas de millones que han recibido cuando fueron pensionados y pretender seguir (salario) su millonaria pensión, otro gallo nos cantaría. Desde mi círculo y óptica es una burda estafa, cuando las mayorías recibimos una bicoca. Por otro lado, Chaves, servil empleado de la banca internacional, pretende desviar los fondos y reservas de esos regímenes, como lo permitieron la añeja mafia política tradicional con el IVM de CCSS, INS, BPDC, etc., hacia el torrente mundial, donde esos fondos se evaporaron y claro, ni remotamente vimos la reacción de este doctor y menos del gremio profesional, con única excepción. Don Jorge, la fresca visita del FMI al legislativo para presionar a los pobres y “humildes” diputados, lleva consigo, no solo estos temas, sino también la yugular de nuestra Costa Rica. Bien hizo Carazo Odio en poner al FMI de patitas en la calle, donde fue vilipendiado por la prensa canalla, que hoy vuelven a montar, con Cisneros y los usuales filibusteros políticos. Encamine su esfuerzo a estos medulares temas, no hacia esos viles billetes, sinceramente. Acuérdese, que la devaluación del colón está en las manos de esas garroteras mundiales. Saque usted, conclusiones. Los políticos quieren ser mercenarios bien pagados, como cantaba la Mariía, “para salir de pobre”.
Por favor don Juan: si se ha de debatir, que sea con argumentos serios y fundamentados, no con insinuaciones de «abultados intereses», o frases groseras como «mamar a lo bestia», nada de lo cual le consta a Ud. La «serruchada de piso» no es de recibo cuando se discute con seriedad.
Amigo García, ni remotamente estaré a la altura de debatir o discutir con usted, por cuanto soy un ciudadano, digamos de a pie, el cual durante varias décadas he exteriorizado cientos, miles de temas, con mi limitado léxico. Esto me ha valido una calculada censura en los medios escritos en Costa Rica (Extra, Prensa Libre, Nación, Universidad, etc.) y solo un par de publicaciones que se han dado en el exterior. Así ha funcionado Costa Rica, donde la libertad expresión se la pasan por donde quieran, como lo ha hecho crhoy con Baruch & Co., hace un par de semanas. Si mis frases resultan para ud., groseras, es señal de faltarle no leer, entender al pueblo. Gracias Salazar y el país.cr por dar espacio a mis letras. Sin embargo Doctor, puedo desmenuzar el tema, según lo pida. ¿OK?
Los datos hablan más que cien mentiras en el universo totalitario en que nos movemos. Gracias Jorge por poner las cosas en su dimensión real a pesar de las estridencias y bravuconadas presidenciales de este y el anterior presidente, diz que progre. Además, el saqueo de los restantes fondos de pensiones, empezando por el IVM de la Caja y el ROP ya constituyen una tragedia nacional.
La pensión debería ser una responsabilidad personal, debemos quitarnos ese pensamiento de «papá Estado se tiene que hacer responsable de mí», eso no funciona, todo ese dinero que me han robado, si, robado, porque ya se que no voy a tener pensión; yo lo habría invertido mejor.
Don Sergio: la responsabilidad personal por la pensión que Ud. defiende toma la forma de sistemas privados o semi privados de cotización individual. Y esos sistemas son los que señala la OIT, que cito en mi texto, como fracasados en la mayor parte de los países que decidieron canalizar su sistema de pensiones de esa manera. Si Ud. tiene esa idea, le ruego leer con atención el documento de la OIT.
En ningún momento el magisterio pretendió depender de «papá Estado». Las cotizaciones, por precepto constitucional, son forzosas y tripartitas, y la legislación obligaba a establecer fondos previsionales para el pago de las pensiones. Que el Estado violara la ley no es responsabilidad del Magisterio, y tiene que pagar las pensiones como consecuencia de su irresponsabilidad. La «guerra contra las pensiones de lujo» no es más que un subterfugio para esquivar las consecuencias del ilícito.